Varios sectores políticos han intensificado sus reclamos sobre la seguridad de los congresistas colombianos, tras el reciente atentado contra el representante Julio César Triana, quien resultó ileso después de que su vehículo recibiera ocho impactos de arma de fuego en zona rural de Huila.
En este antecedente, entre otros, la solicitud de retirar los dispositivos de rastreo instalados en los automóviles oficiales reavivó el debate sobre los protocolos de protección a los miembros del Congreso.
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De acuerdo con una carta que firmaron cerca de cincuenta legisladores y que llegó a las oficinas del Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección (UNP), la presencia de equipos de geolocalización en sus vehículos asignados genera una “situación que compromete derechos fundamentales y pone en riesgo nuestra seguridad personal”.
Los congresistas afirmaron que “dicha situación constituiría una violación directa a nuestro derecho fundamental a la intimidad, consagrado en el artículo 15 de la Constitución Política, así como una transgresión a lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 sobre Protección de Datos Personales”.
La comunicación advierte sobre la falta de transparencia respecto a quién tiene acceso a los datos recolectados, cómo se administran y si cuentan con una cadena de custodia adecuada.
Los parlamentarios calificaron como “presunta ilegalidad” la instalación de estos mecanismos sin su consentimiento y alertaron sobre la posibilidad de filtraciones, lo que aumentaría los riesgos tanto para ellos como para sus equipos de trabajo.
El documento exige “de manera inmediata el retiro y desactivación de cualquier dispositivo de rastreo o geolocalización instalado en los vehículos asignados a los esquemas de protección de congresistas de la República, salvo que exista autorización expresa y por escrito por parte del congresista correspondiente”.
De hecho, el senador liberal Alejandro Carlos Chacón reveló en diálogo con Blu Radio que los vehículos destinados a líderes sociales, periodistas y congresistas protegidos por la Unidad Nacional de Protección (UNP) cuentan con dispositivos de localización cuya señal puede ser apagada remotamente y cuyos datos no solo están en poder de las autoridades, sino también de empresas privadas de alquiler.
“Encontramos que hay dispositivos de ubicación en todos los vehículos alquilados, y además tienen la posibilidad de apagarlos a distancia. Esto es gravísimo”, señaló.
La carta denuncia que la información de ubicación no queda exclusivamente en manos de la UNP y la Policía, pues las empresas arrendadoras también retienen acceso.
El senador manifestó su temor con claridad: “Tenemos desconfianza en cualquier entidad pública o privada que conozca la ubicación del protegido. Cualquiera puede comprar esa información y poner en riesgo la vida de quienes cuentan con esquemas de seguridad”.
El partido Cambio Radical reforzó estas preocupaciones al anunciar que solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) medidas cautelares de urgencia para todos sus congresistas, argumentando la existencia de un “ambiente hostil que pone en riesgo la vida, integridad y ejercicio político de sus parlamentarios”. La solicitud, firmada por el director del partido, Germán Córdoba, advierte sobre un “alto riesgo para el sistema democrático colombiano” y denuncia un patrón creciente de amenazas, estigmatización y agresiones contra líderes de oposición.
En respuesta a la controversia, el ministro Armando Benedetti justificó la instalación de los dispositivos señalando que “los GPS son en caso de robo de las camionetas y existen en varias partes del mundo”, pero matizó que la solución es factible si hay objeciones: “Si se sienten vigilados, que se los quiten”.
Frente a los argumentos de las compañías de alquiler, que defienden el uso del GPS como herramienta contra robos o el mal uso de los vehículos, los congresistas mostraron escepticismo.
“Para eso existen los seguros, los cuales ya se incluyen en los altos costos que el Estado paga por estos contratos. No se puede poner en riesgo a un protegido por razones administrativas de las aseguradoras”, señaló el senador Chacón en diálogo con Blu Radio.
El legislador insistió en que, aunque un ciudadano común pude aceptar un dispositivo de rastreo por razones personales, no es admisible en el caso de personas que se encuentran en condición de amenaza por causas políticas, sociales o periodísticas.
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