La Fiscalía General de la Nación decidió vincular al proceso penal por delitos de lesa humanidad a los generales (r.) José Leonardo Gallego Castrillón, exdirector de la Dijín, y Fabio Campos Silva, exdirector del Inpec, en el caso del secuestro, tortura y abuso sexual de la periodista y activista Jineth Bedoya Lima.
La medida responde a la investigación de crímenes cometidos mientras Bedoya Lima realizaba reportajes sobre masacres y desapariciones dentro del penal, de acuerdo con el medio El Tiempo.
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El caso, que ha trascendido como un emblema de la lucha contra la violencia de género y la censura, se remonta al 25 de mayo de 2000, cuando Bedoya Lima, entonces reportera de El Espectador, fue citada a La Modelo de Bogotá para cubrir una masacre de 32 personas.
Allí fue secuestrada, trasladada fuera de la ciudad y sometida durante 16 horas a torturas y violaciones.
La Fiscalía, a través de la delegada ante jueces penales del circuito especializado, ha identificado como presuntos responsables a varios exfuncionarios de la época, entre ellos, Reinaldo Fierro Rico (exdirector de La Modelo), Luis Bernardo Maldonado (exsubdirector del Inpec), Jaime Gallo (exasesor de la dirección del Inpec) y Evangelista Basto (exmiembro del Frente Capital de las Autodefensas).
Según el medo citado, los delitos que se investigan incluyen concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo agravado, tortura y acceso carnal violento agravado, todos considerados crímenes contra la humanidad, lo que los hace imprescriptibles según la legislación nacional e internacional.
El expediente de la Fiscalía, que supera las 120 páginas, señala que la organización criminal operó con la complicidad de funcionarios encargados de garantizar la seguridad del penal, permitiendo la entrada de armas y facilitando la consolidación de estructuras paramilitares al interior de la prisión, de acuerdo con El Tiempo.
Según el documento, los exfuncionarios habrían recibido pagos a cambio de su omisión, favoreciendo masacres y desapariciones forzadas dentro del establecimiento penitenciario.
La decisión incluye además un llamado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que actúe conforme a su competencia en relación con los hechos vinculados al conflicto armado no internacional, lo que implica la posible participación de los generales Gallego y Campos en el marco del tribunal especializado.
Bedoya Lima anunció recientemente su retiro del proceso judicial, tras más de 20 años de lucha por justicia, señalando la impunidad de los autores intelectuales y el incumplimiento de las medidas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 2021.
“Al final nació un fruto que hoy es una política pública en el país. Pero lo más anhelado, mi aspiración de justicia, ha muerto. Sigo bajo amenazas de muerte, pero el sistema de justicia de mi país no fue diligente”, expresó la periodista en un acto público.
Este jueves 11 de septiembre, delegados de la Corte IDH realizarán un recorrido por la cárcel La Modelo, y el miércoles 10 de septiembre a las 8:00 se llevará a cabo una audiencia privada en la sede de la JEP, en la que Bedoya Lima y sus abogados expondrán argumentos sobre el incumplimiento de la sentencia, mientras que representantes del Estado deberán informar sobre los avances en la implementación de las órdenes.
La Fiscalía enfatizó que, pese al retiro de la periodista del proceso, el Estado mantiene la obligación de garantizar justicia y protección a las víctimas. La defensora del Pueblo, Iris Marín, recordó que la decisión de Bedoya Lima no exime al país de cumplir con sus responsabilidades frente a los crímenes cometidos.
El proceso judicial por el secuestro, tortura y abuso de Jineth Bedoya Lima continúa en Colombia. La Fiscalía General de la Nación vinculó al caso a los generales (r.) José Leonardo Gallego Castrillón y Fabio Campos Silva, exdirectores de la Dijín y del Inpec, por delitos de lesa humanidad.
El expediente incluye a otros exfuncionarios y detalla la participación de integrantes de las autodefensas privadas de la libertad en masacres y desapariciones dentro de la cárcel La Modelo. La Corte IDH y la JEP realizarán diligencias para evaluar el cumplimiento de las medidas ordenadas, mientras el proceso sigue abierto.
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