En una decisión que pone fin a año y medio de investigación, la Corte Suprema de Justicia dispuso archivar el proceso penal contra todos los integrantes de la lista cerrada al Senado por el Pacto Histórico, quienes enfrentaban señalamientos sobre supuestas irregularidades en la financiación de su campaña electoral.
De acuerdo con la sala especial de instrucción de la Sala Penal, luego de un análisis “copioso y exhaustivo” de las pruebas, no se hallaron elementos que permitieran vincular penalmente a los congresistas implicados en las denuncias.
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Siguiendo lo establecido en el artículo 327 de la Ley 600 de 2000, la Corte precisó que tras revisar la evidencia disponible “no existe mérito para iniciar instrucción penal”, destacando además que el expediente permanecerá archivado, porque no se acreditó la existencia de financiación con fuentes prohibidas ni la comisión de delitos por parte de los parlamentarios investigados.
La noticia fue compartida rápidamente por la senadora Isabel Cristina Zuleta, cuya reacción no se hizo esperar.
La senadora aseguró que toda la bancada actuó con rectitud en su campaña, especialmente, después de que fueran vinculados con presuntos aportes de la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi)
“Este fallo ratifica que actuamos con transparencia y dentro de la legalidad. Quedó demostrado que las acusaciones en nuestra contra fueron una estratagema jurídica de la derecha para bloquear nuestro trabajo y atacarnos mediáticamente. Pese a esa persecución, seguiremos firmes, defendiendo los cambios que necesita Colombia”, señaló la senadora del Pacto Histórico.
Al ordenar el cierre definitivo del caso, la Corte Suprema reafirmó la legitimidad de la labor representativa de los miembros del Pacto Histórico en el Senado y sostuvo que los congresistas podrán continuar su agenda parlamentaria.
Por qué investigaban a los senadores del Pacto Histórico
En medio de la investigación sobre la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, las autoridades buscaban pistas sobre los fondos provenientes de Daily Cop que, presuntamente, se destinaron a la adquisición de bienes de alto valor, como vehículos y aeronaves, utilizados durante los desplazamientos de la campaña a lo largo del país.
Este hallazgo formó parte de los seis elementos clave que los testigos ofrecieron a la Fiscalía en el marco de un acuerdo de colaboración, cuyo trámite permanece estancado en la entidad acusadora.
En ese sentido, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia extendió su indagación a la totalidad de los congresistas del Pacto Histórico, el partido del actual presidente Gustavo Petro.
El proceso buscaba esclarecer si existieron irregularidades en la financiación de las campañas de los veinte legisladores el partido que integran el Congreso de la República, así como posibles vínculos con la empresa Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi).
Según información obtenida en su momento por la revista Semana de fuentes cercanas al alto tribunal, el eje de la investigación se centraba en el análisis de los informes de ingresos y egresos de campaña que cada congresista presentó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).
La indagación de la Corte Suprema no se limitaba a las campañas legislativas, sino que también abarca la campaña presidencial de Petro. El objetivo era determinar si existió alguna relación entre los fondos gestionados por Sadi y los senadores del Pacto Histórico. En este contexto, la totalidad de los veinte senadores vinculados al partido oficialista se encontraban bajo escrutinio, mientras la Sala de Instrucción examinaba cualquier posible irregularidad en la financiación de sus campañas individuales.
En relación con el caso de SADI, la revista Semana informó que los implicados en el escándalo propusieron un acuerdo de colaboración con la Fiscalía. El documento, que permanecía sin trámite en una oficina de la entidad, recogía la disposición de los firmantes a declarar, aportar pruebas y asistir al proceso judicial.
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