Álvaro Uribe recordó que él mismo acusó a Gustavo Petro de reunirse con paramilitares y narcotraficantes, como Carlos Castaño, cuando era senador

La reciente publicación de Álvaro Uribe en su cuenta oficial de X han provocado una polémica política en Colombia.

El político acusó a Gustavo Petro de haberse reunido en varias ocasiones con líderes paramilitares y narcotraficantes, así como de haber recibido supuestos pagos ilícitos.

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Uribe sostuvo que Petro mantuvo encuentros con figuras como Carlos Castaño y don Berna, y que habría omitido denunciar delitos graves, lo que ha reavivado el debate sobre los vínculos entre la política y el crimen organizado en Colombia.

“Una de las reuniones se realizó entre el 8 y el 19 de julio de 2000, tiempo durante el cual Carlos Castaño mantuvo secuestrado, con intención de asesinarlo, a Carlos Alfonso Lucio, que en el cautiverio supo de la reunión y de la actitud del señor Petro, de quien comenta que nada hizo para salvarle la vida ni denunció el secuestro, del cual tuvo conocimiento antes de que las autoridades supieran sobre los captores”, relató Uribe.

Uribe presentó un resumen de sus señalamientos, afirmando que Petro sostuvo reuniones con Carlos Castaño, líder paramilitar, en las que, según el exmandatario, el entonces senador buscaba protección, criticaba a otros miembros de la izquierda y señalaba a algunos de sus propios colegas.

De acuerdo con el relato, Lucio supo del encuentro y aseguró que Petro, pese a conocer el secuestro antes que las autoridades, no tomó ninguna acción para salvarle la vida ni denunció el hecho.

Uribe subrayó que Petro solo mencionó públicamente esta reunión cuatro años después, durante la presentación de un libro.

En otro episodio, Uribe relató que el 14 de julio de 2001, Petro se reunió nuevamente con Castaño y con don Berna.

En esa ocasión, según el exsenador, Petro solicitó protección para una persona y discutió temas relacionados con tierras.

Uribe añadió que en la reunión estuvo presente una funcionaria de la Defensoría del Pueblo, lo que, a su juicio, otorga mayor gravedad a los hechos.

El exmandatario también se refirió a una visita de Petro a Castaño a finales de 2002 o principios de 2003, en el campamento veintiuno, la cual, según Uribe, se realizó sin cumplir los requisitos legales.

Castaño habría informado de este encuentro a los asesores de Luis Carlos Restrepo, quien en ese momento ejercía como comisionado de Paz. Uribe afirmó que recibió esta información recientemente de parte de dichos asesores.

“En otra de las ocasiones, la visita del señor Petro a Carlos Castaño fue entre finales de 2002 y principios de 2003, en el campamento veintiuno, violando los requisitos legales. Castaño comunicó a asesores del doctor Luis Carlos Restrepo, entonces comisionado de Paz, quienes me han informado recientemente”,

En sus declaraciones, Uribe señaló que Petro no ha rectificado la denuncia hecha por Salvatore Mancuso, a quien le habría ofrecido asilo político en Venezuela.

Además, el exsenador pidió explicaciones sobre la posible recepción de dinero por parte de Petro proveniente de Miguel Rodríguez Orejuela, uno de los principales capos del narcotráfico en Colombia.

Uribe aseguró que, según información reciente, un allegado de Rodríguez Orejuela afirmó que se entregó un millón de dólares a Petro, y que este dinero se canalizó a través de intermediarios y correspondencia, utilizando el canal diplomático de Venezuela.

Uribe sugirió que la justicia debería interrogar directamente a Rodríguez Orejuela sobre estos hechos.

A estas acusaciones se suman las declaraciones de José Fernando Ospina Montoya, conocido como alias Gordo Lamba, quien admitió haber delinquido junto a Pablo Escobar.

En un audio difundido en un portal digital, Ospina Montoya afirmó que Petro se reunía con Escobar y que habría recibido un millón de dólares para atacar el Palacio de Justicia.

Uribe recordó que, mientras Escobar supuestamente financiaba acciones violentas contra la Corte Suprema, también habría ordenado atentados en su contra por las restricciones que él impuso al narcotráfico, como la prohibición del acceso nocturno al aeropuerto Olaya Herrera de Medellín.