Crisis de seguridad en TransMilenio por falta de policías: aumentó la delincuencia al interior del sistema por reducción en el pie de fuerza

Una denuncia publicada por la concejala Diana Diago y sustentada en cifras oficiales de la Policía Metropolitana de Bogotá reveló que la presencia policial en el sistema TransMilenio cayó abruptamente, pasando de 875 a apenas 432 uniformados entre 2024 y junio de 2025.

Esta reducción del 50% ha repercutido directamente en la sensación de inseguridad de millones de usuarios. Las denuncias se dirigen principalmente al alcalde Carlos Fernando Galán y a su secretario de seguridad, señalados por “dar la espalda a los ciudadanos” que diariamente se ven afectados por la delincuencia que ronda el sistema de transporte masivo más importante de la capital.

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De acuerdo con Diago, solo hace falta recorrer las estaciones centrales de TransMilenio en hora pico para percibir la angustia de quienes dependen del servicio. Según datos entregados por la Policía Metropolitana a través de un derecho de petición, de enero de 2020 a junio de 2025, el número de policías asignados a este sistema fluctuó, llegando en los primeros años a promediar más de 700 uniformados cada mes.

No obstante, desde marzo de 2025, se consolidó una reducción drástica: en abril había apenas 432 policías para custodiar un sistema que mueve alrededor de 4 millones de viajes diarios, según cifras de la administración local y el propio sistema TransMilenio que compartió la cabildante.

Diago resaltó que lleva meses advirtiendo sobre el deterioro de la seguridad. Ya en marzo señaló en el Concejo que solo 611 policías cubrían las troncales, pero la tendencia no se revirtió. Por el contrario, los datos muestran una caída aún más pronunciada, a tal punto que actualmente hay menos de la mitad de uniformados respecto a tiempos anteriores, tal como evidencian los informes mensuales entregados por la mayor Maryam Lizet Moreno Arenas, comandante del Servicio de Transporte Masivo.

Mientras tanto, la realidad dentro de TransMilenio se torna cada vez más inquietante. En lo que va de 2025, de acuerdo con la respuesta oficial citada por la concejala, se han registrado 5.946 hurtos a personas, 2.681 hurtos de celulares, 62 robos de bicicletas y 58 lesiones personales dentro del sistema. Los datos son alarmantes y refuerzan la percepción de inseguridad previamente evidenciada por la Encuesta de Percepción Ciudadana “Bogotá Cómo Vamos”, que señala que el 48% de los habitantes se sienten inseguros en el sistema y su entorno. “Los bogotanos se sienten indefensos en la ciudad y TransMilenio no es la excepción”, declaró Diago citada por su oficina de prensa.

A las cifras se suman los relatos de vigilantes privados, quienes conforman la primera línea de atención en seguridad, pero reconocen hallarse en franca desventaja. “Nos sentimos solos y desprotegidos; cada vez hay menos policías y no podemos garantizar la seguridad de los usuarios”, relató uno de ellos a la concejala durante una visita reciente. Coinciden en que la falta de apoyo policial los deja a merced de los criminales, sin capacidad real de reacción ante situaciones de peligro o violencia.

En el plano político, los señalamientos tienen un destinatario específico: el alcalde Carlos Fernando Galán. Según Diago, el mandatario incumplió la promesa de mejorar la seguridad en TransMilenio en los primeros meses de su mandato. Durante la campaña, Galán afirmó que los ciudadanos notarían una diferencia sustancial en breve, sin embargo, — y resaltado por la cabildante — en Bogotá reina la incertidumbre. Diago cuestionó abiertamente el recorte de personal policial, mientras la ola de delitos crece y la percepción de inseguridad se expande entre los usuarios.

La controversia se amplificó cuando la concejala reveló que la Secretaría de Seguridad de Bogotá destinó cerca de mil millones de pesos a publicidad, en contraste con la falta de inversión en tecnología y equipamiento real para combatir la delincuencia. “Bogotá no tiene policías suficientes, ni tecnología de punta para la vigilancia; muchas cámaras no funcionan y las nuevas cámaras LPR no se han instalado”, enfatizó Diago en su declaración pública. Esta afirmación pone de relieve un desbalance en las prioridades del presupuesto distrital.

Bajo este panorama, la urgencia de un replanteamiento estratégico se hace evidente. Según Diago, Galán y su equipo han recortado la capacidad de respuesta estatal ante el delito justamente cuando más se necesita. “¿A quién recurre la ciudadanía?”, se preguntó la cabildante, mientras llamó a fortalecer con urgencia el dispositivo policial y a canalizar los esfuerzos y recursos hacia medidas efectivas de protección para los millones de usuarios del sistema de transporte masivo.