La interpol expidió circular roja para la captura de Carlos Ramón González por el caso Ungrd

La oficina central de Interpol, ubicada en Lyon, Francia, emitió una alerta internacional para localizar y detener a Carlos Ramón González, exjefe del Departamento Administrativo de la Presidencia, vinculado con el caso de corrupción de la Ungrd.

A sus 66 años, Carlos Ramón González, integrante de la Alianza Verde, fue señalado por delitos relacionados con corrupción, apropiación indebida de recursos y blanqueo de capitales.

Olmedo López, quien dirigió la Ungrd, aseguró que en septiembre de 2023 González instruyó el pago de sobornos de cuatro mil millones de pesos a los antiguos presidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, con el propósito de facilitar la aprobación de los proyectos legislativos impulsados por el gobierno de Gustavo Petro.

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A raíz de esta resolución, las fuerzas policiales de 196 naciones cuentan con autorización para localizar y arrestar a este exservidor público, sobre quien pesa una orden de reclusión preventiva en establecimiento penitenciario dictada por el Tribunal Superior de Bogotá, en el marco de la investigación por el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Si bien los trámites para solicitar el apoyo internacional se iniciaron en julio, la circular de Interpol fue avalada recientemente. Tras abandonar el territorio colombiano, Carlos Ramón González habría llegado a Nicaragua, donde obtuvo asilo político y el gobierno local rechazó la petición de extradición en su contra.

En agosto, la Fiscalía señaló que la falta de respuesta por parte de Interpol dificultaba la aplicación de la orden judicial. No obstante, una vez emitida la notificación roja, se agilizan los procedimientos para lograr que Carlos Ramón González sea presentado ante las autoridades judiciales en Colombia.

De hecho, en ese sentido el 15 de agosto, después de conocerse la controvertida concesión de residencia, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego publicó en la red social X lo siguiente: “La justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González y se solicitará al gobierno nicaragüense que sea entregado a ella, si es residente en ese país”.

De acuerdo con las investigaciones, Carlos Ramón González habría ordenado a Olmedo López distribuir 3.000 millones de pesos en efectivo a Iván Name y 1.000 millones a Andrés Calle, fondos provenientes de contratos gestionados por la UNGRD. Las citas para planificar el pago de estos sobornos se habrían llevado a cabo en la sede presidencial entre septiembre y octubre de 2023.

Tras realizar diversas indagaciones y entrevistas, la fiscal María Cristina Patiño presentó cargos el 21 de mayo ante el Tribunal Superior de Bogotá contra Carlos Ramón González por tres delitos, a los que él se declaró inocente. Posteriormente, la fiscalía pidió su detención en un centro penitenciario, solicitud que fue aprobada por el magistrado Leonel Rogeles. A partir de ese momento, se solicitó la colaboración de Interpol para dar con el paradero de González.

Sin embargo, la disposición judicial no pudo concretarse, ya que Carlos Ramón González abandonó Colombia el año pasado rumbo a Nicaragua. Allí obtuvo residencia, un hecho que causó controversia interna, puesto que su trámite fue gestionado desde diciembre con apoyo de la Embajada colombiana en Managua.

El pasado 4 de julio, la Fiscalía General de la Nación pidió esta medida judicial. Voceros del ente acusador indicaron que la alerta internacional ya fue confirmada, lo que facilitará la colaboración con cuerpos policiales de otros países para dar con el paradero del imputado.

González fue miembro junto a Gustavo Petro del grupo insurgente M-19. El exfuncionario abandonó Colombia el 2 de noviembre de 2024, evadiendo así las acciones de la justicia.

La Fiscalía continúa recolectando pruebas y realizando diligencias antes de presentar formalmente el escrito de acusación contra Carlos Ramón González, con la intención de obtener una sanción significativa. Hasta ahora, más de seis individuos han sido judicializados e incluso sentenciados por su participación en este caso de corrupción.