Asonada contra el Ejército en Tumaco: al menos 150 civiles intervinieron en la captura de un presunto miembro de las disidencias

La Tercera División del Ejército Nacional informó que en zona rural de Tumaco, Nariño, se registró una asonada protagonizada por aproximadamente 150 civiles durante una operación contra el narcotráfico.

Según el comunicado divulgado a través de X, los civiles habrían sido movilizados bajo constreñimiento por integrantes del grupo armado organizado residual GAO-r Oliver Sinisterra, en un intento de frenar el accionar de las tropas de la Fuerza de Tarea Hércules y el Batallón de Selva No. 53.

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El teniente coronel Fabián Triviño Quintero, comandante del Batallón mencionado relató que la presencia militar buscaba desmantelar un laboratorio clandestino de clorhidrato de cocaína, el cual daba una renta mensual aproximada de $1.000 millones a la estructura criminal.

Al llegar al lugar, las tropas encontraron resistencia directa de la comunidad: “Nuevamente, la población civil asona nuestra fuerza pública, constreñida, sometida y controlada por estas estructuras criminales”, precisó Triviño Quintero.

Durante la operación, los militares lograron la captura de alias Cascario, considerado hombre de confianza de alias Yider, cabecilla financiero de la organización delictiva. Sin embargo, la asonada civil obstaculizó el procedimiento. Los uniformados aseguraron que, pese a los intentos de impedir la detención, la acción se cumplió y la infraestructura ilegal fue desmantelada.

El Ejército hizo un llamado a la población para denunciar cualquier caso de amenaza, constreñimiento o coacción ejercidos por los grupos armados ilegales. Triviño sostuvo que este fenómeno de asonadas se produce cuando la población civil, bajo presión, busca proteger intereses de organizaciones dedicadas al narcotráfico.

“Invitamos a la población civil a denunciar cualquier tipo de amenaza, constreñimiento y obligación que están haciendo hacia la comunidad”, agregó el oficial, que insistió en que quienes integran estas estructuras consideren el proceso de desmovilización como salida legal.

Para las Fuerzas Militares, las asonadas constituyen un desafío adicional en la lucha contra las economías ilícitas y la protección de la comunidad en el Pacífico nariñense. El Ejército Nacional reafirmó su compromiso de actuar contra estas prácticas y garantizar la seguridad y el cumplimiento de la ley en la región.

Las asonadas más recientes

Uno de los incidentes más críticos ocurrió el 3 de septiembre de 2025 en la vereda Siloé, ubicada en Villagarzón, Putumayo. Durante una operación contra el narcotráfico, un grupo de civiles, presuntamente presionados por integrantes de los Comando Frontera —una disidencia de las Farc— atacó a dos militares que participaban en la destrucción de un laboratorio de cocaína.

Los soldados fueron rociados con gasolina y sufrieron quemaduras graves cuando los agresores intentaron prenderles fuego. Los uniformados, entre ellos un subteniente, fueron evacuados a un centro médico especializado debido a la gravedad de sus heridas.

Este ataque fue ampliamente condenado por el Gobierno nacional y la comunidad internacional, calificándose como un acto criminal que excede las formas tradicionales de protesta social y pone en entredicho la eficacia de los diálogos de paz en la zona.

Estos hechos impulsaron respuestas contundentes del Gobierno. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció una recompensa de $200 millones para quien brinde información sobre lo ocurrido en Villagarzón, así como el aumento de pie de fuerza en la región.

Otro episodio relevante se produjo a finales de agosto de 2025 en la vereda Nueva York, municipio de El Retorno, Guaviare, donde 33 militares fueron retenidos por habitantes de la zona mientras efectuaban operaciones contra facciones disidentes de las Farc.

El Ministerio de Defensa definió el acto como un “secuestro” y advirtió sobre posibles consecuencias judiciales para quienes participaron en la retención. Las autoridades resaltaron que estas acciones suelen estar motivadas por la presión o constreñimiento de grupos armados sobre la población civil para enfrentar a la fuerza pública y frenar las operaciones antidrogas.