El senador del Centro Democrático Carlos Meisel manifestó su preocupación por el rumbo que podría tomar la política fiscal en Colombia por la eventual aprobación del presupuesto nacional con facultades extraordinarias para el Gobierno.
En entrevista con Blu Radio, Meisel afirmó que en caso de que el Congreso niegue un monto específico solicitado por el Ejecutivo, este podría acogerse a decretos de disposiciones generales que le permitirían ampliar su margen de maniobra en materia de deuda y vigencias futuras.
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Meisel argumentó que este mecanismo representaría un riesgo serio para la estabilidad fiscal, ya que otorgaría al Gobierno la posibilidad de manejar recursos y obligaciones sin el control y el rigor tradicional impuestos por la regla fiscal.
“Ese mismo Gobierno, que sabe que responsablemente el Congreso le va a negar el monto, va a facultar mediante decreto con las disposiciones generales, las facultades en deuda y vigencias futuras que le van a causar muchos problemas a la regla fiscal y a los próximos gobiernos que vengan”, declaró el senador.
El legislador enfatizó que la regla fiscal es una herramienta clave para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, limitar el endeudamiento y promover la transparencia.
“Esto es lo que le tiene que quedar claro a este país, hoy le está presentando un monto Petro al Congreso que él sabe que esa plata no existe, que eso es mentira, y que además el Comité de las reglas fiscales está diciendo que hay $44 billones de pesos por encima”, afirmó el militante del Centro Democrático.
Alertó que el uso de decretos para gestionar deuda y compromisos de vigencias futuras podría relajar los controles institucionales y crear precedentes con implicaciones negativas para las futuras administraciones.
“Petro no solamente lleva cuatro años de tragedia, de desgracia y de malas prácticas gerenciales sino que le va a dejar un problema fiscal al próximo gobierno”, finalizó.
El Congreso de la República no aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2026: esto puede hacer el Gobierno
El Congreso de Colombia no avaló el Presupuesto General de la Nación para 2026, presentado por el gobierno de Gustavo Petro, lo que habilita al Ejecutivo para expedirlo mediante decreto presidencial, situación permitida por la legislación vigente cuando no se logra el consenso legislativo.
Esta decisión ha suscitado amplias críticas en sectores empresariales y entre expertos en finanzas públicas, quienes advierten sobre el impacto de definir la política fiscal sin respaldo parlamentario.
La ausencia de aval legislativo permite al Gobierno fijar el destino de los recursos públicos por vía administrativa, sin requerir el tradicional control del Congreso.
“No puede ser un expediente para torcerle el brazo al Congreso y obligarlo a aprobar más impuestos, que es lo que está buscando el Gobierno”, señaló el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo.
Restrepo catalogó el mecanismo de expedición por decreto como una “dictadura fiscal” y una muestra de gestión presupuestal irresponsable.
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), encabezada por Bruce Mac Master, coincidió en el diagnóstico y enfatizó que “en economía, cuando el presupuesto es aprobado por decreto, se llama dictadura fiscal”, reiterando sus reservas sobre la gestión pública sin consenso legislativo.
El presupuesto presentado por el Ejecutivo asciende a 556,9 billones de pesos, de los cuales 26,3 billones están sujetos a la aprobación de una reforma tributaria impulsada por el Gobierno. Si esta no se valida, el monto se reduciría a 530,6 billones.
El Gobierno se ha opuesto a recortar el gasto, situación que incrementa la presión sobre la regla fiscal y ha motivado pronunciamientos de la Anif (Asociación Nacional de Instituciones Financieras), que pidió al Congreso rechazar la reforma tributaria
Desde la perspectiva gremial, la administración Petro enfrenta dos caminos: reducir el presupuesto a un nivel coherente con la capacidad contributiva del país o mantener el esquema actual, con el riesgo de afectar el empleo y la competitividad.
Diversos sectores han alertado que un ajuste es necesario para evitar el traslado de la carga tributaria a hogares y empresas, advirtió el presidente de la Andi.
Las principales fuentes de financiamiento propuestas en la reforma incluyen un incremento del IVA sobre gasolina y diésel al 19%, mayores impuestos al sector financiero, modificaciones a los tributos sobre la renta y el patrimonio, junto con eficiencias en la administración tributaria.
La Anif como voces gremiales consideran que la falta de recortes en el gasto público y el énfasis en nuevos impuestos pueden limitar el crecimiento económico y enviar señales negativas a los mercados internacionales, dificultando la recuperación financiera del país y postergando ajustes estructurales para el próximo gobierno.
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