El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) denunció un grave ataque armado y el secuestro de dos integrantes de su Programa de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos, quienes fueron interceptados la noche del 12 de septiembre en la vía Inzá–Popayán, a la altura del municipio de Totoró.
De acuerdo con el comunicado emitido por la organización indígena, los defensores fueron encañonados, amenazados y retenidos por varios hombres armados durante varias horas, tiempo en el que además les robaron el vehículo oficial, conocido como esquema colectivo, en el que se desplazaban.
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Finalmente, hacia las 2:30 de la madrugada del 13 de septiembre, los afectados lograron comunicarse para pedir auxilio. Ante la emergencia, la Guardia Indígena desplegó un operativo urgente que permitió rescatarlos con vida y garantizar su retorno seguro.
Ataque tras acción humanitaria en Inzá
El CRIC señaló que el hecho reviste una gravedad mayor, ya que los defensores regresaban de una misión humanitaria en Inzá, donde habían acompañado la liberación de un comunero que permaneció secuestrado durante varios días.
“Atacar a quienes realizan acciones de defensa de la vida constituye una infracción directa contra el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y refleja el riesgo extremo que enfrentan las comunidades y líderes sociales en el Cauca”, puntualizó la organización en su pronunciamiento.
Reiteración de agresiones e impunidad
El Consejo recordó que este no es el primer ataque contra sus equipos de defensa de derechos humanos. La repetición de estos hechos, sumada a la falta de avances en las investigaciones judiciales, “consolida un escenario de impunidad que alienta nuevas violencias”.
En ese sentido, calificaron lo ocurrido como una toma de rehenes a la luz del DIH, que atenta contra la vida, la dignidad de los pueblos indígenas y el derecho de las comunidades a ejercer su autonomía en medio del conflicto armado que persiste en la región.
Llamado al Estado y a la comunidad internacional
Ante lo sucedido, el CRIC hizo un llamado contundente a todos los actores armados para que cesen de inmediato las agresiones contra la población civil, sus autoridades tradicionales, sus estructuras comunitarias y, en particular, contra los equipos de Derechos Humanos y la Guardia Indígena.
De igual manera, exigieron al Estado colombiano la adopción de medidas urgentes y efectivas que garanticen el respeto irrestricto a la labor de las misiones humanitarias. “El país no puede normalizar la violencia contra quienes trabajan por la vida y la paz”, expresaron.
El comunicado también incluyó un llamado a la comunidad internacional para que refuerce su respaldo y vigilancia frente a la situación en el Cauca, donde el accionar de los grupos armados ha puesto en riesgo no solo a líderes y lideresas, sino también a comunidades enteras que reclaman garantías mínimas de seguridad.
Una amenaza constante en el Cauca
El Cauca es una de las regiones más golpeadas por el recrudecimiento del conflicto armado en Colombia. Las organizaciones indígenas y sociales denuncian de manera recurrente amenazas, hostigamientos, secuestros y asesinatos en contra de líderes y defensores de derechos humanos.
El CRIC, con más de 50 años de historia en la defensa de los pueblos indígenas, ha sido una de las principales voces que alertan sobre el aumento de la violencia en el territorio. En reiteradas ocasiones han advertido que la ausencia de respuestas estatales y la presencia de múltiples actores armados hacen que el riesgo para las comunidades sea permanente.
“Un ataque contra la vida y la paz”
El comunicado concluye con un mensaje categórico: “Cada ataque contra una misión humanitaria es un ataque contra la vida, contra la paz y contra la esperanza de un pueblo que, aun en medio de la guerra, insiste en cuidar y defender la vida”.
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