Más de 30.000 integrantes de la Fuerza Pública se han ido desde que Gustavo Petro llegó al poder, aseguró el representante Hernán Cadavid

El representante a la Cámara Hernán Cadavid reveló por medio de un video de X, que más de treinta mil integrantes de la Fuerza Pública han dejado la institución tras la llegada de Gustavo Petro al poder.

“Le presentamos al país la investigación sobre por qué la desbandada de miembros de la Fuerza Pública en Colombia. Son más de treinta mil miembros que se han ido desde el 7 de agosto de 2022, fecha en la que entró Gustavo Petro a este momento. Unos 27 mil han sido de manera voluntaria”, afirmó.

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Según Cadavid, algo debe estar mal al interior de la Fuerza Pública pues cada vez más los grupos armados se apoderan de los municipios del país.

“2.300 miembros han sido llamados a calificar servicio. Algo tiene que estar sucediendo al interior de nuestra Fuerza Pública. Mientras tanto, en el 73% de los municipios de Colombia se acentúa la presencia de la ilegalidad y los grupos armados al margen de la ley”, señaló.

Por último, el representante enfatizó que todos los miembros de la Fuerza Pública que han renunciado deben ser reincorporados a sus trabajos por el presidente que llegué en 2026.

“Todo este personal o gran parte debe ser reincorporado en el año 2026 para fortalecer una política de seguridad que Colombia la necesita hoy más que nunca”, dijo.

Administración de Gustavo Petro ha mantenido la inseguridad en niveles críticos según Pares

La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) dio a conocer un balance sobre la política de seguridad implementada durante los primeros tres años del gobierno de Gustavo Petro. El informe reveló que, a pesar de avances puntuales, los niveles más críticos de criminalidad no lograron mejoras estructurales.

Las cifras de homicidios intencionales entre 2022 y 2024 reflejaron estabilidad en lo que el documento llama “una meseta crítica”: en 2022 se reportaron 13.540 casos, en 2023 el número ascendió ligeramente a 13.555 y en 2024 fue de 13.497.

Según la Fundación, el gobierno actual no consiguió continuar la tendencia descendente observada durante la administración de Juan Manuel Santos respecto a ese delito.

Además, Pares señaló que delitos como violencia intrafamiliar, delitos sexuales, hurtos y asesinatos de líderes sociales sí tuvieron disminuciones parciales, aunque la extorsión presentó un crecimiento acelerado y el crimen digital duplicó su incidencia.

El informe detectó igualmente un aumento en los ataques contra miembros de la fuerza pública, incluidos hechos como el denominado Plan Pistola, en el que al menos 28 uniformados perdieron la vida.

El estudio advierte sobre el deterioro de la confianza ciudadana en las instituciones, lo que desmotiva la denuncia de delitos, especialmente en casos de violencia de género y extorsión.

En ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla, Pares documentó señales de cooptación de canales de denuncia por parte de estructuras criminales.

A nivel territorial, el informe identificó un recrudecimiento del conflicto armado desde 2024, consecuencia de rupturas parciales en los diálogos con grupos armados ilegales y de una escalada en actos terroristas, secuestros y asesinatos selectivos en el periodo enero-junio de 2025.

La Fundación cuestionó la respuesta de la fuerza pública, considerando que sus acciones han sido esencialmente reactivas y sin una estrategia clara o sostenible, lo que incrementa el riesgo para los uniformados y limita el impacto sobre las organizaciones criminales. Si bien se registraron más incautaciones de drogas y maquinaria ilegal, las operaciones no se han traducido en mejoras estructurales.

El balance destaca que la política de Paz Total impulsada por el gobierno de Petro no ofreció los resultados esperados en materia de seguridad. Pares sostuvo que “la ausencia de una política integral, con enfoque territorial, articulación institucional y legitimidad sostenida, limita la eficacia del modelo actual”.

El informe también hizo referencia a la elevada rotación de altos funcionarios: hasta julio de 2025, Petro había designado 54 ministros, 18 secretarios de departamento administrativo, 13 directores de entidades y 7 consejeros presidenciales, además de dos cambios en el Ministerio de Defensa y la cúpula militar.