El Gobierno nacional presentó ante el Congreso un proyecto de reforma tributaria que podría modificar de manera significativa el mercado automotor y el costo de la movilidad en Colombia.
La iniciativa, que busca recaudar 26.3 billones de pesos para fortalecer las finanzas públicas en 2026, contempla un aumento del IVA en ciertos vehículos que hasta ahora contaban con beneficios tributarios.
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Según el Ministerio de Hacienda, los vehículos híbridos, que actualmente pagan un 5 % de IVA, pasarían a la tarifa general del 19 %.
La medida responde a la intención del Gobierno de reorientar los incentivos fiscales hacia tecnologías de cero emisiones, como los vehículos eléctricos, mientras considera que los híbridos siguen dependiendo de combustibles fósiles y su impacto ambiental es limitado.
El aumento representaría un incremento directo del 14 % en el precio de estos automóviles, afectando principalmente a compradores de estratos altos que habían aprovechado los beneficios fiscales.
La subida no solo afecta a los carros híbridos
El proyecto también eleva los impuestos para vehículos cuyo valor supere los $120 millones y para motocicletas con cilindraje superior a 200 cc, aumentando la tasa del 16 % al 19 %.
Modelos populares en el mercado, como el Toyota Corolla Cross, quedarían incluidos en este esquema si la reforma es aprobada.
Y también le van a subir a la gasolina
En cuanto a los combustibles, la reforma establece un aumento progresivo de los impuestos sobre gasolina y diésel.
A partir de 2026, ambos estarán sujetos a un IVA del 10 %, que llegará al 19 % en 2027 para la gasolina y en 2028 para el diésel.
Además, el impuesto al carbono se incrementará notablemente y las mezclas de biocombustibles comenzarán a pagar IVA a partir de 2027, con el objetivo de desincentivar el consumo de energías basadas en combustibles fósiles.
Estas medidas, según el Gobierno, buscan también reducir la contaminación urbana y promover alternativas de transporte más sostenibles.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, indicó que la reforma busca reducir el déficit fiscal, que actualmente supera el 7 % del PIB, y pidió un debate responsable en el que se escuchen diferentes opiniones sociales, políticas y económicas.
Paralelamente, se presentó el Presupuesto General de la Nación para 2026, que asciende a 556,9 billones de pesos e incorpora los recursos adicionales que se obtendrían con la reforma.
El sector empresarial ha mostrado preocupación por los posibles efectos sobre el consumo y la inversión.
La Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham Colombia) advirtió que la solución a la crisis fiscal “no puede ser más impuestos a las mismas empresas y ciudadanos” y pidió que se evalúen alternativas de disciplina del gasto y crecimiento económico sostenible.
El mercado de vehículos híbridos y eléctricos ha crecido en los últimos años. Según Fenalco, en 2024 se vendieron 42.688 unidades híbridas frente a 9.178 eléctricas, y en el primer semestre de 2025 las cifras alcanzaron 25.541 híbridos y 7.294 eléctricos.
Los híbridos representan actualmente más del 20 % de los vehículos vendidos en Colombia, mientras que los eléctricos apenas alcanzan el 4,6 %. Este auge ha sido impulsado en parte por los beneficios tributarios, que han reducido el IVA de los híbridos al 5 %.
Analistas advierten que la eliminación del beneficio podría frenar el crecimiento del mercado y afectar la adopción de tecnologías más limpias a mediano plazo.
Más dinero para recaudar
El aumento del IVA podría generar $146.000 millones adicionales en recaudación para 2026 y hasta $185.000 millones en 2030, según el Ministerio de Hacienda.
Estos recursos se destinarían a infraestructura sostenible, energías renovables y proyectos contra el cambio climático, fortaleciendo la transición hacia un transporte menos contaminante.
Gremios y expertos advierten que, aunque la reforma busca estabilidad fiscal, sus efectos podrían trasladarse a la clase media y al transporte de bienes y servicios, afectando indirectamente el costo de vida.
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, calificó la propuesta como “socialmente injusta” y señaló que los colombianos podrían asumir el costo de la gestión fiscal del Gobierno.
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