El análisis de los precios pagados por la Alcaldía Local de Usaquén en la adquisición de productos y servicios logísticos generaron inquietud en el Concejo de Bogotá, luego de que la concejal Diana Diago denunciara la existencia de presuntos sobrecostos que, en algunos casos, alcanzan hasta un 655% respecto a los valores de mercado.
La funcionaria expuso que, dentro del contrato 358 de 2025, se pagaron cifras como $57.000 por un sándwich, $47.000 pesos por una cartuchera, $5.600 pesos por una botella de agua de 200 ml y $6.500 pesos por un jugo de caja de 200 ml, montos que, según su investigación, superan ampliamente los precios habituales.
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El contrato, suscrito el 31 de julio de 2025 y con vigencia hasta diciembre del mismo año, tiene como objetivo la prestación de servicios de operador logístico para la planeación, organización, producción y ejecución de eventos, jornadas y actividades en el marco del plan de desarrollo local de Usaquén 2025–2028, en articulación con el plan distrital de desarrollo “Bogotá camina segura”.
Para cumplir con ocho proyectos estipulados en el plan de desarrollo de la localidad, se contempló la realización de actividades orientadas al fortalecimiento de capacidades de los habitantes, apoyo a Mipymes, promoción de actividades artísticas y prevención de feminicidio y violencia contra la mujer.
La alcaldía destinó $2.000 millones para la logística de estas acciones. De acuerdo con la concejal Diago, ese presupuesto se distribuyó en la adquisición de productos y servicios de alimentación, decoración, equipos para actividades, menaje, mobiliario, personal, red de emergencias, sonido y video, transporte, papelería y kits de autocuidado, abarcando un total de 415 ítems.
Tras auditar el estudio previo y el contrato, la concejal identificó que los precios establecidos superan de manera desproporcionada los valores de mercado, lo que podría derivar en un presunto detrimento patrimonial.
El análisis realizado por el equipo de Diago reveló diferencias notables entre los valores de compra y los precios de mercado. Por ejemplo, el jugo de caja de 200 ml se adquirió por $6.328, mientras que su precio de mercado es de $1.137, lo que representa un sobrecosto del 456%.
La botella de agua de 200 ml se pagó a $5.892, frente a un valor de mercado de $780, con un sobrecosto del 655%. Las cartucheras contramarcadas costaron $48.000 cada una, cuando en el mercado su precio es de $10.000, lo que implica un 380% de sobrecosto.
El pendón tipo rollup de 2x1 metros se adquirió por $632.430, mientras que su valor de mercado es de $200.000, con un sobrecosto del 216%. El sándwich acompañado de jugo de caja de 200 ml, fruta de temporada y paquete de frituras se pagó a $52.821, aunque en el mercado su precio ronda los $26.500, lo que equivale a un 99% de sobrecosto.
La concejal Diago cuestionó públicamente la justificación de estos precios:
“¿Cómo es posible que en la alcaldía local de Usaquén se compre el sándwich más caro de toda Bogotá? Ni Subway, ni Cubano se atrevieron a tanto. El alcalde local avaló que un sándwich con jugo de 200 ml, una fruta y unas frituras costaran casi $60.000 cuando en el mercado ese precio está alrededor de $26.000. Un presunto sobrecosto en los precios de casi el 90%, ¿Esto lo sabe el alcalde Galán? Debería comenzar a investigar, ya que pidió la renuncia de los alcaldes locales, ponga en la mira a este alcalde, que quiere presuntamente robar a los bogotanos”.
La investigación de Diago incluyó una comparación con los precios de refrigerios y servicios de alimentación adquiridos por otras alcaldías locales, como Puente Aranda y La Candelaria, desde 2024 hasta la fecha.
Los resultados muestran que la diferencia en la compra de alimentos puede llegar a $38.000 por unidad, lo que refuerza la preocupación sobre la falta de planeación y control en los procesos de contratación.
En palabras de la concejal, “las alcaldías locales siguen siendo ruedas sueltas en Bogotá y las oficinas de contratación se convirtieron en la gallinita de huevos de oro para unos cuantos”.
Diago manifestó su inquietud por la ausencia de planeación en las oficinas de contratación y la falta de decisiones de fondo pese a las reiteradas denuncias. “¿Qué hay detrás de este tipo de contratos? ¿Por qué el alcalde local despilfarra los recursos (...) Hay muchas dudas y exijo respuestas”, afirmó la concejal, que mediante un comunicado, solicitó a los entes de control investigar el contrato en cuestión.
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