Fiscalía desmanteló red de lavado de oro en cooperativa de artesanías: tenían propiedades por más de $12.000 millones

En diferentes operativos, la Fiscalía General de la Nación ha expuesto la intervención de propiedades, comercios y empresas fachada que son utilizadas por estructuras criminales para blanquear efectivo en el territorio nacional.

Sin embargo, sorprendió la intervención a una empresa enfocada en las artesanías que estaba legalizando oro encontrado en minas de forma ilegal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el comunicado oficial, la Fiscalía General de la Nación resaltó que, meses antes, la cooperativa no reportaba ingresos por extracción de oro; sin embargo, recientemente reportó transacciones por más de 5.000 millones de pesos, lo que alertó a las autoridades.

En las inspecciones que recibió la cooperativa, los propietarios no lograron explicar cómo habían logrado adquirir propiedades por más de 12.000 millones de pesos durante 2025 en varias zonas del país.

Durante varios meses, la empresa siguió funcionando sin problemas, mientras que, al mismo tiempo, la fiscalía adelantó una investigación en la que descubrió que en realidad se trataba de la fachada de una organización criminal.

Mientras que los informes aseguraban que su principal ingreso era por la exportación de metales preciosos, en realidad blanqueaban los activos de una estructura criminal. Las autoridades descubrieron que la cooperativa utilizó nombres de mineros artesanales para legalizar la mayoría del oro ilegal.

“Nombres y registros de mineros artesanales eran utilizados fraudulentamente para soportar y hacer pasar como legal el oro extraído ilícitamente, y así poderlo comercializar en diferentes establecimientos ubicados en municipios de Antioquia, Caldas, Chocó y Bolívar”, explicó la fiscalía.

La investigación dejó en evidencia la existencia de una cooperativa más, que juntas sumaban un patrimonio de 117 millones de pesos, y en pocos meses registraron ganancias por 5.834 y 3.274 millones, respectivamente.

El director de Extinción del Derecho de Dominio, José Iván Caro, afirmó que no se encontró ningún tipo de respaldo de los ingresos reportados por la cooperativa.

“Reportaron sin una justificación contable que respaldara dicho incremento. Además, compartían sedes, revisores fiscales y directivos, lo que confirmó que conformaban un entramado delictivo para blanquear activos”, indicó el funcionario.

La Fiscalía General de la Nación informó que, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, identificó por completo el mecanismo mediante el cual un grupo delictivo adquirió propiedades destinadas a fortalecer sus operaciones ilegales, transformando cooperativas en estructuras multinacionales para encubrir sus actividades.

Por este motivo, las autoridades impusieron medidas cautelares que incluyen embargo, secuestro y suspensión del poder de disposición sobre los bienes vinculados a estos hechos.

Según el reporte oficial, son en total 35 activos que abarcan establecimientos de comercio, vehículos y material aurífero incautado, cuya valoración supera los 12.000 millones de pesos.

Las acciones se llevaron a cabo con el apoyo de la Policía Nacional y abarcaron bienes localizados en diferentes zonas del país, además de Medellín, se llevaron a cabo operativos en Cañasgordas, Remedios, Vegachí, Santa Fe de Antioquia, Marmato, Tadó y Barranco de Loba. Estas ubicaciones revelan la extensión territorial y la capacidad de expansión del esquema delictivo.

La fiscalía subrayó que dispone de pruebas suficientes para demostrar la responsabilidad penal de los representantes legales de las cooperativas, quienes habrían recurrido a maniobras fraudulentas con el fin de legitimar los activos y encubrir las actividades desarrolladas bajo la apariencia de procesos relacionados con la minería ancestral.

De acuerdo con los investigadores, toda la estructura habría operado bajo la fachada de legalidad, permitiendo la circulación de cuantiosos recursos económicos en la economía formal, aun cuando su verdadero origen vincula al delito organizado y la explotación no autorizada de recursos minerales en diferentes regiones del país.