Colombia rompió récord de empresas que se declaran en quiebra: en 2025 lo hicieron más de 10.000 y las cifras son preocupantes

Más de 10.600 colombianos se declararon en quiebra en 2025, lo que representa un aumento del 53,3% respecto 2024 y evidencia la magnitud de la crisis de insolvencia personal en el país. El incremento coincide con la entrada en vigor de una reforma a la Ley de Insolvencia que, por primera vez, permite que pequeños comerciantes accedan a este mecanismo en un medio de presión económica creciente.

El informe, que utiliza datos del Ministerio de Justicia, notarías, herramientas de inteligencia artificial y la experiencia de más de 20.000 clientes de una firma consultora especializada, señala que el número de 10.684 solicitudes hasta agosto constituye un récord en la historia reciente de Colombia. Dicho dato pone en evidencia la gravedad de la situación para miles de familias y emprendedores.

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Dentro de las causas principales de la quiebra en Colombia figuran el mal manejo de las finanzas personales, el desempleo, la informalidad laboral, el sobreendeudamiento y los emprendimientos fallidos. El informe destaca que la informalidad laboral se convirtió en un factor determinante, junto con la falta de oportunidades de empleo formal y la dificultad para sostener negocios propios en un entorno económico adverso.

Al respecto, el director de Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera, Luis Benítez, advirtió sobre el peso de la informalidad en este fenómeno.

“El aumento de insolvencias en personas con trabajos informales es un dato revelador en este análisis, pues se tiende a pensar que solo el desempleo puede llevar a una quiebra. El Gobierno actual está en deuda con lograr la formalización de los empleos para optimizar el desarrollo económico y financiero de los colombianos”, afirmó el experto al insistir en la necesidad de políticas públicas que promuevan la estabilidad laboral.

Quiénes se acogen a la Ley de Insolvencia

El perfil de quienes se acogen a la Ley de Insolvencia muestra que la mayoría tiene entre 38 y 50 años de edad. Los hombres representan el 58,14% de las solicitudes, mientras que las mujeres suman el 33,7%, lo que indica una mayor incidencia entre la población masculina en edad productiva.

Mientras que en los resultados de los procesos de insolvencia, el análisis revela que solo en el 36% de los casos se logra un acuerdo con los acreedores. A su vez, que en el 63% restante no se alcanza una solución negociada. La tendencia evidencia una creciente dificultad para que los hogares colombianos encuentren salidas pactadas a sus deudas.

Benítez atribuye esta situación a dos factores principales: “Esto apunta a que se ha deteriorado la capacidad de los hogares a llegar a acuerdos, sumado a las políticas cada vez más difíciles de algunas entidades financieras de apoyar a los deudores con sus propuestas de pago”, señala el directivo, que observa un endurecimiento en las condiciones ofrecidas por el sector financiero.

Crisis empresarial por regiones

El impacto de la crisis varía según la región. Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, Santander y Norte de Santander concentran el mayor número de solicitudes de insolvencia personal. Atlántico encabeza el aumento con un 170,21% más de personas en quiebra respecto al mismo periodo de 2024. Le siguen Antioquia con un 92,50%, Norte de Santander con un 74,07%, Valle del Cauca con un 52,56% y Bogotá con un 51,54%.

Auxilio para los pequeños comerciantes

Así las cosas, la reciente reforma a la Ley de Insolvencia abrió la puerta para que pequeños comerciantes, hasta ahora excluidos de este beneficio, puedan acogerse al proceso.

El informe estima que cerca de 4.000 comerciantes podrían declararse en quiebra al cierre de 2025. De los 1,2 millones de comerciantes en el país, el 6,7% —unos 80.000— enfrenta deudas graves, y se calcula que el 5% de ellos optará por la insolvencia personal gracias al cambio normativo.

Con la modificación legal, los pequeños comerciantes dejan atrás una situación de indefinición jurídica y acceden por primera vez a un mecanismo de protección financiera que antes les estaba vedado, lo que redefine el panorama de la insolvencia en Colombia.