
La Corte Suprema de Justicia de Colombia investiga una presunta red de presiones y tráfico de influencias en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), en la que aparecen figuras como Alfredo Saade, exjefe de despacho del presidente Gustavo Petro, y la empresa Soluciones Jurídicas y Empresariales SJC SAS.
La pesquisa, a cargo de la magistrada Cristina Lombana, busca determinar si existieron maniobras irregulares para la adjudicación de contratos millonarios en la Dian.
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Los accionistas de la firma implicada niegan cualquier vínculo comercial con Saade o la entidad estatal, según una investigación de El Tiempo.
El caso tomó relevancia tras la entrega a la Corte Suprema de una serie de chats por parte de Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dian.
Entre estos mensajes, destaca una conversación del 12 de mayo de 2023, en la que Saade contactó a Reyes para remitirle una propuesta jurídica de la entonces denominada Soluciones Jurídicas de la Costa S.A.S..

En los mensajes, Saade saludó a Reyes, le solicitó una reunión para el lunes siguiente y adjuntó un archivo titulado “OFERTA - SOLUCIONES JURÍDICAS DE LA COSTA S.A.S. -DIAN.pdf”. El exdirector de la Dian no respondió a la solicitud.
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La empresa en cuestión, Soluciones Jurídicas y Empresariales SJC SAS, fue fundada en abril de 2013 en Barranquilla por Carlos Rafael Plata Mendoza y Milena Beatriz Daza Núñez, ambos originarios de San Juan del Cesar.
Cada uno posee el 50% de las acciones y ejerce funciones de gerencia. La firma se dedica a la asesoría legal, representación judicial y extrajudicial, así como a actividades de cobro jurídico y prejurídico para entidades públicas y privadas.
Además, realiza procesos de recuperación de cartera y determinación de deudas. El 28 de noviembre de 2024, la compañía modificó su razón social a la actual denominación, según consta en un acta de asamblea de accionistas.
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En el ámbito contractual, la empresa suscribió al menos 22 contratos entre enero de 2018 y febrero de 2025, por un valor total de $11.121 millones.
Entre los acuerdos vigentes destaca uno con el Ministerio de Educación, firmado en febrero pasado y con vigencia hasta el próximo año, por COP 1.291 millones, destinado a la representación judicial de asuntos asignados según zonas establecidas por la oficina asesora jurídica.

Además, en enero de este año, la firma celebró un contrato por $420 millones con la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (Ugpp) para la prestación de servicios jurídicos.
Consultado por el medio citado, Carlos Rafael Plata, accionista y gerente de la empresa, afirmó que la actividad de la firma no se ajusta a las necesidades de la Dian.
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“El objeto de nuestra empresa no se enfoca en temas de la Dian. Nuestros temas siempre son laborales o pensionales, no nos dedicamos al área de los impuestos, para ese tema se tiene que tener su enfoque o su direccionamiento”, explicó.
Plata también negó que la empresa haya presentado alguna oferta a la Dian o a Alfredo Saade: “Nosotros no hemos presentado oferta ni a la Dian ni al doctor Saade”.

Respecto al archivo PDF que Saade envió a Reyes, Plata indicó que la empresa realizará una indagación interna para determinar si algún miembro del equipo tuvo contacto con la Dian o con Saade.
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“Nos vamos a reunir con el equipo y los socios de la empresa para ver si alguien tuvo algún tipo de contacto con ellos”, señaló.
Sobre su relación con Saade, Plata reconoció conocerlo, pero aclaró que no existe ningún vínculo comercial o profesional: “Lo conozco, pero por su rol como pastor. No tenemos ningún vínculo de tipo comercial con él. No vamos a la misma iglesia, pero sí somos conocidos en el tema religioso, en el tema de la oración, en el tema de consejos y esas cosas”.
La empresa anunció que investigará internamente el origen del documento enviado por Saade, mientras la Corte Suprema mantiene abiertas varias líneas de indagación.
El alto tribunal busca esclarecer los motivos que llevaron a Saade a remitir la propuesta de la compañía y la naturaleza de su relación con los propietarios de la firma.
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