Cali amaneció militarizada, con un incremento de la presencia de la fuerza pública y la adopción de nuevas medidas de seguridad.
El despliegue se produce en medio de un clima de angustia ciudadana, que pone a prueba la capacidad del Gobierno para responder a la crisis desencadenada por los recientes actos de violencia.
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La detonación de un camión cargado con explosivos en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, en Cali, provocó una ola de conmoción nacional.
El ataque dejó seis personas muertas y 65 heridas, todas civiles, según el último balance de la Alcaldía.
La explosión también causó importantes daños a lo largo de la transitada Carrera Octava, una vía comercial junto a la base militar objetivo del atentado.
Las autoridades confirmaron la captura de un hombre en el lugar, identificado como alias Sebastián, presuntamente perteneciente a las disidencias de las Farc.
El presidente Gustavo Petro divulgó la imagen del capturado y señaló que el detenido pertenece a las estructuras del Estado Mayor Central (EMC), bajo la dirección de alias Marlon y subordinado a la llamada Junta del Narcotráfico.
Petro indicó que propuso calificar al EMC, junto con la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo, como organizaciones terroristas.
“He tomado una decisión: nuestras investigaciones muestran que el mal llamado Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia y las disidencias de alias Iván Mordisco (el EMC) son la Junta del Narcotráfico y deben ser consideradas organizaciones terroristas perseguibles en cualquier lugar del planeta”, afirmó el jefe de Estado.
En respuesta a los hechos de Cali y al derribo de un helicóptero policial en Amalfi (Antioquia), Petro viajó con la cúpula militar y policial a la capital del Valle del Cauca.
Paralelamente, desde los medios surgieron versiones sobre la posible preparación de un decreto para declarar el estado de conmoción interior, una medida de excepción orientada a enfrentar alteraciones graves del orden público y proteger la seguridad y la convivencia ciudadana.
La vicepresidenta Francia Márquez calificó el atentado en Cali como “un acto cobarde y criminal que rechazamos de manera absoluta”.
La defensora del pueblo, Iris Marín, remarcó que el ataque constituía una afrenta directa a la vida y la dignidad humana, así como una infracción clara al Derecho Internacional Humanitario, que prohíbe de manera absoluta los ataques contra civiles.
En relación con el ataque ocurrido horas antes en El Chispero, zona rural de Amalfi, donde murieron doce uniformados antinarcóticos tras el derribo de un helicóptero de la Policía, la Defensoría del Pueblo destacó que este municipio está bajo alerta desde 2022 por la presencia de la guerrilla del ELN, disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y otros grupos vinculados a economías ilegales.
Las reacciones ante el deterioro de la seguridad se intensificaron.
El expresidente Iván Duque advirtió que “Colombia no puede permitir jamás que el terrorismo vuelva a adueñarse de su destino” y subrayó la necesidad de una autoridad firme y un Gobierno no permisivo con los violentos.
Por su parte, el expresidente Juan Manuel Santos sostuvo que “es urgente implementar una política de seguridad efectiva” y subrayó que las Fuerzas Armadas requieren liderazgo, presupuesto y apoyo.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, insistió en la necesidad de unidad y fortaleza para enfrentar el terrorismo.
Desde la esfera internacional, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia condenó el “ataque indiscriminado” en Cali y solicitó una investigación exhaustiva que garantice la atención a las víctimas.
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