Un juez penal de control de garantías de Medellín impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a 21 personas señaladas de integrar el grupo delincuencial La Veracruz, según lo informó la Fiscalía General de la Nación por medio de un comunicado divulgado la mañana del jueves 11 de septiembre de 2025.
Entre los detenidos se encuentran el presunto cabecilla, Fred Alexander Molina Álvarez, y seis coordinadores de zona identificados como:
- Jhon Fernando Loaiza Velásquez, alias Barbado.
- Jonattan Eliot Rivera Cano, alias Mono o Tatuado.
- Jader Arley Toro Posada, alias Monito.
- Luis Fernando Ossa Rodríguez, alias Ossa.
- José Ramiro Molina Arias, alias Ramiro.
- Jonatan Jesús Valencia Avilés, alias Zarco.

De acuerdo con la investigación, los procesados estarían implicados en el cobro de extorsiones a comerciantes, trabajadoras sexuales, integrantes de la población Lgbt+, vendedores informales, transportadores y propietarios de hoteles en la Comuna 10 de la ciudad, señaló el documento oficial.
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La Fiscalía mencionó en el reporte oficial que entre sus hallazgos uno de los principales tuvo que ver sobre cuánto debían abonar las víctimas para poder trabajar en paz.
Las cuotas exigidas a las víctimas iban desde los diez mil hasta cien mil pesos semanales para permitirles ejercer sus actividades económicas en sectores como La Veracruz, Plaza Botero, Parque Berrío, Prado y San Benito.
Una de las principales evidencias quedó en video, luego de que uno de los investigadores pudo grabar con su celular a pocos metros cómo uno de los hoy detenidos abordaba a su víctima en plena calle, y con celular en mano estaba atento a que el cobrador terminara de contar el billete, para así dejarlo ir.
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El ente acusador imputó a los detenidos los delitos de concierto para delinquir, extorsión consumada y en grado de tentativa, y hurto calificado, todos en modalidad agravada.
Además de cobrar extorsiones, hasta robaban y golpeaban a sus vícimas en el centro de Medellín: comerciantes, trabajadoras sexuales y población Lgbt+
Los cargos no fueron aceptados por los procesados. Según los elementos materiales probatorios, además de las extorsiones, el grupo estaría vinculado a la venta de estupefacientes al menudeo.
La Fiscalía agregó en su comunicado que algunos de los integrantes ejercían presiones sobre las víctimas, incluyendo agresiones físicas y el robo de pertenencias, para forzar el pago de las sumas exigidas.
En uno de los casos documentados, un comerciante del sector San Benito pagó cerca de 25 millones de pesos a la organización.
Y a la misma víctima, en mayo de 2025, 14 hombres se le entraron a la fuerza a su establecimiento y lo amenazaron de muerte para exigirle el producido del día y otros bienes.
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En otro caso una red criminal fijaba los precios hasta en los supermercados en una zona turística de Medellín
En otro hecho en la capital antioqueña las autoridades de Medellín capturaron a dos presuntos integrantes de una red de extorsionistas que operaba en la comuna 13, especialmente en la zona de las escaleras eléctricas y otros sectores aledaños.
Tras semanas de seguimiento, la Policía Metropolitana detuvo a los sujetos identificados como alias Noreña y alias Pipe Muñoz, señalados de cobrar cuotas ilegales a comerciantes y trabajadores informales para permitirles ejercer sus actividades.
Las víctimas abarcaban diferentes oficios, desde guías turísticos y vendedores ambulantes hasta conductores, artistas, grafiteros y propietarios de pequeños negocios. Las sumas exigidas variaban entre 50.000 y 3.000.000 de pesos, establecidas según el tipo de actividad económica y la posibilidad de pago de cada persona.
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Este esquema de extorsión generó un ambiente de temor en la comunidad e impactó negativamente la economía local y el turismo en San Javier.
El brigadier general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, indicó que la estructura delictiva a la que pertenecían los capturados estaba asociada con el grupo criminal Las Independencias.
“Todo el que tenía una actividad comercial en este sector era extorsionado por estos dos sujetos”, afirmó el oficial. La presión sobre la comunidad era constante y extendida en sectores como Zonitas, Cuatro Esquinas, Travesías, Refugio, Monte Verde, Curvitas, Reversaderos, Independencias, Santa Rosa de Lima, Juan 23 y La Pradera.
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Según la Secretaría de Seguridad de Medellín, el control de los extorsionistas abarcaba no solo el cobro de cuotas ilegales, sino también la imposición de precios sobre productos básicos como huevos, leche y arepas, consolidando un negocio ilícito estimado en hasta 3.000 millones de pesos anuales.
Las operaciones policiales también permitieron la captura de otros tres presuntos extorsionistas en diversos barrios de Medellín.
Uno de los procedimientos se realizó en Villa Hermosa, comuna 8, donde fue capturado alias Yilmar, quien, de acuerdo con la investigación, tenía un papel relevante en la estructura delincuencial del sector y además es investigado por homicidio y tráfico de estupefacientes.
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Las autoridades recordaron a la ciudadanía la importancia de denunciar cualquier intento de extorsión y reiteraron que “nadie debe pagar para trabajar o para recibir seguridad”.
Se mantienen activas las líneas 123 y 165 para la recepción de denuncias, mientras la Policía anunció la continuidad de los operativos para evitar la reorganización de las estructuras delictivas en la ciudad.
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