Víctimas exigieron justicia antes de que la JEP dicte sentencia por ‘falsos positivos’: “Que acepten el daño que nos han causado”

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se dispone a emitir la próxima semana su primera sentencia sobre ejecuciones extrajudiciales, conocidas en Colombia como “falsos positivos”, en el subcaso Caribe.

Doce exintegrantes del Batallón de Artillería La Popa, de Valledupar, han sido imputados por 135 asesinatos y desapariciones forzadas cometidos entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005, en hechos que afectaron especialmente a víctimas indígenas y a personas en situación de vulnerabilidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El fallo, previsto para el jueves 18 de septiembre, representa un momento clave en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias, quienes han esperado años por el reconocimiento de la verdad y la reparación.

El subcaso Caribe, parte del macrocaso 003 de la JEP, abarca crímenes perpetrados en los departamentos de Cesar, La Guajira, Atlántico y Magdalena.

Las víctimas incluyen miembros de los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo, así como integrantes de los consejos comunitarios Kusuto Ma-Gende y José Prudencio Padilla.

Además, entre los afectados se encuentran campesinos y personas con discapacidad o en condiciones de especial vulnerabilidad.

Según información recabada por la revista Cambio, estos hechos ocurrieron en una de las etapas más oscuras del conflicto armado colombiano, cuando civiles inocentes fueron presentados como bajas en combate para inflar resultados militares.

Sol Maestre, hermana de Víctor Hugo Maestre —indígena kankuamo ejecutado en 2004 tras ser sacado de su casa en Atanquez, Valledupar—, ha seguido de cerca el proceso ante la JEP.

En diálogo con el diario nacional, Maestre expresó su esperanza de que los uniformados que aún no han reconocido su responsabilidad lo hagan finalmente.

“Que ellos acepten el daño que nos han causado como familia, como pueblo. Sabemos que hay unos procesados que han aceptado los cargos, pero que los máximos responsables no aceptan”, afirmó.

Maestre destacó que los militares que ejecutaron los crímenes actuaron bajo órdenes superiores y que aún falta esclarecer quiénes dieron esas instrucciones.

“Los máximos responsables aún están sueltos, aún no han reconocido, aún no ha dicho por qué o quiénes les dieron la orden a ellos para que mandaran a asesinar a nuestros familiares”, señaló.

El proceso ante la JEP ha permitido a Maestre y a otras víctimas obtener respuestas largamente esperadas.

“Yo nunca pensé estar al frente de la persona que dio la orden para que asesinara a mi hermano, de la persona que le quitó la vida, nunca lo pensé. Pero hoy le doy gracias a Dios porque ha sido misericordioso para estar frente de esa persona y poder decirle que lo perdonamos”, relató a Cambio.

Para Maestre, el perdón es una decisión personal que le ha permitido liberarse de una carga de más de dos décadas.

Sin embargo, como integrante del pueblo Kankuamo, considera que la reparación colectiva aún está pendiente.

Las víctimas aguardan la implementación de los Trabajos, Obras y Actividades con Contenido Reparador-Restaurador (Toar), una medida de justicia restaurativa prevista para los exmilitares responsables.

Maestre recalcó que la JEP no gestiona directamente la reparación económica, pero las víctimas acreditadas, como ha ocurrido en otros macrocasos, exigen también una reparación individual.

“Hay muchas madres, muchos padres, en condiciones vulnerables. Dependían de la persona (asesinada) para su sustento. Por eso, además de justicia, esperamos reparación. Ojalá los Toar se puedan cumplir, que no nos vayan a dejar ahí, que eso no se quede en papel, sino en hechos”, manifestó al diario nacional.

La expectativa de justicia y reparación también la comparte Osmaira Nieves Oñate, indígena wiwa y hermana de Luis Eduardo Oñate, ejecutado en 2004 por integrantes del Ejército Nacional en el marco de un plan criminal que involucró a paramilitares de la región.

El caso de Luis Eduardo fue presentado como un “positivo” en la prensa local, lo que llevó a Nieves a conservar la publicación y presentarla en las audiencias ante la JEP para exigir la verdad. “Un 27 de febrero lo agarraron. El 28 de febrero llegaba el presidente Álvaro Uribe aquí a Valledupar para uno de sus consejos de seguridad. ¿Qué seguridad estaba prestando?”, cuestionó Nieves en una audiencia de 2022.

A la espera de la sentencia, Nieves expresó a Cambio su deseo de que el fallo represente una verdadera justicia y no se limite a declaraciones formales. “A veces nos dicen que habrá restauración, que habrá justicia, que primero las víctimas y a la larga no es así. Las víctimas siempre seguimos siendo víctimas. Muchas veces salimos inconformes de lo que nos proponen”, lamentó.

Para Nieves, la reparación debe incluir el saneamiento de los territorios ancestrales, que considera profanados por la fuerza pública. “Hay que hacer una limpieza en nuestros territorios, en aquellos sitios sagrados que fueron saqueados e irrespetados por los militares de la fuerza pública, que era la que cuidaba al civil y eso no fue así”, explicó.

Nieves reconoció que algunos militares han pedido perdón, pero considera que el Estado le ha negado derechos fundamentales y que la sentencia debe reflejar todas las vulneraciones sufridas. “Estamos en todo el derecho de exigir más, no de aceptar lo que crean que es conveniente para los victimarios”, sostuvo.

En cuanto a los responsables, la JEP ha imputado a doce exmilitares del Batallón La Popa. Entre ellos figuran el mayor retirado Guillermo Gutiérrez Riveros, quien ocupó cargos de comandante de batería y oficial de operaciones; el teniente coronel retirado Heber Hernán Gómez Naranjo, responsable de la sección de operaciones y segundo comandante; el sargento primero retirado Efraín Andrade Perea, jefe de la sección segunda; el sargento primero retirado Manuel Valentín Padilla Espitia, agente de inteligencia externa; y el teniente retirado Carlos Andrés Lora Cabrales, quien además de comandante de batería, lideró el grupo especial Trueno.

También están imputados el subteniente retirado Eduart Gustavo Álvarez Mejía, comandante de varios pelotones, incluido el especial Zarpazo; el sargento viceprimero retirado José de Jesús Rueda Quintero, comandante de pelotón; el subteniente retirado Elkin Leonardo Burgos Suárez, comandante de pelotón de soldados regulares; el cabo tercero retirado Elkin Rojas, comandante de escuadra; y los soldados profesionales Juan Carlos Soto Sepúlveda, del pelotón Albardón 3, Yeris Andrés Gómez Coronel y Alex José Mercado Sierra, ambos del grupo especial Zarpazo.

Mientras la JEP se prepara para pronunciar su primera sentencia sobre los “falsos positivos” en el Caribe colombiano, las víctimas insisten en que la justicia debe trascender los reconocimientos formales y dignificar la memoria de quienes fueron presentados como NN, pero que siempre tuvieron nombre y familia.