La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió un incidente de desacato y medidas correccionales contra la alcaldesa de Suan, Atlántico, Karolay Calvo Rivera, por incumplir las órdenes relacionadas con la implementación de la Ruta de Memoria, que hace parte de la medida cautelar adoptada sobre el megaproyecto del Canal del Dique.
La funcionaria fue notificada oficialmente el 25 de agosto y cuenta con un plazo de cinco días hábiles para presentar sus argumentos de defensa ante la justicia transicional.
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La determinación fue tomada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP, tras constatar múltiples irregularidades en los reportes entregados por la administración municipal.
De acuerdo con la verificación del tribunal de paz, los documentos presentados contienen vacíos sustanciales que reflejan un incumplimiento sistemático y ponen en riesgo los compromisos adquiridos para garantizar los derechos de las víctimas y preservar la memoria histórica en un territorio marcado por el conflicto armado interno.
Las irregularidades detectadas por la JEP
La JEP precisó que los informes de la Alcaldía de Suan carecen de elementos esenciales para la adecuada implementación de la Ruta de Memoria. Entre las deficiencias señaladas se encuentran la falta de un cronograma detallado de cumplimiento, la ausencia de un proceso de concertación plena con la organización Ruta del Cimarronaje y la no formulación de un plan de sostenibilidad que garantice la permanencia del monumento conmemorativo previsto.
A estas falencias se suma la falta de participación en las reuniones de seguimiento ordenadas por la jurisdicción, pues la JEP constató que la alcaldía se ausentó de manera reiterada en las tres últimas sesiones de las Mesas Técnicas sin excusa ni justificación formal.
Para el tribunal de paz, estas omisiones comprometen la continuidad del proceso y afectan de manera directa el principio de centralidad de las víctimas en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad dejó claro que estos incumplimientos no corresponden a un error administrativo aislado, sino a una conducta que limita la participación de las comunidades y desconoce el papel fundamental de las víctimas en la construcción de memoria.
Sobre las medidas cautelares en el Canal del Dique
El incidente contra la alcaldesa se enmarca en las medidas cautelares adoptadas en torno al megaproyecto denominado “Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique”. Estas disposiciones fueron solicitadas en 2021 por la organización Ruta del Cimarronaje, que representa a comunidades afrodescendientes y víctimas de la región, con el objetivo de garantizar su participación en las decisiones que afectan al territorio y a los procesos de memoria colectiva.
En este contexto, la JEP ha reiterado que las órdenes judiciales buscan asegurar que las comunidades tengan un rol activo en la construcción de verdad y memoria. “La centralidad de las víctimas no es simbólica: su participación en la construcción de memoria es esencial para garantizar verdad, reparación y no repetición”, señaló el tribunal de paz en un comunicado.
El incumplimiento detectado en Suan llevó a que, en junio de 2025, la JEP decidiera reabrir las medidas cautelares en la zona de influencia del proyecto. El motivo fue la constatación de retrasos en la implementación de la Ruta de Memoria y la falta de acciones concretas por parte de las administraciones locales, lo cual ponía en riesgo la preservación de la memoria histórica y la participación de las comunidades.
Las directrices de la JEP no se limitaron únicamente a la alcaldía de Suan. También se dirigieron a las gobernaciones de Atlántico, Bolívar y Sucre, además de a 20 alcaldías de estos departamentos, con el objetivo es que las autoridades locales y regionales garanticen la protección de las víctimas y la puesta en marcha de acciones de memoria histórica vinculadas al Canal del Dique.
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