El viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, Gabriel Rondón Olave, presentó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal contra varios Grupos Armados Organizados (GAOS) por presuntas violaciones al derecho internacional humanitario (DIH) y otros delitos graves.
Entre los hechos denunciados se encuentra la instrumentalización de la población civil para atacar a la fuerza pública y obstaculizar sus operaciones en diferentes regiones del país.
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La denuncia se centra en acciones atribuidas al GAOR Hernando González Acosta, grupo residual de las antiguas Farc, con presencia en el departamento del Huila. Según el documento oficial, este grupo habría forzado a habitantes del municipio de La Plata a patrullar y enfrentarse directamente con unidades militares a inicios de agosto de 2025.
Hechos denunciados y argumentos
El escrito también citó normas internacionales, como el Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra, que en su artículo 50, numeral 7, prohíbe el uso de la población civil para proteger objetivos militares o cubrir operaciones bélicas. Asimismo, se mencionó el Estatuto de Roma, que en su artículo 8, numeral 2 considera crimen de guerra “utilizar la presencia de una persona civil u otra persona protegida para poner ciertos puntos, zonas o Fuerzas Militares a cubierto de operaciones militares”.
Durante el anuncio oficial, Gabriel Rondón Olave explicó que la denuncia busca abrir un proceso formal contra los responsables e impedir que estas prácticas se repitan. El viceministro subrayó que la Fiscalía debe actuar con celeridad: “Se solicita a la Fiscalía que emprenda rápidamente sus investigaciones y prevengamos que estos grupos sigan constreñiendo a la población civil, amenazándola para que saquen a la fuerza pública de los territorios”.
Aunque la denuncia se enfoca inicialmente en los hechos ocurridos en La Plata, Huila, el Ministerio del Interior solicitó a la Fiscalía investigar situaciones similares en otras zonas donde operan grupos armados residuales. Según Rondón, hay reportes de hechos comparables en departamentos como Putumayo y Cauca, lo que indicaría un patrón de conducta de estos grupos.
“Se le solicita a la Fiscalía que como hay unos hechos en Putumayo, en el Cauca, que investigue porque esta es una práctica que están utilizando estos grupos que hace rato dejaron de ser revolucionarios y lo que están buscando es constreñir a la población para evitar el avance de la fuerza pública”, señaló el funcionario.
El viceministro también relacionó estas denuncias con decisiones judiciales recientes. Mencionó la sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra exintegrantes de las Farc, aclarando que los grupos actualmente activos no se acogieron al proceso de paz de 2016 y continúan cometiendo delitos.
“Después del 2016 que se firman los acuerdos de paz, lo que podemos decir es que ahora los grupos armados dejaron de ser políticos. Estos que están acá no han querido y lo que están haciendo es constreñir la población y sí están cometiendo crímenes de guerra”, explicó.
Peticiones a la Fiscalía
En el documento radicado, el Ministerio del Interior pidió a la Fiscalía no solo la apertura de la investigación penal, sino también la adopción de medidas para proteger y escuchar a las víctimas de estos hechos.
“Lo primero es que se les permita a las víctimas rápidamente ser escuchadas, porque estas acciones la mayoría de la población no las aprueba”, manifestó Rondón. Además, solicitó individualizar y judicializar rápidamente a los responsables, con el fin de reducir la zozobra y el temor en las comunidades afectadas.
El viceministro explicó que la demora en la radicación de la denuncia se debió al alto nivel de miedo existente en la zona y a la necesidad de garantizar condiciones mínimas de seguridad para los denunciantes. Según informó, 31 integrantes de la fuerza pública fueron retenidos durante estos incidentes, lo que generó un clima de tensión y desconfianza en el territorio.
“El temor es fuerte, pero con la presencia del Gobierno nacional, no solamente por parte de los entes militares, sino con inversión, hemos podido fortalecer la confianza y permitir que la gente se sienta un poco más tranquila para colocar las respectivas denuncias”, concluyó Rondón.
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