Jennifer Pedraza lanzó duros cuestionamientos a Carlos Ramón González por asilo político dado por Nicaragua: “¿Quién lo persigue?"

El asilo político otorgado por Nicaragua al exdirector del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) Carlos Ramón González, cofundador de la Alianza Verde, continúa generando reacciones de personajes del país político. Las reacciones han incluido cuestionamientos a las razones de dicho beneficio para el prófugo de la justicia, involucrado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Al rechazo se sumó la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso, que se pronunció a través de su cuenta oficial de la red social X y cuestionó la estrategia del régimen de Daniel Ortega al avalar la permanencia de González en su territorio, pese al pedido de extradición del Gobierno colombiano.

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La congresista lanzó duros cuestionamientos, que incluyeron las razones por las que le fue otorgado, dado que esta figura es otorgada a personas que argumenten ser perseguidas por los gobiernos de sus respectivos países. Teniendo esto en cuenta, Pedraza puso en el centro del debate si el propio Gobierno, en cabeza de Petro, es el que lo está persiguiendo.

Jennifer Pedraza no ocultó su molestia por el asilo político otorgado a Carlos Ramón González

El cuestionamiento vino acompañado del señalamiento de que fue el propio Gobierno Petro el que propicio la fuga de González. Y, en la misma línea, generó el escándalo de corrupción en La Guajira en complicidad con el ex alto funcionario de la Casa de Nariño.

“¿Asilo político? ¡Qué tal! ¿Quién lo persigue? ¿El mismo Gobierno que le hizo las gestiones de fuga? ¿Con el que se robaron la plata de la Guajira?“, preguntó la representante.

La reacción de la congresista bogotana no paro ahí y aseveró que Carlos Ramón González huyo del país buscando esa figura para lograr evadir la justicia que le ha traído consecuencias a los congresistas y demás exfuncionarios salpicados en el millonario escándalo.

Y es que el mensaje de Pedraza dio cuenta de una posible complicidad del régimen de Daniel Ortega con González. Para la representante, la estrategia del exfuncionario nacional buscó ser objeto de la protección de ese país para así no responder por su responsabilidad en el escándalo.

“Carlos Ramón se fue a Nicaragua con este plan, precisamente, buscando que Ortega lo protegiera y así evadir la justicia“, explicó la congresista.

El beneficio de asilo político otorgado a González fue rechazado por el Gobierno nacional a través de la Cancillería, que le solicitó al régimen de ese país tener en cuenta las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación en el caso y, asimismo, garantizar el retorno de González a Colombia para que responda, bajo todas las garantías procesales.

Esta es la responsabilidad de Carlos Ramón González en el escándalo de la Ungrd

El exdirector del Dapre es señalado de ser el autor intelectual del escándalo que quedó al descubierto en la compra de 40 carrotanques con los que el Gobierno nacional buscaba llevar agua a poblaciones apartadas de La Guajira, y que registraron sobrecostos. Según las investigaciones, el desfalco superó los $4.000 millones e Iván Name y Andrés Calle, cabezas del poder Legislativo del momento y se encuentran recluidos en un centro carcelario.

De acuerdo con información del portal La Silla Vacía, González citó una reunión en la sede del Ejecutivo, a la que asistieron varios ministros del momento y de la cual habría salido la orden de entregar grandes sumas de dinero a congresistas para que respaldaran las iniciativas gubernamentales.

Según ese medio de comunicación, las pruebas de la Fiscalía que incluyen testimonios, conversaciones digitales y registros de ubicación que vinculan al exdirector del Dapre y apuntan a que su papel fue determinante para la repartición de los jugosos sobornos y millonarios contratos entre los congresistas involucrados.

Dada su responsabilidad, de regresar al país, González tendría que responder por los delitos de cohecho, peculado y lavado de activos.