Audios y chats comprometen a miembro del equipo de David Racero por falso testimonio: se abre camino a investigación por concusión

Una serie de pruebas obtenidas por la revista Cambio, en una investigación periodística de Daniel Coronell, y conocidas por el Consejo de Estado, muestran contradicciones graves entre la declaración de un asistente legislativo y la documentación oficial de su cargo. Los elementos en poder de la justicia indicarían que el testimonio entregado bajo juramento fue falso.

Esto podría tener consecuencias penales, no solo para el declarante, sino para quien se habría beneficiado de su participación en actividades ajenas a su labor legislativa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

John Leonardo García, vinculado a la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de un representante a la Cámara, fue citado por el magistrado Fredy Hernando Ibarra dentro de uno de los tres procesos de pérdida de investidura que se adelantan contra el congresista del Pacto Histórico. Durante su declaración, negó haber ocupado el cargo de conductor, insistió en que su función era de asistente, y explicó que usaba su propio vehículo por razones personales.

Sin embargo, documentos internos contradicen esa versión. Una certificación oficial de la misma UTL lo identifica con el cargo de “asistente I, conductor”. Además, una publicación realizada por el propio congresista en julio de 2018 en sus redes sociales lo muestra dentro del organigrama de su equipo, con la denominación de “conductor profesional”.

A lo anterior se suma un elemento que agrava la situación y es que, bajo juramento, el asistente afirmó que desconocía cualquier relación entre su jefe y un establecimiento comercial dedicado a la venta de frutas y verduras. Pero en el contrato de seguro de arrendamiento del local donde funcionó ese negocio, su nombre aparece como referencia personal del arrendatario, lo que refuerza el vínculo directo con el lugar.

El mismo testigo aseguró no tener certeza sobre la autenticidad de unos mensajes intercambiados por WhatsApp con el congresista, en el que hablaban de actividades relacionadas con el comercio de alimentos.

La polémica se desató tras la difusión de un audio en el que se escucha al congresista describir las condiciones laborales ofrecidas en un negocio familiar que tuvo durante 2020, lo que desató una serie de críticas y señalamientos por presunta explotación laboral.

Testimonio bajo juramento presenta contradicciones claves

La investigación periodística reveló que los mensajes no solo eran auténticos, sino que existían más conversaciones de ese tipo. En una de ellas, el congresista escribió: “Leonardo, buenos días, ¿me puede pasar su cédula, por favor? Me pidieron de la Cámara seleccionar un miembro de mi UTL para dar un bono de reconocimiento”. El funcionario respondió: “Buenos días, David, gracias”, seguido del número de su cédula y su nombre completo.

Esa conversación muestra que se utilizó un procedimiento administrativo con recursos públicos para reconocer una gestión cuya naturaleza es investigada. Los investigadores no encontraron evidencia de que el bono haya tenido relación con funciones legislativas, pero es más preocupante las grabaciones de voz que acompañan las pruebas ya allegadas.

En uno de esos audios, el asistente llama desde el lugar donde funcionaba el negocio del congresista y pregunta: “David, ya estoy acá en el negocio. Una pregunta: ¿sigue la orden de darle los 2 millones de pesos a dónde son para lo del mercado? ¿O cuánto le entrego? ¿Cómo hacemos? ¿O sumercé habla con él para yo entregarle esa plata?”.

La respuesta del congresista fue clara y detallada de acuerdo con la revista en mención:“Leonardo, hoy no le entregue, porfa, la plata a don Nelson. Yo ya le entregué a una que tenía aquí en el carro. Le entregué un millón para la compra de mañana (...) porque el martes se va a volver a ir y ahí sí, el martes que llega mejor mercado y más barato. Entonces, ese millón que usted tiene guardado lo deja para el martes. (...) La caja de hoy, lo que hagamos su merced se la lleva, ¿cierto? Entonces, el millón que usted ya tiene más la caja de hoy más la caja de mañana sería la plata para el mercado del martes”.

Este tipo de intercambios, junto con las pruebas documentales y las declaraciones, llevaron a que se considere una posible conducta delictiva por parte del asistente, quien podría enfrentar cargos por falso testimonio, una conducta tipificada con penas de prisión entre seis y doce años. A eso se añade la posibilidad de que su versión haya tenido como propósito alterar una decisión judicial, lo que configuraría fraude procesal.

El abogado Samuel Alejandro Ortiz, que demandó la pérdida de investidura del congresista, estuvo presente en la diligencia ante el Consejo de Estado. Al conocer la documentación que contradice lo dicho bajo juramento, expresó:“Es muy revelador y todo parece indicar que, presuntamente, Leonardo García sí incurrió en el tipo penal de falso testimonio (...) sí hay un ligamento claro entre el señor Racero y el señor Leonardo, con el fruver de Villaluz, pues aparece como una referencia para el seguro de arrendamiento del local que operaba en ese establecimiento de comercio”.

Consultado sobre el impacto que podría tener esta situación en el proceso disciplinario, el abogado respondió: “Así que cualquier prueba recaudada en ese proceso penal, solicitaremos que se traslade y sea valorada en el proceso de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado”.

A esto se suma que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia inició una investigación formal contra el congresista por el delito de concusión. Según los avances en el caso, hay dos hechos principales en revisión: pagos realizados por miembros de su equipo a sus cuentas personales y la utilización del asistente legislativo en funciones privadas relacionadas con el negocio de alimentos.

Por otro lado, el periodista Daniel Coronell señaló en uno de sus reportes:“La trazabilidad de las transacciones no sugiere la existencia de esos préstamos recíprocos. Al contrario, hace pensar a los investigadores que más bien el representante a la Cámara se quedaba con una parte del ingreso de sus subordinados”.

Las investigaciones judiciales y administrativas continúan. Las pruebas recabadas hasta el momento han encendido alarmas tanto en la Corte Suprema como en el Consejo de Estado. De comprobarse los hechos, las consecuencias podrían incluir pérdida del cargo, condenas penales y restricciones futuras para ocupar cargos públicos.