La sentencia dictada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre los asesinatos y desapariciones forzadas cometidos por integrantes del Estado colombiano en la costa Caribe, dentro del subcaso del Batallón de Artillería número dos La Popa, ha sido presentada como un hito en el proceso de justicia transicional y restaurativa en el país.
“Estos hechos afectaron de manera particular y desproporcionada a los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, quienes se convirtieron en el objetivo recurrente de la estigmatización y el señalamiento”, manifestó el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, en el acto público.
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Según explicó Alejandro Ramelli, las “pruebas irrefutables, toneladas de folios, de declaraciones, de testimonios, de pruebas que sustentan esta investigación, de confesiones rendidas libremente ante la jurisdicción, por quienes luego de haber participado en estos crímenes, en un profundo y valioso ejercicio de arrepentimiento, dieron la cara a sus víctimas y al país”.
La presentación enfatizó además la responsabilidad estatal en la comisión de estos delitos, que buscaban engrosar cifras oficiales mediante la conversión de ciudadanos inocentes en víctimas, “con el único fin de convertirlas en cifras, en números, en estadísticas frías y viciadas”.
Durante su intervención, Ramelli recalcó el compromiso con el principio constitucional de simetría y advirtió contra el negacionismo de las violaciones cometidas.
“No podemos caer en la tentación del negacionismo histórico. Estos crímenes internacionales sí existieron y quebrantaron los valores más sagrados de nuestra democracia”.
Según lo revelado, cinco oficiales, cuatro suboficiales y tres soldados, todos antiguos integrantes de este batallón con sede en Valledupa, han sido señalados como “máximos responsables de asesinar a 135 civiles entre 2002 y 2005, en los departamentos de Cesar y La Guajira”.
Las penas impuestas oscilan entre cinco y ocho años, convirtiéndose esta en la primera de cinco sentencias programadas en el marco del caso 03, que aborda la problemática de los llamados falsos positivos en varias regiones del país que incluyen Antioquia, Casanare, Huila, Norte de Santander y Meta.
De acuerdo con la JEP, en su investigación se identificaron dos patrones macrocriminales. Primero, la presentación de víctimas como bajas en combate mediante una alianza entre miembros de la fuerza pública y el bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Segundo, la detención arbitraria de personas en situación de vulnerabilidad por efectivos de La Popa, que serían luego asesinadas y reportadas falsamente como muertas en enfrentamientos armados.
En el capítulo de las sanciones, el tribunal de paz determinó que todas las sentencias serán cumplidas bajo estricta observación pública, con mecanismos de monitoreo, control institucional y una activa participación de las víctimas.
Específicamente en el caso de los exmilitares de La Popa, la JEP precisó que la condena contempla un componente reparador-restaurador que implicará la realización de trabajos y obras sociales, junto con restricciones de derechos y libertades para los comparecientes.
Esta doble dimensión de la sanción responde a la lógica de la justicia transicional y restaurativa adoptada por la JEP, la cual busca no solo castigar, sino también promover la reparación y no repetición de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado colombiano.
El reconocimiento de responsabilidad por parte de los comparecientes ha sido un elemento transformador. Ochoa Arias relató que, en una audiencia pública, los responsables confesaron, luego de haber negado todo: “Doctor, porque conocimos a las víctimas y supimos los daños que habíamos causado”.
Estas sanciones incluyen la realización de trabajos, obras o actividades reparadoras, así como restricciones de derechos y libertades, con un monitoreo estricto para garantizar su cumplimiento. Los proyectos restaurativos definidos abarcan ejes como memoria y dignificación, sanación, armonización territorial, fortalecimiento organizativo, infraestructura comunitaria y generación de ingresos.
La sentencia también incluye órdenes dirigidas a distintas entidades del Estado para garantizar la reparación integral de las víctimas. Entre ellas, se destaca la instrucción a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para que adopte medidas que permitan la inclusión de las víctimas en el Registro Único de Víctimas y el acceso a programas de atención psicosocial. Además, se exhorta al gobierno a condenar públicamente estas conductas, pedir perdón a las víctimas y promover un día nacional en conmemoración de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
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