El Ministerio de Trabajo confirmó la clausura de cuatro establecimientos nocturnos en Bogotá que funcionaban bajo la figura de sindicatos para evadir los controles de la normativa vigente.
Así lo reveló el ministro Antonio Sanguino en entrevista con W Radio, en la que explicó que los operativos se realizaron en coordinación con las autoridades distritales tras evidenciar que varias discotecas estaban utilizando sedes sindicales como fachada para operar sin restricción de horarios.
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“Ya hemos hecho cuatro operativos de cierre de inspección y de cierres de estos establecimientos que, lo decimos claramente ante la opinión pública: no son sindicatos. Son amanecederos donde ocurren cualquier tipo de ilegalidad amparados en la figura del sindicato. Esa es una práctica que socava la legitimidad de las organizaciones sindicales”, señaló el jefe de la cartera laboral.
Sanguino explicó además que ya sostuvo un encuentro con el alcalde mayor de la ciudad, Carlos Fernando Galán, con el fin de coordinar esfuerzos con la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Gobierno.
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“Estamos listos para que esos operativos los hagamos conjuntamente con las autoridades distritales. No podemos permitir que se utilice la libertad sindical como un escudo para la rumba ilegal”, concluyó.
El caso Radio Estrella: el detonante de la polémica
El pronunciamiento del ministro se produjo después del escándalo generado por una fiesta electrónica en la discoteca Radio Estrella, en la madrugada del domingo 7 de septiembre.
El evento se extendió desde las 3:00 hasta las 8:00 de la mañana, sobrepasando el límite legal de funcionamiento en Bogotá.
La situación tomó mayor relevancia política porque a la fiesta asistieron el concejal de Alianza Verde, Julián Triana; el edil de Chapinero, Félix Millán; y el personero delegado para los derechos humanos de Bogotá, Diego Valero Mateus.
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Su presencia derivó en solicitudes de investigación ante la Contraloría y la Fiscalía, con el fin de establecer si cometieron alguna falta disciplinaria o, incluso, un delito al participar en un evento fuera del horario permitido.
Una discoteca convertida en “sede sindical”
La controversia se originó semanas antes del evento, el 21 de agosto, cuando la alcaldía local de Chapinero y la Estación de Policía recibieron una solicitud del sindicato Unión Nacional de Promotores de Eventos y Trabajadores de la Noche (Unpronoc).
En ella se pedía que Radio Estrella fuera reconocida como sede de domicilios de trabajo bajo la figura de sindicato.
El trámite fue liderado por Osnaider Palacios Palacios, abogado chocoano y contratista de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), quien desde marzo de 2023 ha firmado contratos por más de $134 millones.
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En la documentación entregada, el sindicato registró la sede con el nombre La Cien Club, coincidente con la marca matriz de Radio Estrella, y aseguró que su apertura oficial se realizó el mismo 21 de agosto.
El expediente señalaba que la misión de la organización era “la búsqueda del mejoramiento de las condiciones económicas, sociales y de trabajo de los promotores de eventos y de los trabajadores de la noche en aquellas actividades lícitas, legales y debidamente permitidas por la Corte Constitucional”.
No obstante, las autoridades consideran que se trató de una fachada para operar como discoteca hasta la madrugada, sin el control de la Policía ni de la Alcaldía.
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La polémica también alcanzó a la Personería Distrital. El personero de Bogotá, Andrés Castro Franco, confirmó que se abrió un proceso interno para revisar la conducta de Diego Valero Mateus, delegado para los derechos humanos, por haber asistido a la fiesta en Radio Estrella.
“Se va a investigar y a hacer un análisis para revisar si, por la dignidad que él representa, su asistencia a ese evento tiene alguna conducta disciplinaria”, explicó Castro Franco en diálogo con El Tiempo.
Consultado sobre el hecho, Valero Mateus reconoció su presencia, aunque aseguró que lo hizo como ciudadano: “Sí, asistí con mi novia al espacio convocado por los promotores del concierto de Funk Tribu. Estaba publicado en sus redes sociales. No tengo la competencia ni soy la autoridad que define la legalidad de un espacio cuya naturaleza desconozco y que está organizado por unos privados”.
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