Víctimas piden verdad y sanciones firmes en primeras sentencias de la JEP contra Farc y militares

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se alista para entregar sus primeros fallos en casos relacionados con el conflicto armado colombiano.

Según informó Semana, se trata de dos procesos emblemáticos: uno contra el antiguo secretariado de las Farc por los secuestros cometidos durante la guerra y otro contra un grupo de militares vinculados al Batallón La Popa, con sede en Valledupar, por ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos.

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El caso de las Farc abarca más de 20.000 hechos de secuestro. Uno de los episodios más recordados por la opinión pública es el rapto de los 12 diputados del Valle del Cauca en abril de 2002. En aquella ocasión, guerrilleros disfrazados de militares ingresaron al Palacio de San Luis, en pleno centro de Cali, y trasladaron a los funcionarios en buses. Posteriormente, once de ellos murieron en cautiverio, mientras que solo uno sobrevivió.

Carolina Charry, hija del diputado Carlos Alberto Charry, se refirió a lo que espera de las decisiones judiciales. En diálogo con Semana, expresó: “Esperamos que sea la máxima condena, que esas sanciones alternativas realmente sean serias y realmente haya contenido reparador hacia las víctimas. Aquí no se trata de darle más beneficios al secretariado de las Farc, se trata de reparar a las víctimas de estos hechos tan atroces que hemos tenido”.

La familiar de uno de los diputados también manifestó inconformidad con el avance del proceso de esclarecimiento: “Al antiguo secretariado de las Farc y a la JEP les diría que les quedó grande el proceso de establecer la verdad. A las víctimas les siguió faltando esa verdad que buscaban en su derecho a reparar el daño. No es suficiente lo que han hecho este tiempo y espero que esas sanciones no sean tan laxas”, señaló en declaraciones recogidas por el mismo medio.

De manera paralela, la JEP emitirá una decisión sobre la situación de 12 uniformados procesados por más de 130 casos de ejecuciones extrajudiciales atribuidas al Batallón La Popa. Estos hechos ocurrieron en diferentes municipios del Caribe colombiano. Una de las víctimas fue Jesús Emilio Márquez, asesinado en 2002 tras salir de su vivienda en La Paz, Cesar. Su cuerpo fue entregado a integrantes de esa unidad militar por paramilitares y luego reportado como una baja en combate.

Mónica Márquez, hermana de la víctima, se pronunció frente a la inminente sentencia. “Que estas sanciones contribuyan a que nunca más se repitan estos hechos, porque afectaron a nuestra familia, en mi caso a mis padres los afectaron con enfermedades. Espero que las sanciones generen conciencia en los responsables, que ayuden a construir confianza en las instituciones y que permitan a las víctimas sentir que nuestro sufrimiento no fue en vano”, dijo en diálogo con Semana.

La mujer también relató su experiencia como acreditada en los procesos de la JEP. “El recorrido por la JEP ha sido un camino difícil, lleno de recuerdos dolorosos, pero también un espacio donde se me ha permitido alzar la voz, desde que me acredité a la JEP he participado con la esperanza de que la verdad salga a la luz, de que la historia de mi hermano y de tantas víctimas no queden en silencio”, afirmó en las mismas declaraciones.

Los dos fallos representan un momento clave en el funcionamiento del tribunal transicional creado tras el Acuerdo de Paz. En el caso de los excomandantes de las Farc, se abordarán crímenes relacionados con miles de privaciones de la libertad realizadas a civiles, funcionarios públicos, miembros de la fuerza pública y extranjeros. Por su parte, en el proceso contra los militares se analizará la responsabilidad de oficiales y suboficiales en la presentación de civiles asesinados como supuestos guerrilleros muertos en operaciones.

La JEP, en el marco de sus competencias, contempla sanciones propias que incluyen restricciones de libertad y actividades restaurativas orientadas a la reparación de las comunidades. Aunque las decisiones están próximas a conocerse, el énfasis estará puesto en la verdad que puedan aportar los comparecientes y en las medidas que se implementen para reparar a las víctimas reconocidas.

Familiares de afectados en ambos casos han reiterado la importancia de que las sentencias tengan un componente de reparación integral. En palabras de Carolina Charry y Mónica Márquez, citadas por Semana, las decisiones judiciales deben traducirse en actos que dignifiquen a quienes sufrieron el conflicto, garanticen memoria y generen confianza hacia las instituciones que hoy adelantan la justicia transicional.