El proceso de nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de Juventud sigue rodeado de cuestionamientos luego de que se conociera que no existen registros de la presentación del examen Saber Pro en la base de datos oficial del Icfes.
Dichas pruebas son un requisito indispensable para quienes aspiran a graduarse como profesionales en Colombia.
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La información fue revelada por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien junto con su equipo verificó el número de identificación de Guerrero en los sistemas del Icfes. De acuerdo con la congresista, la búsqueda no arrojó resultados sobre la realización ni aprobación de los exámenes de Estado, lo cual genera dudas sobre la validez del título universitario reportado por la funcionaria.
Cambio confirmó de manera independiente la ausencia de registros, no solo en 2025, sino también en las bases de los años 2024 y 2023. En ninguna de esas consultas aparece que Guerrero haya cumplido con el requisito que la legislación colombiana establece como obligatorio para quienes culminan carreras profesionales.
La funcionaria afirmó haberse graduado el pasado 19 de julio en la Fundación Universitaria San José, institución en la que aseguró haber cursado inicialmente un programa tecnológico para posteriormente completar los estudios en Contaduría Pública. No obstante, los datos revisados muestran que tampoco existe constancia de haber realizado las pruebas TyT, requeridas para los estudiantes próximos a recibir un título de tecnólogo.
Pedraza cuestionó que se intente avanzar en un nombramiento de esa magnitud con inconsistencias sobre requisitos académicos básicos. “En este país hay muchos jóvenes formados profesionalmente, con experiencia y buscando trabajo. E incluso quienes lo consiguen difícilmente obtienen un salario de 15 millones de pesos (la asignación mensual que tendría Guerrero como viceministra)”, declaró la congresista, citada por Cambio.
El escenario ha generado también un debate en torno a la experiencia laboral que se le atribuye a Guerrero. El manual de funciones del Ministerio de la Igualdad y Equidad, al que estaría adscrito el viceministerio de Juventud, exige al menos 24 meses de trayectoria profesional para quienes aspiren a cargos directivos. Este requisito difícilmente se cumpliría en el caso de la joven, pues de acuerdo con los datos disponibles, su grado universitario se produjo hace menos de dos meses.
El Departamento Administrativo de la Función Pública trabaja actualmente en un concepto para determinar si es posible acreditar la experiencia previa a la obtención del título universitario. Esta definición será clave para establecer si Guerrero cumple con las condiciones legales para ocupar el cargo.
A los cuestionamientos académicos y de experiencia se suma la publicación de dos hojas de vida diferentes en las últimas semanas. En una de ellas aparecía el título profesional y en otra no, lo que ha aumentado la incertidumbre sobre la veracidad de la información aportada en el proceso de selección.
La situación ya generó reacción entre trabajadores sindicalizados del Ministerio de la Igualdad, quienes enviaron una comunicación al presidente Gustavo Petro. En la carta solicitan reconsiderar el nombramiento debido a los vacíos detectados en el perfil de Guerrero. El documento, conocido por Cambio, plantea que la designación podría enviar un mensaje equivocado sobre los criterios de mérito y transparencia que deben primar en la administración pública.
Los exámenes Saber Pro son exigidos a todos los estudiantes de últimos semestres en instituciones de educación superior, sin importar la modalidad de la carrera. Su objetivo es medir competencias genéricas y específicas, además de servir como un filtro de calidad de la educación. La ley establece que, sin este requisito, ninguna universidad puede expedir el diploma profesional.
En consecuencia, la ausencia de registros oficiales abre interrogantes sobre cómo se realizó el proceso de grado de Guerrero y sobre la validez del título otorgado. Hasta el momento, la Fundación Universitaria San José no ha emitido un pronunciamiento público al respecto, lo que aumenta la expectativa frente a las explicaciones que pueda entregar la institución.
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