Armando Benedetti se fue contra el magistrado Jorge Enrique Ibáñez por nuevas pruebas sobre la Reforma Pensional: “Por capricho”

El ministro del Interior, Armando Benedetti, volvió a pronunciarse sobre el proceso de revisión de la Reforma Pensional por parte de la Corte Constitucional. A través de su cuenta de X, el funcionario expresó su desacuerdo con las decisiones adoptadas por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la corporación, en relación con los requerimientos hechos al Congreso sobre el trámite de esta ley.

En su mensaje, Benedetti hizo referencia a la más reciente solicitud del alto tribunal para corregir aspectos del procedimiento legislativo de la reforma.

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“Tercera subsanación que se le hace a la Reforma Pensional por los caprichos del magistrado Ibáñez. Ojo! Esto nunca había pasado! Por favor, independencia y respeto de poderes”, escribió el ministro en la red social, dejando en evidencia su inconformidad con el curso que ha tomado la revisión constitucional.

Esta no es la primera vez que el jefe de la cartera política critica al magistrado Ibáñez. El 10 de septiembre, en declaraciones a medios de comunicación, aseguró que la dilación en la discusión obedece exclusivamente a decisiones del togado y no a una posición general de la Corte Constitucional.

“Somos respetuosos de la Corte, pero alzamos la voz con dolor y resentimiento, porque vemos que una sola persona acaba y destruye el beneficio para millones de viejos y viejas en el país, con el único propósito de querer destruir, no ganar nada ni que se quiera beneficiar de nada. Solo por destruir”, manifestó en esa oportunidad.

Benedetti señaló que las exigencias de Ibáñez han ido más allá de lo acostumbrado en procesos de control constitucional, indicando que se han realizado requerimientos que no tienen precedentes en el país. “Pidió una subsanación, que nunca había pasado en el país; luego pidió que se votaran las actas; ahora pide cómo fue la votación. ¿Qué es la pedidera de cuentas? Su labor es controlar que se haya cumplido la Constitución, pero él no la está cumpliendo”, expresó.

En respuesta a estas solicitudes, el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, del Partido de la U, confirmó el viernes 19 de septiembre que remitió a la Corte las actas de las sesiones en las que se corrigieron los vicios de trámite señalados previamente.

“Un paso más hacia la justicia social. Entregamos la respuesta sobre las actas de la Reforma Pensional a la Corte Constitucional. No es un simple documento: es la esperanza del pueblo, la voz de quienes piden justicia social. Que la Ley 2381 de 2024 sea el inicio de una Colombia más justa e igualitaria”, afirmó López a través de su cuenta de X.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro también se ha referido al tema. El 16 de septiembre publicó en su cuenta de X un mensaje en el que cuestionó la interpretación jurídica que, según él, está aplicando el magistrado Ibáñez en este proceso.

“Aquí el problema no es que la cámara no haya aprobado la ley pensional, sino que el acta donde se anunció la sesión de aprobación no tiene sino quórum deliberatorio. El magistrado Ibáñez quiere volver doctrina política algo que acabaría no solo la ley pensional sino media legislación”, señaló el mandatario.

Petro explicó que, a su juicio, no existe una norma que exija la aprobación de los anuncios de las sesiones posteriores, pues basta con que la sesión sea válida, sin importar si cuenta con cuórum deliberatorio o decisorio. “Se anuncia y punto. El anuncio no requiere aprobación. Puede pedir un parlamentario que se cambie el orden del día y eso sí requiere aprobación, así que vamos a una trampa. Se caerían todas las leyes que no han tenido anuncios con quórum y no se han aprobado, es decir, la mayoría”, agregó.

Por su parte, sectores de la oposición han reiterado que la Corte Constitucional debe declarar la Reforma Pensional inconstitucional. Sostienen que existen por lo menos dos vicios adicionales en el trámite de las sesiones extraordinarias de junio, lideradas por el entonces presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, del Partido Verde.

Los opositores aseguran que en la sesión del 27 de junio se aprobó el orden del día sin cuórum decisorio. Además, critican que la convocatoria de estas sesiones se realizó mediante un comunicado de prensa, en lugar de un fallo o auto expedido por la Corte Constitucional, lo que, según ellos, constituye una irregularidad en el proceso legislativo.