
Dos militares del Ejército Nacional resultaron con quemaduras de gravedad luego de ser rociados con gasolina y prendidos fuego durante una asonada, registrada en medio de una operación antidrogas en la vereda Siloé, municipio de Villagarzón, Putumayo. Los uniformados permanecen bajo atención médica, mientras las autoridades intensifican las investigaciones para identificar a los responsables del ataque.
El miércoles 3 de septiembre, tropas de la Brigada 27 del Ejército Nacional desplegaron una operación para desmantelar un laboratorio clandestino destinado a la producción de pasta base de coca en Siloé.
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Durante la intervención, un subteniente y un soldado fueron atacados por un grupo de civiles que presuntamente participaron en una asonada para impedir la destrucción de la infraestructura ilegal. Los agresores rociaron a los uniformados con combustible y los incendiaron, lo que les provocó quemaduras de consideración.

Tras producirse el ataque, otros miembros del Ejército evacuaron de inmediato a los heridos hacia un centro de salud de Florencia, Caquetá, donde continúan bajo observación médica especializada.
Fuentes de las Fuerzas Militares señalaron a Infobae Colombia que: “Ya los están evacuando. Están verificando en qué condiciones están. No podemos decir si están vivos, si están muertos... Están verificando su situación médica”. Hasta el cierre de esta nota, su pronóstico se mantiene reservado.
El pronunciamiento del Ejército
Con base en el reporte oficial entregado por el Ejército Nacional, el Batallón de Infantería N.º 25 adelantaba operaciones para neutralizar fuentes de financiación del crimen organizado en la región mediante la destrucción de laboratorios ilegales.
La institución castrense aseguró que estas acciones forman parte de la política estatal para enfrentar la producción y tráfico de estupefacientes y que los uniformados heridos cumplían sus funciones en el marco del mandato constitucional.

El comando de la Vigésima Séptima Brigada calificó la agresión como una flagrante violación de los Derechos Humanos y anunció que denunciará ante las autoridades.
“El Ejército Nacional rechaza de manera categórica estas acciones criminales y denunciará ante las autoridades competentes el constreñimiento de la población civil por parte del grupo armado organizado (GAO-r) Comandos de Frontera”, indicaron en el comunicado.
Según el comunicado, “estas acciones constituyen una grave agresión contra la vida e integridad de nuestros soldados”, y reflejan la difícil situación de orden público en sectores con fuerte presencia de economías ilegales.
Ministerio de Defensa anuncia recompensa
Como parte de las medidas tras el hecho, el Ministerio de Defensa anunció una recompensa de $200 millones por información que permita la identificación y captura de los responsables del ataque. Esta suma también aplicará para otros casos recientes de ataques contra la fuerza pública, incluidos hechos ocurridos en otros departamentos.
El ataque en Villagarzón generó alarma sobre los riesgos que enfrentan las tropas en zonas donde la presión del narcotráfico y las alianzas con actores armados irregulares complican las labores estatales.

El mismo miércoles 3 de septiembre, otro hecho violento se reportó en Saravena, Arauca, donde un ataque armado contra funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal e Inteligencia de la Policía dejó dos policías muertos y dos más heridos.
Las autoridades nacionales rechazaron ambos hechos e insistieron en la vigencia de la recompensa como parte de la ofensiva para esclarecer estos crímenes y garantizar la seguridad de la comunidad y de la fuerza pública.
Las investigaciones avanzan para determinar con precisión cuántas personas participaron en la asonada de Villagarzón y si la actuación estuvo organizada por estructuras armadas.
En respuesta a estos hechos, el despliegue de operativos militares en la región se mantiene. El Ejército Nacional reiteró que dará continuidad a las labores de erradicación de cultivos ilícitos y destrucción de laboratorios, e invitó a la comunidad a entregar información que permita identificar a los autores de la agresión.
Las autoridades reiteran su llamado a rechazar la violencia y colaboran con la Fiscalía General de la Nación para esclarecer lo ocurrido y llevar a proceso judicial a los responsables.
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