Joven de 17 años fue víctima de extorsión: lo amenazaron de muerte si no cumplía con las exigencias

Los criminales pedían al menor de edad una mínima cantidad de dinero para no asesinarlo, ni hacerle daño a su familia

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Un joven de 18 años
Un joven de 18 años fue arrestado en Los Calamares tras realizar amenazas telefónicas en contra de un joven y su familia - crédito Colprensa

Durante la jornada del 11 de septiembre de 2025 se dieron a conocer nuevos detalles de la detención de Cristian David Bustos Morales en el barrio Los Calamares de Cartagena, señalado responsable de un caso de extorsión que involucró a un menor de edad.

De acuerdo con las autoridades, el operativo fue realizado por uniformados del Gaula de la Policía Nacional el 2 de septiembre de 2025, en el que se llevó a cabo la captura del presunto responsable justo en el momento en que recibía $300.000 y tres pulseras de oro pertenecientes a la víctima, un estudiante de 17 años.

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La Fiscalía General de la Nación informó que las exigencias económicas se realizaron a través de llamadas telefónicas, en las que los delincuentes amenazaban al adolescente con asesinarlo a él y a su familia si no entregaba la suma solicitada.

Según el comunicado de prensa, emitido por el ente acusador, la petición del dinero fue realizada en la jornada del 31 de agosto de 2025, aunque el joven y sus seres queridos decidieron denunciar ante las autoridades que desplegaron un operativo para capturar al señalado responsable.

El capturado negó los cargos
El capturado negó los cargos pese a la evidencia presentada por la Fiscalía - crédito Colprensa

Tras la captura, la Fiscalía Seccional Bolívar solicitó una medida de aseguramiento en centro carcelario para Bustos Morales, que, a pesar de la evidencia recolectada por los investigadores durante el procedimiento, negó ser responsable de los cargos de extorsión que le fueron imputados.

Sin embargo, el juez de control de garantías acogió la petición y ordenó su reclusión preventiva mientras la Fiscalía continúa avanzando en el caso y se determina si existen más víctimas, pues se considera que el joven podría representar un peligro para los ciudadanos.

Cabe mencionar que el procesado, de 18 años, negó su responsabilidad frente a los cargos en su contra, según detalló la Fiscalía en el documento oficial, en el que se destacó la rápida reacción de las fuerzas de seguridad y la coordinación con la Fiscalía para proteger a las víctimas de delitos extorsivos en la ciudad.

¿Cómo denunciar extorsión en Cartagena?

El fenómeno de la extorsión en Cartagena ha dejado un saldo de 26 personas capturadas en lo que va del 2025, según información proporcionada por la Policía Metropolitana. Esta cifra demuestra que las actividades delictivas vinculadas a este delito en la ciudad, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar sus estrategias de prevención y respuesta.

Ante este y otros casos ocurridos en la capital de Bolívar, se destacó la importancia de la colaboración ciudadana para combatir estas redes criminales. Así, la institución reiteró la disponibilidad de la línea gratuita 165, un canal habilitado para recibir denuncias y brindar asistencia a la población.

Según la entidad, la comunidad “siempre encontrará un funcionario las 24 horas que atenderá su requerimiento y le brindará la información oportuna y lo ayudará a no caer en estas redes criminales”. El llamado de la Policía Metropolitana busca incentivar la denuncia como herramienta fundamental para desarticular las estructuras dedicadas a la extorsión y proteger a los habitantes de Cartagena frente a este tipo de amenazas.

Las autoridades piden apoyo de
Las autoridades piden apoyo de la comunidad para capturar a los responsables - crédito Colprensa

Desarticulan organización que extorsionaba y amenazaba a sus víctimas desde la cárcel

La Policía Nacional confirmó la desarticulación de una red de extorsión que operaba al interior de la cárcel La Vega, ubicada en Sincelejo, lo que se convirtió en un ejemplo del alcance de las estructuras criminales que operan desde el interior de los centros penitenciarios sin control alguno.

La investigación indica que la banda exigía a sus víctimas entre $1 y $5 millones bajo amenazas de muerte y estaba integrada por personas en libertad y presos que, a pesar de estar tras las rejas, continuaban dirigiendo y ejecutando actividades delictivas.