El destino de $1.359 millones asignados a un proyecto de vivienda en Pueblo Rico, Risaralda, quedó en entredicho tras la demolición de las casas construidas y la falta de claridad sobre la recuperación de los recursos públicos.
La representante a la Cámara, Carolina Giraldo Botero, denunció que, pese a los reiterados requerimientos de las autoridades, la empresa contratista no devolvió el anticipo recibido, lo que ha generado un escándalo en torno al manejo de fondos provenientes del Sistema General de Regalías.
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En 2023, el municipio de Pueblo Rico fue seleccionado para un proyecto que prometía viviendas dignas a 18 familias vulnerables, con una inversión cercana a $3.000 millones de pesos de presupuesto público.
El contrato de obra, por más de $2.700 millones, fue suscrito entre el fondo mixto Fonpacífico y la empresa Inprosos S.A.S., seleccionada mediante invitación privada.
A esta firma se le entregó un anticipo del 50%, es decir, aproximadamente $1.350 millones, aunque, según información oficial, lo construido sólo representó un valor de $150 millones.
La ejecución del proyecto estuvo marcada por graves irregularidades. Según la denuncia de Carolina Giraldo Botero, la empresa Inprosos S.A.S. habría iniciado las obras sin contar con los permisos legales ni las licencias requeridas, además de desconocer los estudios y diseños técnicos previamente acordados.
La representante señaló que se presentaron fallas estructurales en la construcción y se utilizaron materiales de baja calidad. También afirmó que la empresa recibió recursos públicos sin que la póliza de estabilidad de obra cumpliera con los requisitos establecidos.
El proceso de selección de los beneficiarios de las viviendas tampoco fue transparente. Giraldo sostuvo que no existió un mecanismo claro para determinar quiénes serían los destinatarios, ya que no se elaboró ningún listado ni se definieron criterios de caracterización y elegibilidad por parte del Departamento Nacional de Planeación (DNP) o del municipio.
Como consecuencia de estas irregularidades, solo se alcanzaron a construir cuatro viviendas, las cuales debieron ser demolidas antes de su finalización por orden del DNP, tras evidenciarse graves fallas constructivas.
“La empresa Inprosos S.A.S. habría incurrido en las siguientes presuntas irregularidades: Iniciar obras sin contar con los permisos legales ni las licencias correspondientes. Desconocer los estudios y diseños técnicos acordados. Presentar fallas estructurales en la construcción y utilizar materiales de baja calidad. Recibir recursos públicos sin que la póliza de estabilidad de obra cumpliera con los requisitos establecidos”, dice el comunicado presentado por la representante Giraldo.
A pesar de los reiterados requerimientos tanto del DNP como de Fonpacífico para que la empresa Inprosos S.A.S. devolviera el anticipo, esto no ocurrió. Esta situación llevó a que en enero de 2025 se declarara formalmente el incumplimiento del contrato y se solicitara a la aseguradora responder por los recursos.
Ante la incertidumbre sobre el destino de los fondos, Carolina Giraldo Botero pidió a la aseguradora confirmar si ya realizó el desembolso correspondiente a los $1.359 millones del anticipo y solicitó a Fonpacífico informar si dichos recursos fueron efectivamente recuperados.
La representante planteó la siguiente inquietud: “La pregunta es clara: ¿La empresa devolvió los $1.359 millones del anticipo o tuvo que responder la aseguradora? Porque si no fue así, esos $1.359 millones se embolataron”, expresó Giraldo.
La congresista también denunció que este caso ilustra el funcionamiento de los llamados “contrataderos”, figuras como los fondos mixtos que, según ella, esquivan el Estatuto General de Contratación Pública y dificultan la vigilancia ciudadana. “Es un ecosistema perfecto para la corrupción”, advirtió Giraldo.
Frente a este panorama, la representante anunció que puso los hechos en conocimiento de los entes de control y que, junto al representante Cristian Avendaño, impulsa un proyecto de ley para eliminar los “contrataderos”.
“La plata pública es sagrada, no de privados que incumplen. Pongo los hechos en conocimiento de los entes de control porque las familias de Pueblo Rico que esperaban una casa merecen respuestas, y lo mínimo es que se garantice que esto no vuelva a repetirse y saber si habrá otro proyecto de vivienda”, concluyó Carolina Giraldo Botero.
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