Hay una controversia en torno al estatus judicial de Sandra Ramírez, senadora del partido Comunes, que cobró fuerza tras la difusión de un video en el que la congresista negó ser compareciente ante la Justicia Especial para la Paz (JEP), pese a la existencia de documentos oficiales que la reconocen como tal.
El documento de la JEP que autorizó el viaje de Ramírez a Europa detalla que la senadora participaría en el panel titulado “Mujeres combatientes: roles y necesidades en la consolidación de la Paz en conflictos y postconflictos”. Según el texto, el objetivo del evento era exponer historias de mujeres combatientes y analizar mecanismos para fortalecer su participación en los procesos de paz.
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“Explicó la compareciente que participará en el panel ‘Mujeres combatientes: roles y necesidades en la consolidación de la Paz en conflictos y postconflictos’, cuyo propósito es mostrar algunas historias de mujeres combatientes y discutir sobre la forma de garantizar una mejor participación de las mujeres combatientes en los procesos de paz”, reza el documento de la Jurisdicción.
Pese a este reconocimiento formal, Sandra Ramírez rechazó públicamente su condición de compareciente. En un video publicado en X por Daniel Maldonado, que dice ser un activista político de oposición, la senadora afirmó en los pasillos del Congreso: “No soy compareciente, sumercé, no soy compareciente (…) cuando se firmó el acuerdo se pactó que la Dirección Nacional asumiría los horrores de la guerra”.
Esta declaración generó polémica, ya que contradice lo estipulado en el Acuerdo de Paz de La Habana de 2016, que estableció que todos los firmantes asumirían compromisos de búsqueda de verdad ante la justicia transicional y serían considerados comparecientes. Entre estos firmantes figura la propia Ramírez, que ha adquirido relevancia dentro de Comunes, partido surgido de la negociación entre la antigua guerrilla y el Estado colombiano, durante el gobierno de Juan Manuel Santos.
Frente a la revelación del documento de la JEP, la senadora respondió citando una resolución más reciente, fechada el 6 de mayo de 2024, en la que solicitó autorización para viajar a Irán con motivo de una exposición. En esa oportunidad, la JEP precisó que la congresista ya no requería permisos para salir del país, dado que su situación jurídica había sido resuelta mediante un decreto de 2017.
“En este sentido, a partir de la emisión de la presente resolución, la compareciente no estará sujeta a presentar solicitudes ante la JEP para poder salir del país, y podrá hacerlo de conformidad con sus necesidades, siempre que estas no estén en contra vía de algún fin del sistema transicional o no esté siendo requerida por algún órgano del SIP”, puntualiza el texto de la resolución.
A pesar de la controversia generada por el video y la documentación oficial que la reconoce como compareciente, Sandra Ramírez no emitió declaraciones adicionales sobre el tema.
Sandra Ramírez fue escogida como vicepresidenta de la Comisión VI del Senado
El reciente nombramiento de Sandra Ramírez como vicepresidenta de la Comisión Sexta del Senado ha reavivado el debate nacional sobre la presencia de exintegrantes de las FARC en la política colombiana. La senadora, que obtuvo su curul como parte de los acuerdos alcanzados en La Habana, asume ahora un rol de alta exposición pública y responsabilidad en áreas clave como telecomunicaciones, educación y cultura.
La llegada de Ramírez a este cargo ha generado una marcada polarización dentro del Congreso de Colombia: mientras algunos sectores políticos ven en su designación un avance en la implementación de los compromisos del proceso de paz, otros la consideran un ejemplo de impunidad.
El caso de Ramírez ha intensificado la discusión sobre el alcance y los límites de la integración de exmiembros de la extinta guerrilla en la vida institucional del país. Para quienes cuestionan su nombramiento, la presencia de figuras como ella en posiciones de poder representa una señal preocupante respecto al cumplimiento efectivo de las sanciones y la reparación a las víctimas.
En contraste, los defensores del Acuerdo de Paz sostienen que la participación de excombatientes en la democracia colombiana responde a lo pactado en la negociación de La Habana. Según este sector, designaciones como la de Ramírez constituyen un paso necesario para consolidar la transición de la antigua insurgencia hacia la legalidad y fortalecer la inclusión política como garantía de no repetición.
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