El hallazgo del cuerpo de Valeria Afanador, una niña de 10 años cuyo paradero se mantuvo desconocido por dieciocho días, estremeció a la comunidad de Cajicá (Cundinamarca) y reactivó preguntas profundas sobre la seguridad escolar en Colombia.
A pesar de que las zonas en torno al río Frío ya habían sido inspeccionadas en repetidas ocasiones por más de 200 rescatistas, cámaras térmicas, drones y perros de búsqueda, fue un campesino quien finalmente localizó el cuerpo el viernes 29 de agosto, a tan solo 300 metros del colegio, Gimnasio Campestre Los Laureles, donde estudió la menor.
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La conmoción generada por el caso derivó en la apertura de un proceso administrativo contra la institución educativa, confirmado por la Gobernación de Cundinamarca.
El mandatario departamental, Jorge Emilio Rey, indicó que la pesquisa se centra en establecer si el colegio cumplió a cabalidad los protocolos de seguridad y su plan de gestión del riesgo el día de la desaparición de Valeria.
“Es un proceso que, de comprobarse ineficiencias o fallas en la aplicación del plan de gestión del riesgo de la institución educativa, las decisiones pueden llegar hasta decretar el cierre del establecimiento”, señaló el gobernador de Cundinamarca en entrevista para Alerta Bogotá y que fueron citadas por medios nacionales.
La incertidumbre que rodea la desaparición y posterior fallecimiento de la menor ha movilizado a los organismos de socorro, la comunidad y las autoridades.
Durante 18 días, las pesquisas se extendieron a lo largo del río Frío y sus alrededores, sin obtener resultados, lo que ha generado mayores suspicacias sobre los hechos y posibles omisiones en el protocolo de seguridad del plantel educativo.
Ante la conmoción, la Fiscalía y Medicina Legal asumieron la investigación judicial enfocada en esclarecer las causas de la muerte y determinar la eventual intervención de terceros.
Líneas de investigación por muerte de Valeria
Actualmente, existen dos líneas de indagación sobre el caso: por un lado, el proceso judicial dirigido por la Fiscalía General de la Nación para identificar la causa del fallecimiento de Valeria Afanador y establecer si hubo participación de terceros; por el otro, la investigación administrativa que pesa sobre el colegio, cuya continuidad —según lo explicó el propio Rey— depende directamente de los resultados de la instancia judicial.
“Esperemos entonces qué sucede con esta investigación principal, y la suerte de la investigación principal determinará la suerte de esta investigación accesoria”, precisó el gobernador. De establecerse alguna forma de negligencia institucional en la desaparición de la menor, la sanción podría incluir la suspensión de actividades académicas en la institución.
Desde la perspectiva familiar, el abogado Julián Quintana, representante de los Afanador, sostiene que el colegio debe responder por la desaparición y remarca la posibilidad de intervención por parte de una tercera persona.
Quintana reiteró: “El hallazgo sin vida no descarta lo que hemos denunciado desde los primeros días y es la responsabilidad del colegio y que una tercera persona la haya sustraído del plantel o por lo menos le haya indicado cómo salir y a las afueras del establecimiento la haya raptado“.
¿Qué dice el colegio?
En respuesta a la crisis generada por este caso, el Gimnasio Campestre Los Laureles difundió dos comunicados públicos. En el primero, la institución admitió que atravesaba “el momento más doloroso” de su historia y manifestó solidaridad con la familia Afanador.
Posteriormente, en una segunda declaración, el colegio recalcó que cuenta con protocolos y mecanismos de seguridad, subrayando que “ha contado siempre con direccionamientos y protocolos de seguridad para la protección de nuestros estudiantes. Corresponderá exclusivamente a las autoridades judiciales efectuar las investigaciones pertinentes (...) Como colegio, desde el principio hemos puesto a disposición de los investigadores toda la información necesaria y no descansaremos hasta que se conozca la verdad completa de este desgarrador episodio”, aseguró la institución, comprometiéndose también a salvaguardar la integridad de los más de 300 estudiantes y familias a su cargo.
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