El debate del presupuesto general de la nación (PGN) para 2026 ingresó en una etapa de incertidumbre el jueves 11 de septiembre en el Congreso de la República, luego de que las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara suspendieran la sesión prevista para votar el monto global de las apropiaciones, debido a la falta de cuórum.
La ausencia se produjo tras el retiro de la Comisión Tercera de la Cámara, lo que impidió la discusión y votación de las más de 15 proposiciones que buscaban modificar la cifra de $557 billones propuesta por el Gobierno.
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El incumplimiento del trámite mantiene en suspenso la aprobación de una de las leyes más importantes del año e incrementó la preocupación de que el presupuesto deba ser aprobado por decreto, en caso de no lograrse consensos antes del lunes 15 de septiembre, fecha límite para que las comisiones conjuntas definan el monto.
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Entre las voces más críticas al proyecto de presupuesto se encuentra la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, al afirmar que el déficit gubernamental sería de al menos $40 billones, y sostuvo que la reducción de $10 billones planteada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, es insuficiente.
Por ello, en declaraciones ante varios medios de comunicación, la senadora instó al presidente Gustavo Petro a eliminar lo que calificó como “cargos burocráticos y clientelistas de politiqueros, congresistas, gobernadores y alcaldes”, asegurando que estos representan un peso fiscal de $14 billones para la Nación. Cabal afirmó: “Reduzca el tamaño del Estado, ciérrele las embajadas a Francia, los consulados en países donde no hay intercambio comercial”.
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Asimismo, Cabal exhortó además al presidente Petro a poner fin al Ministerio de la Igualdad. Según la congresista, la cartera ha afectado la representación de las mujeres: “Cierre esa porquería de Ministerio de la Igualdad, donde lo más increíblemente cínico es que las mujeres no somos competentes para el viceministerio, sino que tienen que contratar a un trans cubano. O sea, ¿qué más quieren las mujeres para sentirse despreciadas por la izquierda?”.
Cabal insistió en que por su parte no va a apoyar un presupuesto “desfinanciado”, en un país que no “soporta más impuestos”.

“Petro que se baje de la nube. No le vamos a aprobar un presupuesto desfinanciado y menos una reforma tributaria para que se la roben en corrupción, cargos para políticos, embajadas y consulados. ¡Que no sean cínicos! este país no soporta más impuestos", puntualizó en su publicación, vía X.
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Discusión del presupuesto para 2026 quedó estancado en el Congreso
La sesión del jueves 11 de septiembre sobre el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026 fue suspendida por falta de cuórum, situación que provocó reacciones en diversos frentes políticos y gremiales.
A través de sus redes sociales, la senadora Angélica Lozano calificó lo ocurrido como un acto de sabotaje, al asegurar: “saboteo, la comisión III de Cámara, firme aliada del Gobierno, no está… rompió quórum para impedir discutir y aprobar presupuesto. ¿A qué juegan?”, dejando en evidencia la inconformidad de un sector del Congreso que interpreta la actuación como una maniobra deliberada para dilatar el trámite legislativo.

Por su parte, el senador Efraín Cepeda advirtió ante medios de comunicación que el Gobierno busca imponer al Congreso una reforma tributaria encubierta a través del PGN. Cepeda señaló que los $26,3 billones de pesos adicionales solicitados por el Ejecutivo, en su concepto, terminarían afectando principalmente a las clases medias y bajas:
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“¿Para qué quiere el Gobierno $26 billones de pesos si el año pasado no ejecutó $80 billones y este año no ha ejecutado $70? El gasto para el año entrante crece en $36 billones, entonces es solo para financiar el gasto de funcionamiento, que no es otra cosa que órdenes de prestación de servicio de personas que nada hacen solo para que voten”.
El sector empresarial también expresó su desacuerdo, a través del presidente de la Andi, Bruce Mac Master, enfatizando que únicamente un recorte de $45 billones sería suficiente. Mac Master expresó que “lo responsable es un recorte de $45 billones en el presupuesto, cualquier otra cifra es un gran golpe a los hogares, trabajadores, emprendedores y empresas colombianas. Un recorte de $10 billones es una buena señal, pero es absolutamente insuficiente”.
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Frente a la presión política y gremial, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que el Gobierno está dispuesto a una reducción de $10 billones en el presupuesto, con lo que el monto total ascendería a $547 billones.
Paralelamente, anunció que la administración evaluaría ajustar la Ley de Financiamiento en igual proporción, reduciendo la meta de recaudo de $26,3 billones a $16,3 billones. Ávila señaló que “el propósito que ha animado al Gobierno en toda esta reflexión es tener un presupuesto y una ley de financiamiento acordada con el Congreso”.
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