La posible designación de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes generó controversia tras revelarse que su título profesional de contadora pública, incluido recientemente en su hoja de vida, no cuenta con la acreditación de las pruebas requeridas.
La Fundación Universitaria San José, institución donde Guerrero cursó sus estudios, confirmó que la joven de 23 años obtuvo el título en junio de 2025, pero no presentó los exámenes Saber Pro T&T ni Saber Pro, indispensables para la validación académica en Colombia.
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La situación fue denunciada públicamente por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, que señaló: “Sabemos que la señora Juliana Guerrero, a quien le apareció en 15 días y de manera express en su hoja de vida un título profesional de contadora pública, no presentó nunca ni las pruebas T y T, que son requeridas para el título tecnólogo que ella reportó en su hoja de vida, ni tampoco presentó las Pruebas Saber Pro que son requeridas para un título profesional de contadora pública, que presentó en la tercera versión de su hoja de vida”.
Con respecto a la denuncia hecha por la congresista y los nuevos detalles que se conocieron del caso de Juliana Guerrero, el ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián, se negó a responder sobre las presuntas irregularidades que impedirían que tomara posesión del cargo de viceministra de Juventudes.
“Nosotros desconocemos eso (...) no voy a hablar de eso”, dijo el alto funcionario en una rueda de prensa.
Por otro lado, aseguró que no están cambiando el manual de funciones de la cartera, sino que están orientados a fomentar la inclusión de minorías históricamente rechazadas en Colombia.
Consecuencias legales para Juliana Guerrero
El Colombiano consultó a un abogado para analizar las posibles consecuencias legales que enfrentaría Juliana Guerrero si se comprueba alguna irregularidad en los datos académicos registrados en su hoja de vida. El primer escenario contempla que, si la funcionaria del Gobierno Petro engañó a la universidad alterando información, podría incurrir en el delito de obtención de documento público falso, sancionado en Colombia con penas de 48 a 108 meses de prisión, conforme al artículo 288 del Código Penal.
En un segundo escenario, si tanto Guerrero como la universidad estaban al tanto de la situación, ambos podrían ser responsables de falsedad documental o fraude a la administración pública. La falsedad documental, regulada por el artículo 287 del Código Penal colombiano, implica la alteración de documentos públicos o privados —como un título universitario— para obtener beneficios indebidos, con penas de 64 a 144 meses de prisión en caso de comprobarse. Por su parte, el fraude a la administración pública, tipificado en el artículo 397, se configura cuando se manipulan requisitos oficiales para acceder a un cargo, induciendo al Estado a error o engaño.
La coincidencia entre la actualización de la hoja de vida de Juliana Guerrero y su posible nombramiento como viceministra de Juventudes intensificó las dudas sobre la legitimidad de su designación.
Con respecto a la polémica, Guerrero aseguró que emprenderá acciones legales contra Jennifer Pedraza por hacer declaraciones infundadas. “Iniciaré acciones legales contra la representante Jennifer Pedraza por las afirmaciones realizadas, desmentidas hoy por el Icfes, que investiga un posible hackeo de datos”, dijo en entrevista con W Radio.
Incluso, argumentó que se vulneró el derecho al “habeas data” y calificó las declaraciones de Pedraza como una “calumnia”. Negó cualquier inconsistencia en el proceso que le permitió obtener su título en la Fundación de Educación Superior San José. Guerrero enfatizó su deber con la población juvenil: “Yo estoy comprometida con la juventud y, por eso mismo, defenderé mi honra y el debido proceso”.
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