La costa Caribe suma un nuevo capítulo en la larga disputa contra la erosión marina. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) dio vía libre al Ministerio de Transporte y al Instituto Nacional de Vías (Invías) para avanzar en la construcción de dos viaductos que transformarán el corredor Ciénaga–Barranquilla, uno de los más golpeados por la fuerza del mar y, a la vez, una pieza clave para la movilidad de la región. La resolución 001734 del 21 de agosto de 2025 marca oficialmente el inicio de una obra que, más allá de los cálculos de ingeniería, se lee como un intento por equilibrar la infraestructura con la protección de un ecosistema frágil y valioso.
El plan contempla levantar un viaducto de cinco kilómetros y otro de tres, ambos sobre un territorio declarado reserva de biósfera, la Ciénaga Grande de Santa Marta. Allí, donde las aguas se mezclan con la tierra y las comunidades conviven a diario con los embates del cambio climático, la construcción aparece como la alternativa definitiva frente a décadas de soluciones provisionales. No es casual que la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, lo haya descrito con énfasis: “Este es un paso fundamental para garantizar la conectividad de la región Caribe y, al mismo tiempo, proteger uno de los ecosistemas más valiosos del país”.
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El anuncio, sin embargo, no surgió de la nada. Durante los últimos años, Invías ejecutó medidas de contención para evitar que el mar siguiera devorando la vía. Se construyeron enrocados multicapas y se reforzaron puntos críticos, esfuerzos que permitieron mantener abierta la comunicación entre ciudades mientras se avanzaba en el complejo trámite de licenciamiento ambiental. Eran acciones de emergencia, necesarias, pero insuficientes frente a la magnitud del problema. El deterioro era evidente para quienes circulaban a diario por el corredor, tramos estrechos, zonas debilitadas y la sensación constante de que la carretera estaba al borde del colapso.
La aprobación de la licencia representa, en ese contexto, un punto de inflexión. Para las autoridades de infraestructura, significa la posibilidad de pasar de medidas paliativas a una solución estructural. Para los ambientalistas, el mensaje es doble, la obra fue autorizada después de un estudio técnico exhaustivo y con el compromiso explícito de respetar las condiciones del ecosistema.
“Después de realizar el estudio de impacto ambiental más completo sobre la Ciénaga Grande de Santa Marta, cumplimos todos los requisitos exigidos por la máxima autoridad ambiental para avanzar en esta solución definitiva frente a la erosión costera causada por el cambio climático”, señaló el director general (e) del Invías, Jhon Jairo González.
El proyecto, además, no se limita a una cuestión técnica. La vía Ciénaga–Barranquilla es un eslabón estratégico para la economía del norte del país, conecta a la capital del Atlántico con Santa Marta y, por extensión, con la red de puertos de la región. Su interrupción significaría no solo un golpe a la movilidad de miles de viajeros diarios, sino un riesgo para el transporte de carga, el turismo y el comercio. En esa medida, lo que está en juego no es solo la seguridad de un tramo vial, sino la estabilidad de un corredor vital para el Caribe.
La licencia ambiental, por tanto, abre la puerta a un desafío doble. El primero es ingenieril, construir sobre un ecosistema complejo, en medio de humedales y áreas protegidas, sin repetir errores de obras pasadas que dejaron cicatrices en el paisaje. El segundo es social, responder a las expectativas de comunidades que esperaron durante años una respuesta definitiva y que observan con atención cómo el Estado promete conciliar desarrollo con conservación.
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