
La posibilidad de que Colombia no reciba la certificación de Estados Unidos en su lucha contra el narcotráfico ha generado inquietud sobre las consecuencias que esto podría acarrear, no solo para el país sudamericano, sino para el propio territorio estadounidense.
Daniel García-Peña, embajador de Colombia en Washington, advirtió que, en caso de una descertificación, los principales beneficiados serían los carteles y las organizaciones trasnacionales dedicadas al tráfico de drogas, quienes aprovecharían cualquier debilitamiento en la cooperación bilateral.
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“Los únicos que ganan son los carteles y las organizaciones trasnacionales, a los que solo les interesa que Colombia y Estados Unidos no trabajemos juntos y que ellos puedan aprovechar esa situación”, expresó el diplomático en declaraciones a El Espectador.
El embajador subrayó que la decisión final corresponde al presidente Donald Trump, que dispone de tres alternativas: otorgar una certificación plena, aplicar una descertificación con la invocación de un “waiver” —lo que evitaría sanciones y condiciones punitivas—, o proceder con una descertificación que podría implicar diversas medidas restrictivas.
García-Peña explicó que la opción de certificación plena es la que, a su juicio, se ajusta a los hechos, ya que Colombia ha mantenido históricamente este estatus, salvo en los años 90. En cuanto al “waiver”, detalló que se trata de una figura legal que permite al presidente estadounidense evitar la imposición de sanciones por razones de interés nacional vital.

El embajador insistió en que los resultados obtenidos por Colombia en la lucha contra las drogas deben ser el principal criterio de evaluación.
“Colombia no solamente ha cumplido con sus compromisos en esta lucha contra las drogas, sino que de lejos es el país que más ha contribuido a esta lucha contra las drogas a nivel mundial”, afirmó García-Peña. Añadió que, independientemente de la decisión que adopte la Casa Blanca, la cooperación entre ambos países debe continuar.
Respecto al impacto que una decisión negativa podría tener en Estados Unidos, el embajador enfatizó que, aunque la lucha contra las drogas se libra en Colombia y las víctimas mortales se concentran en su territorio, la cocaína termina llegando a las calles estadounidenses, europeas y de otros países.
“La seguridad de Estados Unidos está intrínsecamente ligada a lo que pasa en el hemisferio y en la cual no hay país que haya hecho más sacrificio de esta materia que Colombia”, sostuvo García-Peña al medio colombiano.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, también se pronunció sobre el tema, señalando que una descertificación favorecería a los actores ilegales. En la misma línea, el embajador reiteró que “todo escenario en una eventual descertificación o una suspensión de la cooperación entre los dos países, pues solo favorece a los criminales”, según palabras del diplomático.
Así mismo, advirtió que una suspensión de la cooperación bilateral no solo perjudicaría a Colombia, sino que también tendría efectos negativos para Estados Unidos, ya que fortalecería las economías ilegales y enviaría un mensaje equivocado a los criminales.
En cuanto a la posibilidad de que la decisión de la Casa Blanca esté influida por factores políticos, García-Peña recordó que la ley estadounidense exige que la evaluación se base en el cumplimiento de los compromisos antidrogas.
No obstante, reconoció que existen elementos políticos que pueden incidir en el proceso, como lo mencionó la canciller Rosa Villavicencio. A pesar de ello, insistió en que el enfoque debe centrarse en los resultados alcanzados por Colombia.
El embajador también abordó la corresponsabilidad de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, señalando que, aunque el consumo de cocaína en ese país se ha mantenido estable, sigue siendo el principal mercado para los traficantes.
“Sigue siendo de lejos el mercado predilecto del narcotráfico y, por lo tanto, hay una parte fundamental en la corresponsabilidad en la que Estados Unidos debe jugar un papel mayor”, manifestó García-Peña.

Además, destacó la importancia de abordar el tema de las armas legales, recordando que el arma utilizada en el asesinato de Miguel Uribe Turbay fue adquirida en una tienda en Arizona.
La cooperación entre ambos países también se extiende al control de armas y al seguimiento de los recursos ilícitos. El ministro de Defensa señaló que más del 40% de las armas incautadas a grupos ilegales en Colombia y a narcotraficantes provienen de Estados Unidos.
Daniel García-Peña subrayó la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto en la persecución de bienes y recursos ilegales, ya que el sistema bancario estadounidense y el internacional desempeñan un papel en el lavado de dinero.
“Insistimos mucho en que es un tema que no podemos hacer solos y que necesitamos la cooperación norteamericana, así como ellos también necesitan la nuestra”, concluyó el embajador.
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