Se acaba Don Jediondo Sopitas y Parrilla: la SIC confirmó la liquidación por falta de pago de sus obligaciones

El ingreso formal de Don Jediondo Sopitas y Parrilla S.A.S. a un proceso de liquidación judicial fue ordenado el 25 de agosto de 2025, luego de que la empresa incumpliera reiteradamente sus compromisos financieros y no lograra superar su deterioro económico, según informó la Superintendencia de Sociedades.

Durante la audiencia celebrada en Bogotá, la autoridad resolvió que la compañía, que opera 33 establecimientos en Colombia y emplea a 183 trabajadores directos, no pudo normalizar su situación ni demostrar capacidad de cumplimiento pese a los esfuerzos realizados desde el inicio del proceso de reorganización en agosto de 2022.

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La entidad estatal detalló que, con corte al 30 de junio de 2025, la sociedad reportaba activos por $25.601 millones y pasivos por $25.580 millones, lo que reflejaba una frágil situación financiera.

Tras el incumplimiento de obligaciones fiscales, de seguridad social y gastos de administración, el juez del concurso constató durante cinco sesiones que persistía la falta de pago ante entidades como Colpensiones, la Dian, Porvenir y Protección, así como un aumento en las deudas por el impuesto al consumo.

“En el caso de Don Jediondo Sopitas y Parrilla S.A.S., se agotaron los mecanismos legales de recuperación previstos en el marco del proceso de reorganización. Tanto esta Superintendencia como los acreedores involucrados sumaron esfuerzos para brindarle una oportunidad real de continuidad a la empresa. Sin embargo, ante la imposibilidad de superar las circunstancias que comprometían su operación y cumplimiento, esta entidad actuó con diligencia para ordenar la apertura del proceso de liquidación judicial, con el propósito de salvaguardar el orden económico, proteger los activos disponibles y garantizar, dentro del marco legal, la atención prioritaria a los derechos de los acreedores”, explicó el superintendente Billy Escobar Pérez.

La Superintendencia de Sociedades reiteró su compromiso de aplicar de forma oportuna los mecanismos de insolvencia previstos en la Ley 1116 de 2006, velando por procedimientos “técnicos, transparentes y eficaces que contribuyan a la estabilidad del entorno empresarial colombiano”.

SIC abrió investigación en contra de almacenes Flamingo S.A. por irregularidades en el cobro de intereses

El inicio de una investigación administrativa contra Almacenes Flamingo S.A. por supuestos cobros de intereses excesivos y deficiencias en el suministro de información a los consumidores podría llevar a sanciones significativas, que incluyen multas de hasta 2.000 salarios mínimos, la suspensión temporal de actividades por hasta 180 días, o la prohibición de ofrecer productos al público si se confirman las faltas señaladas.

Según explicó la SIC, se detectó que Almacenes Flamingo presuntamente excedió los límites legales de tasas de interés en operaciones efectuadas en noviembre de 2022 y enero de 2024. “Las tasas de interés cobradas por esta compañía habrían superado los límites establecidos por la legislación colombiana”, enfatizó la entidad. Los hallazgos también incluyen el incumplimiento en la entrega de la información mínima obligatoria en los contratos de crédito.

La Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor determinó que en los contratos firmados durante enero y noviembre de 2024, la empresa no proporcionó detalles esenciales, como la descripción del bien adquirido, la tasa de interés remuneratoria y moratoria expresada como interés efectivo anual, ni evidenció la tasa máxima legal vigente al momento de la firma.

Este vacío, indicó la Superintendencia, dejó a los clientes “sin elementos suficientes para la toma de decisiones, al momento de la adquisición de los bienes financiados”.

La SIC recalcó que estas prácticas presuntamente provocaron que los consumidores pagaran montos superiores a los permitidos legalmente y sin la información necesaria para decidir de manera informada. Además, reiteró su compromiso de vigilar que las prácticas comerciales sean “transparentes, responsables y que respeten los derechos de las y los consumidores en todo el país”.