La Procuraduría lanzó una dura alerta sobre el reclutamiento de menores en el país: 150 casos en lo que va de 2025

La Procuraduría General de la Nación lanzó una dura advertencia sobre el incremento alarmante del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en Colombia durante 2025. Según el Ministerio Público, hasta agosto de 2025 se registraron 150 denuncias de reclutamiento infantil, una cifra preocupante que sigue una tendencia creciente que se mantiene desde años anteriores.

De acuerdo con las cifras divulgadas por la entidad, en 2023 se presentaron 485 casos, mientras que en 2024 fueron en total 495 casos. En consecuencia, el ente de control señaló que las cifras de reclutamiento de menores de edad no solo suponen un grave problema de seguridad, sino una violación severa a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario (DIH).

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El procurador Gregorio Eljach fue enfático en que ninguna causa política, económica o criminal puede justificar la destrucción de la infancia y la dignidad de los menores de edad, quienes muchas veces son convertidos en víctimas y verdugos a la vez.

“Detrás de estos números se encuentran miles de historias truncadas, familias desgarradas y comunidades atemorizadas”, señaló el funcionario.

Bajo este argumento, la entidad insistió en la necesidad de que todos los niveles del Estado destinen recursos y voluntad política para proteger y prevenir este fenómeno que afecta, especialmente, a los niños, niñas y adolescentes de regiones apartadas del país y que han crecido en condiciones vulnerables ante la violencia.

En este sentido y con referencia a la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Humanos, la entidad anunció la expedición de una directiva y la firma de un pacto nacional contra el reclutamiento infantil que busca articular los esfuerzos institucionales y de la sociedad civil para proteger a las comunidades más vulnerables y contrarrestar la persistencia del reclutamiento.

Durante el evento el procurador delegado para la defensa de derechos humanos, Néstor Osuna, el alto comisionado para la paz, Otty Patiño, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, coincidieron en señalar que el reclutamiento infantil debe ser una línea roja en cualquier proceso de diálogo o negociación con grupos ilegales, lo que significa no abrirse a negociaciones con estructuras que insisten en estas prácticas criminales.

A la par, suscribieron el compromiso que pretende, además, transformar los datos alarmantes en indicadores de esperanza para que los niños puedan crecer con herramientas educativas y no con armas al hombro. No obstante, precisaron que las denuncias por este concepto representan solo una parte del problema, dado que muchas víctimas aún temen denunciar por miedo a represalias o por desconfianza en las autoridades, lo que genera un subregistro que dificulta la verdadera dimensión del problema.

Por tal motivo, el ente de control le hizo un llamado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), así como a las gobernaciones departamentales para que adopten medidas urgentes para la prevención y protección de los menores expuestos a este delito.

A su vez, reconoció que el fenómeno de reclutamiento forzado está estrechamente ligado a la persistencia del conflicto armado en varias regiones del país, donde los grupos ilegales se disputan el control territorial.

Entre las regiones más afectadas se destacan Antioquia, Cauca, Meta, Caquetá, Nariño y Chocó, donde se concentran la mayor cantidad de las denuncias con municipios como Medellín, Tumaco, San Vicente del Caguán y Necoclí posicionándose como los puntos más críticos de cada departamento.

Incluso, la entidad argumentó que los menores pertenecientes a comunidades étnicas son los más propensos a ser reclutados por grupos armados al margen de la ley, dado que, un 9.2% de los menores reclutados pertenecen a grupos indígenas y un 6.6% a comunidades negras, afros, raizales y palenqueras.

Finalmente, el procurador Eljach hizo un llamado a la conciencia nacional para que las palabras se conviertan en acciones concretas, para que los niños, sin importar su lugar de nacimiento, tengan la oportunidad de crecer en paz, con educación y lejos de la violencia que representa el reclutamiento.