El proyecto Soto Norte, ubicado en el departamento de Santander, se perfila como una de las apuestas auríferas más ambiciosas de América Latina.
El reciente Estudio de Prefactibilidad presentado por Aris Mining, en asociación con el fondo árabe Mubadala —propietario de Minesa—, confirmó que esta mina de oro, diseñada bajo un modelo de menor escala, tiene el potencial de convertirse en un motor económico para la región, al tiempo que enfrenta enormes retos ambientales por su proximidad al páramo de Santurbán, fuente vital de agua para Bucaramanga y más de dos millones de personas.
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Aris Mining, con el 51% de la propiedad, y Mubadala, con el 49% restante, han decidido replantear la magnitud del proyecto.
En lugar de una explotación de gran tamaño, la mina se construirá con una capacidad reducida de procesamiento, pasando de 7.000 a 3.500 toneladas por día (tpd). De ese total, cerca del 20% –unas 750 toneladas– será material comprado a mineros locales.
Con esta medida, la compañía busca eliminar el uso de mercurio en la región y garantizar una disposición segura de relaves y aguas residuales, de acuerdo con El Tiempo. Mientras la planta entra en operación, parte de este material será tratado en las instalaciones que Aris ya maneja en Segovia (Antioquia) y Marmato (Caldas).
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Una mina de larga vida útil
Según el estudio técnico, las reservas probadas y probables del yacimiento ascienden a 20,3 millones de toneladas, con una ley promedio de 7 gramos de oro por tonelada, lo que equivale a 4,6 millones de onzas de oro.
La proyección de producción anual en los primeros años se ubica en 263.000 onzas, una cifra que posiciona a Soto Norte como uno de los proyectos auríferos más importantes de la región.
La mina tendría una vida útil de 22 años y una inversión inicial de USD625 millones (aprox. $3,3 billones COP) para su construcción. Durante ese periodo, se espera que la empresa pague alrededor de USD2.600 millones ($13.8 billones COP) en impuesto de renta y USD393 millones ($2.1 billones COP) en regalías al Estado colombiano.
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En materia de empleo, Soto Norte generaría cerca de 2.300 trabajos en el pico de la fase de construcción, principalmente en los municipios de California, Suratá y Matanza. Sin embargo, durante la operación de largo plazo, la plantilla se reducirá a 675 empleados directos.
Agua y medio ambiente: el punto crítico
La proximidad del proyecto al páramo de Santurbán ha encendido las alarmas de las comunidades locales y de organizaciones ambientales.
El acceso y la protección del agua se han convertido en el tema más sensible del debate público. Aris Mining asegura que el rediseño del proyecto se centra precisamente en garantizar la seguridad hídrica.
De acuerdo con la compañía, los estudios geológicos realizados muestran que las aguas someras del páramo no se conectan con los acuíferos más profundos donde se desarrollará la minería.
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Para reforzar esta separación, se usarán técnicas avanzadas de perforación e inyección que permitan sellar estructuras subterráneas antes de iniciar la extracción, reduciendo la entrada de agua al sistema minero, según el medio citado.
El plan de manejo contempla separar y tratar de manera diferenciada el agua limpia y la de contacto.
Ambas se someterán a procesos de depuración antes de ser descargadas al arroyo La Baja. Además, se implementará un sistema de reciclaje interno para minimizar el consumo de agua dulce y proteger el suministro hídrico de Bucaramanga.
Neil Woodyer, director ejecutivo de Aris Mining, destacó que “los resultados del Estudio de Prefactibilidad resaltan la capacidad de Soto Norte para generar un valor significativo a largo plazo para los accionistas, la comunidad y los socios gubernamentales, a la vez que se adhiere a los más altos estándares de seguridad, protección del agua y gestión ambiental”.
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Próximos pasos y licencia ambiental
El proyecto se encuentra en la fase final de los estudios ambientales.
La empresa prevé presentar la solicitud de licencia ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) a comienzos de 2026. Solo con este aval podrá iniciar la construcción de la mina.
La obtención de la licencia será determinante, pues las comunidades de Santander y Norte de Santander han manifestado reiteradamente su preocupación por los riesgos que el proyecto puede representar para el páramo de Santurbán y el agua que abastece a la capital del departamento.
El Gobierno Nacional, por su parte, deberá equilibrar las promesas de desarrollo económico con la protección de los ecosistemas estratégicos.
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