Militares y policías podrían votar en las elecciones: así va el debate del proyecto que se tramita en el Congreso

El debate gira en torno a cómo garantizar la neutralidad institucional y el secreto del sufragio en un posible cambio histórico para la democracia colombiana

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El proyecto de reforma constitucional busca habilitar la participación electoral de uniformados en servicio activo, garantizando imparcialidad y secreto, con miras a implementarse en las elecciones generales de 2026 si supera el trámite legislativo - crédito Mauricio Dueñas Castañeda / EFE
El proyecto de reforma constitucional busca habilitar la participación electoral de uniformados en servicio activo, garantizando imparcialidad y secreto, con miras a implementarse en las elecciones generales de 2026 si supera el trámite legislativo - crédito Mauricio Dueñas Castañeda / EFE

Un proyecto de reforma constitucional que busca permitir el voto de los miembros de la fuerza pública en Colombia será presentado este martes 23 de septiembre en el Congreso de la República.

La iniciativa, impulsada por el senador Germán Blanco y los representantes Juan Manuel Cortés, Erika Tatiana Sánchez, José Jaime Uscátegui, Juan Daniel Peñuela y Juan Carlos Wills, propone modificar el artículo 219 de la Constitución para que los uniformados en servicio activo puedan ejercer el derecho al sufragio en elecciones populares, manteniendo la prohibición de hacer activismo político o pertenecer a partidos.

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Según información de Semana, este cambio representaría una transformación en la tradición democrática del país.

El articulado, compuesto por tres artículos, establece que los miembros de la Fuerza Pública podrán votar siempre que se garantice la neutralidad institucional, el secreto del voto y la prohibición de vinculación a partidos o movimientos políticos mientras permanezcan en servicio activo.

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La propuesta será radicada en la Secretaría de la Cámara de Representantes y, en principio, debatida por la Comisión Primera.

El articulado presentado en el Congreso permitiría a militares y policías ejercer derechos políticos, siempre que se preserve la neutralidad institucional y se reglamenten condiciones antes de la próxima renovación presidencial y legislativa - crédito Ejército Nacional
El articulado presentado en el Congreso permitiría a militares y policías ejercer derechos políticos, siempre que se preserve la neutralidad institucional y se reglamenten condiciones antes de la próxima renovación presidencial y legislativa - crédito Ejército Nacional

Además, el texto señala que el Gobierno nacional y la Registraduría Nacional del Estado Civil tendrán un plazo máximo de un año para reglamentar las condiciones en las que los uniformados ejercerán este derecho, lo que deja abierta la posibilidad de que la medida entre en vigor para las elecciones de 2026, cuando se renovará el Congreso y se elegirá la Presidencia.

El proceso legislativo para que la reforma se convierta en ley es exigente. Al tratarse de un acto legislativo, el proyecto debe superar ocho debates en dos rondas dentro del Congreso, trámite que debe completarse antes de que finalice la cuarta legislatura, actualmente en curso.

Solo si se cumplen estos plazos, la Fuerza Pública podría participar en las próximas elecciones generales. Semana destaca que la reglamentación pendiente por parte del Gobierno y la Registraduría será clave para definir los detalles operativos de la participación electoral de los uniformados.

Entre los promotores de la iniciativa, el representante Juan Manuel Cortés subrayó la importancia de reconocer los derechos políticos de los uniformados: “Los uniformados también son seres humanos que tienen derecho a elegir. En otros países ya votan, ¿por qué no podemos hacerlo acá en Colombia? Con este proyecto los miembros de la Fuerza Pública podrán votar, mas no pertenecer a partidos políticos. Se debe garantizar la neutralidad institucional, el voto será secreto y ellos no podrán hacer activismo político”, explicó Cortés en declaraciones recogidas por Semana.

La propuesta de habilitar el sufragio para uniformados en servicio activo reabre discusiones sobre el equilibrio entre derechos ciudadanos y la preservación de la imparcialidad en las instituciones del Estado - crédito Carlos Julio Martinez/Reuters
La propuesta de habilitar el sufragio para uniformados en servicio activo reabre discusiones sobre el equilibrio entre derechos ciudadanos y la preservación de la imparcialidad en las instituciones del Estado - crédito Carlos Julio Martinez/Reuters

La propuesta cuenta con el respaldo de congresistas del Centro Democrático, la Liga de Gobernantes Anticorrupción y el Partido Conservador.

En países como Argentina, Brasil, Estados Unidos y México, los uniformados pueden votar bajo condiciones similares: el sufragio es secreto y se mantiene la prohibición de realizar activismo político, en reconocimiento a la función institucional que desempeñan como representantes del Estado.

Las opiniones sobre la reforma han sido diversas. El general (r) Óscar Naranjo, en entrevista con Semana, defendió el derecho al voto de los uniformados, argumentando que la Fuerza Pública constituye una institución al servicio de la democracia y, como tal, sus integrantes deben poder participar en la elección de sus gobernantes.

Por su parte, un congresista de la Liga de Gobernantes Anticorrupción enfatizó que la Fuerza Pública no responde a ideologías políticas, sino que su misión es la defensa de la democracia.

La propuesta de habilitar el sufragio para uniformados en servicio activo reabre discusiones sobre el equilibrio entre derechos ciudadanos y la preservación de la imparcialidad en las instituciones del Estado - crédito Ejército Nacional
La propuesta de habilitar el sufragio para uniformados en servicio activo reabre discusiones sobre el equilibrio entre derechos ciudadanos y la preservación de la imparcialidad en las instituciones del Estado - crédito Ejército Nacional

El debate sobre el voto de los uniformados en Colombia gira en torno a la necesidad de equilibrar la neutralidad institucional con el reconocimiento de sus derechos ciudadanos, bajo la premisa de que quienes protegen la democracia también deben tener la posibilidad de participar en ella.

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