El crimen organizado ya no tiene fronteras: Colombia, Brasil y Chile lanzan alianza inédita para enfrentarlo

En América Latina, las redes criminales lograron expandirse con tanta rapidez que los Estados se han visto obligados a replantear sus estrategias. El narcotráfico, el tráfico de armas y los delitos cibernéticos dejaron de ser problemas locales para convertirse en amenazas regionales, con estructuras que se mueven con facilidad entre fronteras y que incluso coordinan operaciones desde las cárceles.

Con ese panorama de fondo, las fiscalías de Colombia, Brasil y Chile decidieron dar un paso conjunto, crear un órgano mixto de investigación que les permita enfrentar de manera coordinada este tipo de crímenes transnacionales. La decisión se formalizó en Brasilia, donde la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo Garzón; el fiscal brasileño, Paulo Gonet Branco; y su homólogo chileno, Ángel Valencia Vásquez, firmaron un acuerdo que sienta las bases para una cooperación más profunda.

El compromiso busca dejar atrás la lógica de la acción aislada y avanzar hacia un modelo de trabajo que comparta información, sume capacidades técnicas y multiplique la eficacia de los operativos.

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Aunque la firma del documento marca apenas el inicio, ya hay un plan de ruta definido. La nueva instancia se concentrará en tres líneas de acción. La primera está orientada a potenciar el uso del análisis criminal y de las tecnologías de investigación. Esto implica integrar herramientas que hoy funcionan por separado y promover el intercambio de conocimientos técnicos entre los tres países.

La segunda línea contempla la creación de una base de datos compartida sobre crimen organizado, que permita acelerar la circulación de información y cerrar la brecha que suelen aprovechar las organizaciones delictivas para moverse sin ser detectadas. La tercera apuesta está en la conformación de Equipos Conjuntos de Investigación (ECI), capaces de trabajar sobre operaciones específicas y desmantelar grupos que participan en la cadena logística del tráfico y de otros negocios ilícitos.

Más allá de la arquitectura institucional, el acuerdo pone en el centro frentes investigativos que requieren atención urgente. Allí aparecen el rastreo de operaciones financieras ilegales, incluidas aquellas que se camuflan en sociedades pantalla; la recuperación de activos criminales, un campo en el que los criptoactivos juegan un papel cada vez más relevante; y el intercambio de evidencias digitales para perseguir fraudes y delitos cometidos en internet. Otro de los focos será la desarticulación de redes que mantienen sus operaciones desde centros penitenciarios, un fenómeno que se ha vuelto común en la región y que revela la capacidad de los grupos para adaptarse a la persecución estatal.

El fortalecimiento de los controles en áreas portuarias también hace parte de la agenda inicial. Para las fiscalías, afectar la cadena logística del narcotráfico es clave si se quiere reducir el alcance de estas organizaciones, que encuentran en los puertos una de sus principales plataformas de expansión. En ese sentido, los equipos conjuntos de trabajo deberán diseñar mecanismos que permitan actuar de manera más coordinada en puntos estratégicos, donde habitualmente confluyen cargamentos de droga, armas o mercancía de contrabando.

El liderazgo de esta iniciativa recaerá en las unidades de cooperación internacional de cada Fiscalía, en alianza con las dependencias especializadas en crimen organizado. La primera fase será exclusiva entre Colombia, Brasil y Chile, con el objetivo de consolidar el esquema antes de abrir la puerta a otros ministerios públicos y fiscalías de la región. De esta manera, se busca construir un modelo sólido que luego pueda ampliarse a un marco latinoamericano más amplio.

El mensaje que dejan los tres fiscales es claro, frente a la capacidad expansiva de las organizaciones criminales, las respuestas aisladas resultan insuficientes. Por eso, el acuerdo firmado en Brasilia no solo es un acto de cooperación, también un reconocimiento de que el crimen transnacional requiere respuestas colectivas, con instituciones que compartan información, trabajen con metodologías comunes y logren cerrar los espacios de impunidad que hoy aprovechan estas redes.