La cifra de niños y adolescentes atrapados por grupos armados sigue creciendo en Colombia, y los datos más recientes lo confirman con crudeza. La Defensoría del Pueblo presentó el miércoles 17 de septiembre un informe que revela cómo, entre enero y agosto de 2025, ya se documentaron 88 casos de reclutamiento forzado, un fenómeno que persiste pese a los esfuerzos de prevención y a los llamados de organismos nacionales e internacionales.
El reporte no se limita al panorama de este año. También recogió lo ocurrido en los últimos doce meses, cuando se conocieron más de 600 hechos en los que menores de edad fueron vinculados a organizaciones ilegales. Las cifras muestran la magnitud del problema, el 61,6% de las víctimas fueron niños y adolescentes hombres, mientras que el 38,4% correspondió a niñas y adolescentes mujeres.
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La pertenencia étnica de los afectados evidencia una vulnerabilidad especial en comunidades históricamente golpeadas por la violencia y el abandono estatal. El informe advirtió que los pueblos originarios continúan siendo blanco frecuente de los grupos armados, pues en muchos de sus territorios persiste una débil presencia institucional y escasas oportunidades para los jóvenes.
Según el documento, el 46,5% de los menores reclutados pertenecen a pueblos indígenas, lo que reflejó cómo la presión de actores ilegales atraviesa la vida comunitaria y pone en riesgo tradiciones, liderazgos y procesos organizativos. Otros 34,3% de los casos no contaban con una adscripción étnica definida, mientras que un 12,9% carecía de información clara en los registros, una cifra que, según la Defensoría, reveló deficiencias en la caracterización de las víctimas y la necesidad de mejorar los mecanismos de reporte. El 6,3% restante corresponde a niños y adolescentes afrocolombianos, para quienes la combinación de pobreza, racismo estructural y violencia territorial amplifica los riesgos de reclutamiento y explotación.
El panorama geográfico que traza el informe confirma la gravedad del problema en zonas rurales y periféricas, donde el control social de los grupos armados todavía pesa sobre la vida cotidiana. Cauca apareció como el epicentro de esta práctica con 374 casos documentados en el último año, un número que, para la entidad, evidencia la urgencia de reforzar la protección en ese departamento, particularmente en resguardos indígenas y consejos comunitarios.
A continuación se ubican Norte de Santander, con 44 reportes, Valle del Cauca con 24, Huila con 23, Putumayo con 21 y Chocó con 11, todos ellos corredores estratégicos para economías ilegales y escenarios de disputa armada. Antioquia, que figura en la lista con 29 episodios, muestra además un repunte en 2025, en lo corrido del año ya suma ocho denuncias, lo que enciende las alarmas sobre la expansión del reclutamiento hacia subregiones como el Bajo Cauca y el norte del departamento.
El estudio también desglosó quiénes están detrás de estas violaciones a los derechos de la infancia. El Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc encabeza el registro con más de 250 casos atribuidos en los últimos doce meses, y 39 solo en los primeros ocho meses de 2025, lo que lo convierte en el actor con mayor incidencia. El ELN aparece en segundo lugar, con 28 hechos en el periodo anterior y 11 en el presente, mostrando que, pese a los diálogos abiertos con el Gobierno, persisten prácticas contrarias al Derecho Internacional Humanitario.
A ellos se suman el Clan del Golfo, responsable de 21 reclutamientos, y la Segunda Marquetalia, con 18, ambos vinculados a la disputa por rutas del narcotráfico y la minería ilegal. Finalmente, bandas del crimen organizado completan el cuadro con al menos seis episodios confirmados por las autoridades.
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