
La situación en la vía al Llano sigue siendo crítica ante el avance del desprendimiento de la montaña en el sector Caraza, La Herradura, en el municipio de Chipaque, según reportó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey. La emergencia se mantiene luego de múltiples deslizamientos, que han obligado a evacuar viviendas y a establecer medidas drásticas de control de paso, mientras crece la preocupación por el impacto económico y social en la región.
Rey explicó que los trabajos de remoción y estabilización se desarrollan en condiciones complejas, dada la gran magnitud del deslizamiento: “El trabajo que se ha venido haciendo no es fácil, como lo dijimos desde el principio son más de cien mil metros cúbicos que están allí reposados sobre la vía. Pero adicionalmente tenemos una montaña que sigue cediendo material”.
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El gobernador confirmó que hasta el momento han sido evacuadas seis viviendas y advirtió que podrían ampliarse las medidas preventivas si la fractura en la montaña persiste y pone en riesgo nuevas residencias. “En la parte alta es cada vez más progresivo el quiebre de la montaña. Esto representa un peligro para las viviendas que pueden verse comprometidas porque la huella de la rotura sigue avanzando”, enfatizó.

Los equipos técnicos, integrados por cerca de 60 personas y apoyados con maquinaria pesada las 24 horas, avanzan en la adecuación de una variante de la vía antigua, entre los puntos k18+340 y k18+980, con el objetivo de habilitar un paso alterno controlado. Durante la jornada, se han desarrollado labores de adecuación de cunetas y laterales, rocería y poda de descoles, lavado y sellado de grietas, estabilización granular en puntos críticos, perfilado de taludes, renivelación de la vía y ampliación de calzada en zonas claves como el K18+400 y el K19+000. El paso por la zona será habilitado únicamente de manera alterna y bajo horarios definidos por el Plan de Contingencia Operativa (PCO).
Las restricciones de movilidad se mantienen en el K0+000 (sentido Bogotá – Villavicencio) y en el k82+700 (sentido Villavicencio – Bogotá), sitios donde solo tienen paso los vehículos autorizados y pertenecientes a la zona, bajo vigilancia de la autoridad de tránsito. Adicionalmente, la evacuación preventiva contempla a tres viviendas más, con la posibilidad de extenderse a diez familias si la inestabilidad lo exige. Se evalúan intervenciones para mitigar nuevas filtraciones de agua, consideradas un posible factor desencadenante del deslizamiento.

La remoción del material sobre la vía está bajo responsabilidad de Coviandina, concesionaria encargada, junto al Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca, que trabaja en el sector de Chipaque, coordinando desde esa zona con los trabajos que avanzan desde Cáqueza.
Rey recordó que el corredor está bajo concesión desde 2018, pero reclamó que el contrato no incluyó obras preventivas en los puntos identificados como inestables. “El contrato no incluyó obras de mitigación en puntos inestables. De los 96 críticos identificados, solo cuatro se están interviniendo con 40.000 millones de pesos. El resto sigue sin respuesta”, puntualizó el mandatario.
Las consecuencias económicas del cierre de la vía son significativas. El gobernador advirtió que el comercio pierde cerca de 20.000 millones de pesos diarios por la parálisis del corredor, considerada la principal arteria para el transporte de más de 3.000 toneladas de alimentos e insumos cada día entre Bogotá y Villavicencio. La interrupción prolongada ya afecta el suministro hacia la capital y amenaza con un alza de precios en los productos básicos, según el balance entregado por las autoridades departamentales.

En un Puesto de Mando Unificado convocado por la Alcaldía de Chipaque, se discutió la preocupación sobre los efectos de la remoción de material desde la parte baja de la montaña. La alcaldesa solicitó a la concesión implementar obras de conducción de aguas y monitoreo geológico constante para contener el avance del deslizamiento. Representantes de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y de la concesión se comprometieron a atender estas recomendaciones, priorizando obras de canalización y control para reducir la presión ejercida sobre el terreno y mitigar nuevos desprendimientos.
Como solución temporal, Rey anunció la habilitación de una variante de 600 metros de longitud, operando en un solo sentido, con geometría restringida y velocidades bajas, en la cercanía inmediata a la zona de emergencia. Este corredor, diseñado para ser provicional, permitirá el paso escalonado especialmente del tránsito pesado y de tractomulas durante el tiempo que duren los trabajos principales.
La situación permanece en monitoreo constante, mientras equipos técnicos, autoridades regionales y nacionales buscan dar respuesta a una emergencia que, además de sus riesgos humanos y ambientales, amenaza el flujo comercial y la seguridad alimentaria del centro del país.
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