Juez negó tutela a exagentes del CTI acusados de falsificar información en casos ‘Pacho Malo’ y Nicolás Petro: seguirán presos

El proceso judicial contra los exagentes del CTI Víctor Forero y Juan Camilo López continuará con ambos privados de la libertad, después de que el Tribunal Superior de Manizales declarara improcedente una tutela presentada por sus abogados.

Estos exfuncionarios, que desempeñaron un papel destacado en la Fiscalía bajo la dirección de Francisco Barbosa, son procesados por supuestas irregularidades en el manejo de información policial en dos casos de alto perfil: el de alias Pacho Malo y el de Nicolás Petro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la decisión judicial conocida por Caracol Radio, la solicitud de tutela pretendía obtener la libertad de los exagentes bajo el argumento de vulneración de derechos fundamentales como la libertad y el debido proceso, ya que su defensa consideró que la medida de aseguramiento y la orden de captura carecían de justificación suficiente.

Según los abogados, el juzgado Cuarto Penal del Circuito de Manizales “carece de una debida motivación, no se realizó en estricto sentido el ‘test’ de proporcionalidad, y se valoraron erróneamente algunos elementos probatorios”.

Sin embargo, al analizar la petición, el Tribunal de Manizales concluyó que esta acción no era procedente, señalando que en realidad pretendía establecer una tercera instancia en el sistema penal acusatorio, algo que no contempla la legislación vigente.

Actualmente, los exagentes Forero y López afrontan una investigación por presuntamente alterar documentos oficiales de la policía judicial para favorecer a “Pacho Malo”, identificado como otro exmiembro del CTI involucrado en actividades de narcotráfico y contrabando en los puertos de Buenaventura y Barranquilla.

Tras estas acusaciones, el juzgado 4 penal del circuito de Caldas ordenó el 1 de agosto la captura y mantuvo la prisión preventiva de ambos, fundamentando la decisión en la posibilidad de manipulación de pruebas y el riesgo que representarían para las víctimas.

La situación se ha visto complejizada por retrasos procesales. Para el martes 2 de septiembre estaba programada la audiencia de acusación formal contra Forero y López por delitos de falsedad ideológica en documento público, favorecimiento, amenaza a testigo y ocultamiento o destrucción de pruebas, pero la diligencia no se llevó a cabo.

Según el sistema de la Rama Judicial, la razón fue el impedimento declarado por la juez asignada al caso. Aún no se conocen los motivos de este impedimento y el expediente deberá pasar a manos de otro juzgado antes de que avance el proceso jurídico.

Apenas el 1 de agosto de 2025, las autoridades judiciales ordenaron la captura inmediata de Víctor Forero y Juan Camilo López, ambos exinvestigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía en Colombia, quienes se encuentran involucrados en el entramado de corrupción relacionado con el narcotráfico que operaba en el puerto de Buenaventura.

Según se desprende del reciente fallo emitido en segunda instancia por la juez cuarta Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Manizales (Caldas), esta decisión apunta a la gravedad de los delitos atribuidos y a la necesidad de hacer efectiva la acción de la justicia.

La investigación en la que están implicados Forero y López forma parte del proceso judicial contra Francisco Javier Martínez Ardila, conocido como “Pacho Malo”, quien ejercía como excoordinador del CTI en Buenaventura y actualmente permanece bajo detención por sus estrechos vínculos con bandas de narcotráfico que empleaban ese puerto del Pacífico colombiano para exportar cargamentos de cocaína.

De acuerdo con las pesquisas, “Pacho Malo” aprovechaba su posición para brindar protección y favorecer los intereses de estructuras criminales en la región.

El pasado 21 de febrero, Víctor Forero y Juan Camilo López habían sido aprehendidos por cargos de falsedad ideológica en documento público, ocultamiento o destrucción de material probatorio, favorecimiento y amenazas.

No obstante, una decisión adoptada en marzo por el Juzgado Segundo de Control de Garantías les permitió recuperar su libertad provisionalmente. La reciente sentencia revoca ese beneficio y determina que deben volver a ser privados de la libertad.