HRW advierte que Colombia arriesga la protección de derechos humanos al recortar presupuesto de la Defensoría del Pueblo

Human Rights Watch (HRW) alertó en un informe publicado este lunes que los recortes presupuestales propuestos por el Gobierno colombiano para la Defensoría del Pueblo podrían debilitar de manera grave la protección de los derechos humanos en el país, en un contexto de creciente violencia y crisis humanitaria.

El informe señala que el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2026, presentado por el gobierno del presidente Gustavo Petro, contempla una reducción de hasta el 3% en la financiación de la Defensoría en comparación con 2025, lo que equivaldría a un déficit de 32,3 millones de dólares. Esta cifra representa un 9,7% menos del monto que la entidad considera necesario para operar de forma eficaz el próximo año.

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Además, los recursos de inversión (fondos destinados a ampliar operaciones y fortalecer capacidades de monitoreo) sufrirían un recorte del 30%, limitando seriamente el alcance de la institución.

HRW: “un golpe en un momento crítico”

La directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, cuestionó la decisión del Ejecutivo y del Congreso afirmando que “en medio del aumento de la violencia de los grupos armados, los recortes en la asistencia internacional y con unas elecciones cruciales el próximo año, es fundamental que la Defensoría del Pueblo cuente con los recursos que necesita para llevar a cabo su labor”.

Agregó que, al reducir la capacidad de la entidad, el Estado colombiano “está socavando las herramientas necesarias para proteger a la población frente a violaciones de derechos humanos”.

Un contexto de violencia en aumento

La advertencia de HRW se da en un escenario marcado por la escalada de la violencia. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), 1,45 millones de personas fueron afectadas por la violencia en Colombia durante el primer semestre de 2025, una cifra cuatro veces superior a la del mismo periodo en 2024.

En ese mismo lapso más de 70.200 personas fueron desplazadas forzosamente, un 30% más que en todo 2024. Además, los confinamientos aumentaron un 44%, y los homicidios crecieron un 3,1 % y los secuestros un 53%, según datos del Ministerio de Defensa.

Colombia es, además, uno de los países con mayor número de defensores de derechos humanos asesinados en el mundo. Desde 2016, al menos 1.500 líderes sociales y defensores han sido asesinados, de acuerdo con cifras de la propia Defensoría.

La alerta de la Defensora del Pueblo

La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió ante la Cámara de Representantes que el recorte presupuestal impediría aumentar la capacidad de monitoreo en las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.

Asimismo, afectaría el funcionamiento del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), unidad clave para advertir a las comunidades sobre riesgos de violencia y prevenir abusos.

Marín señaló que la reducción de recursos también impactaría en la capacidad para documentar y responder a los asesinatos de defensores de derechos humanos, una problemática persistente en el país.

Elecciones bajo amenaza

El panorama electoral en Colombia ya está marcado por la violencia. En octubre de 2023, durante las elecciones locales, la Misión de Observación Electoral (MOE) registró 176 actos de violencia contra candidatos, incluidos seis asesinatos.

De cara a 2026, la situación es aún más delicada tras el asesinato del congresista y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, lo que aumenta la preocupación por la seguridad de los procesos democráticos.

Menos cooperación internacional

El debilitamiento no solo proviene de decisiones internas. HRW recordó que, a la par, varias agencias internacionales han reducido su presencia en Colombia.

En junio de 2025, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos anunció el despido de casi la mitad de su personal y el cierre de tres oficinas en regiones críticas.

Por su parte, la USAID suspendió programas como InspiraPaz, una iniciativa de 20 millones de dólares diseñada para prevenir violaciones de derechos humanos en zonas de conflicto.

HRW pide replantear la decisión

Para HRW, la combinación de violencia creciente, reducción de cooperación internacional y recortes internos al presupuesto de la Defensoría del Pueblo coloca a Colombia en una situación de alto riesgo.

“Debilitar la Defensoría del Pueblo en este momento minaría la capacidad de Colombia para proteger a la población y responder a los crecientes desafíos en materia de derechos humanos”, subrayó Goebertus.

La organización instó al Gobierno y al Congreso a reconsiderar los recortes y garantizar que el presupuesto de 2026 refleje un compromiso real con la defensa de los derechos humanos.

Una institución clave desde 1991

La Defensoría del Pueblo, creada en 1991, es un organismo independiente cuya misión es promover, proteger y garantizar los derechos humanos en Colombia. Su labor se ha vuelto especialmente relevante en medio de la persistencia del conflicto armado, la violencia política y el crimen organizado.

Con los recortes planteados, advierte HRW, el país corre el riesgo de debilitar una de las pocas instituciones dedicadas exclusivamente a salvaguardar los derechos de las comunidades más vulnerables.