El Congreso no aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2026: esto puede hacer el Gobierno

El Congreso de Colombia no aprobó, por segundo año consecutivo, el Presupuesto General de la Nación presentado por el gobierno de Gustavo Petro, lo que permite que el Ejecutivo lo expida por decreto presidencial.

Esta decisión, que afecta el presupuesto para el 2026, ha generado críticas de expertos y gremios empresariales, quienes advierten sobre los riesgos de definir la política fiscal sin el aval legislativo y cuestionan la reforma tributaria propuesta.

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La falta de aprobación legislativa implica que el Gobierno podrá definir el destino de los recursos públicos mediante decreto, sin el trámite tradicional en el Congreso.

En ese contexto, el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo calificó este mecanismo como una vía que “no puede ser un expediente para torcerle el brazo al Congreso y obligarlo a aprobar más impuestos, que es lo que está buscando el Gobierno”, según declaraciones recogidas por El Tiempo. Restrepo y otros analistas han advertido que la expedición del presupuesto por decreto representa un precedente preocupante para la institucionalidad fiscal del país.

En la misma línea, Restrepo describió el escenario como una “dictadura fiscal” y una “manera irresponsable de administrar el presupuesto nacional”.

Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), reforzó esta crítica al afirmar que “en economía, cuando el presupuesto es aprobado por decreto, se llama dictadura fiscal”.

El funcionario subrayó que el Gobierno enfrenta dos alternativas en la recta final de la administración Petro, que concluye el 7 de agosto: ajustar el presupuesto a un nivel sostenible, acorde con la capacidad de contribución de hogares y empresas, o mantener el enfoque actual, lo que llevaría a una situación insostenible que podría afectar la competitividad y el empleo.

La Andi detalló que, ante la coyuntura, el Ejecutivo puede optar por reducir el Presupuesto General de 2026 a un monto que refleje la realidad económica del país, o persistir en una política fiscal que, según el gremio, “apriete más a los colombianos y afecte la competitividad de las empresas y el empleo”. Si el ajuste no se realiza, el país podría enfrentar un entorno de mayor presión tributaria y menor margen para la actividad productiva.

El Presupuesto General de la Nación para 2026, presentado en julio, asciende a 556.9 billones de pesos, pero 26.3 billones de ese total dependen de la aprobación de la reforma tributaria propuesta por el gobierno.

Si la reforma no se aprueba, el presupuesto se reduciría a 530.6 billones de pesos. El gobierno se ha negado a acompañar un recorte sustancial del gasto, lo que ha generado presión fiscal y ha motivado a la Anif (Asociación Nacional de Instituciones Financieras) a pedir al Congreso que rechace la reforma tributaria.

Desde la perspectiva de Anif, la falta de voluntad para adoptar una política de gasto más austera ha impedido aliviar la presión fiscal. La entidad considera que la tarea de recortar el gasto público quedará pendiente para la próxima administración, dado que el actual gobierno no ha impulsado ajustes significativos en el presupuesto.

En cuanto a las medidas tributarias propuestas, los 26.3 billones de pesos adicionales que busca recaudar el gobierno provendrían principalmente de impuestos indirectos, como un IVA del 19% a la gasolina y el diésel, y mayores gravámenes a bebidas alcohólicas.

Además, se contemplan eficiencias en la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), incrementos en los impuestos al sector financiero, a la renta de personas de mayores ingresos y al patrimonio, con tasas más altas y un umbral más bajo.

Aunque algunas de estas medidas buscan equilibrar las finanzas públicas, el proyecto no reduce el déficit fiscal, sino que financia un mayor gasto, en un contexto donde el presupuesto ya crece a un ritmo difícil de justificar.

El presidente de la Andi advirtió que los nuevos impuestos propuestos en la reforma tributaria no solo generarían mayor inflación, sino que también afectarían la competitividad y podrían tener un impacto negativo en el empleo.

Mac Master, citado por el medio mencionado, enfatizó que el país no puede aumentar su endeudamiento ni trasladar la carga fiscal a los hogares y futuras generaciones, especialmente en un momento de recuperación económica. Además, alertó sobre el riesgo de enviar señales negativas a los mercados internacionales si no se asume el reto de un ajuste serio a las finanzas públicas.

Anif coincidió en que muchas de las propuestas de la reforma tributaria resultan inconvenientes, ya que desincentivan el ahorro y la inversión, limitan el crecimiento económico y podrían no ser eficaces para garantizar el recaudo en el mediano y largo plazo.