La Corte Suprema condenó a excandidato a la Cámara por estafar a su propia familia: se apropió de $10.000 millones de una herencia

La reciente condena a Pablo Bustamante Builes, abogado y excandidato a la Cámara de Representantes, ha generado impacto en Medellín y Antioquia. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia le impuso una pena de 63 meses de prisión por estafa agravada, tras determinar que se apropió de la herencia familiar valorada en 10.000 millones de pesos mediante engaños y maniobras legales.

El caso, originado en una disputa familiar iniciada en 2007, culminó con la confirmación de la sentencia en 2021 y ha puesto en el centro del debate la integridad en la gestión de herencias y la confianza en el sistema judicial.

Estafa agravada y disputa por la herencia familiar

La decisión judicial conocida por la revista Cambio, detalla que Bustamante, de 39 años, utilizó su posición como abogado de la familia para inducir en error a sus propios parientes. La Corte Suprema, bajo la ponencia del magistrado Diego Corredor, concluyó que el acusado recurrió a “engaños y artificios” para hacerse de manera irregular con el patrimonio dejado por sus abuelos, Miguel Ángel Builes Zapata y Alicia Benjumea Cardona. El fallo ordena, además de la pena de prisión, la cancelación de las escrituras obtenidas fraudulentamente por Bustamante.

La herencia en disputa tiene su origen en la fortuna acumulada por Miguel Ángel Builes y Alicia Benjumea, un matrimonio dedicado al comercio y la ganadería en San Pedro de los Milagros, Antioquia.

Al fallecer ambos en 2007, dejaron bienes avaluados en aproximadamente 10.000 millones de pesos, entre los que se incluyen un apartamento en El Poblado (Medellín), la hacienda La Piedad en San Pedro de los Milagros, una finca en Córdoba, 367 reses Holstein, 200 reses Cebú y 120 millones de pesos depositados en el Banco de Bogotá. La pareja murió sin haber liquidado su sociedad conyugal, lo que abrió la puerta a una compleja sucesión entre sus descendientes.

Maniobras legales y proceso penal

Pablo Bustamante, nieto de los fallecidos e hijo de Luz Piedad Builes, convenció a su madre, a sus tíos Raúl Alberto y Jhon de Jesús Builes Benjumea, y a sus primos, descendientes de su tío Omar, de que el abuelo deseaba vender el apartamento de El Poblado.

Argumentó que ya tenía un comprador y solicitó que le cedieran los derechos herenciales sobre ese inmueble. En ese momento, Bustamante contaba con la confianza de la familia, que lo había designado como su abogado para los trámites sucesorios.

La investigación judicial conocida por el diario nacional reveló que Bustamante no solo negoció el apartamento por 180 millones de pesos, sino que gestionó una escritura en la que, sin el conocimiento pleno de los demás herederos, se le transferían a él los derechos sobre todos los bienes de la herencia.

Los familiares firmaron el documento creyendo que solo autorizaban la venta del apartamento, pero Bustamante modificó unilateralmente la escritura y la presentó ante la Notaría 17 de Medellín. Además, antes del fallecimiento de su abuelo, quien padecía cáncer terminal, Bustamante lo llevó a la notaría para que firmara un documento que le transfería los derechos gananciales de la sociedad conyugal, consolidando así su posición como único heredero.

Estas maniobras permitieron a Bustamante abrir una demanda de sucesión y obtener dos escrituras, la N° 3079 del 30 de agosto de 2007 y la N° 4263 del 28 de noviembre de 2007, que lo acreditaban como titular de la totalidad de la herencia.

El expediente judicial señala que los demás herederos desconocían el alcance real de los documentos que firmaron, pues confiaban en que Bustamante actuaba en su representación y solo para la venta del apartamento.

La denuncia penal contra Bustamante fue presentada en 2013 por sus familiares, con excepción de su madre, Luz Piedad Builes, quien siempre defendió la actuación de su hijo. La Fiscalía le imputó los delitos de estafa, fraude procesal y destrucción, supresión y ocultamiento de documento público, acusándolo de inducir en error a sus parientes mediante “engaños y maniobras torticeras”.

Posteriormente, se añadieron cargos por estafa agravada, abuso de condiciones de inferioridad y obtención de documento público falso. Sin embargo, al momento de la sentencia, solo el delito de estafa agravada no había prescrito.

El proceso judicial se extendió durante varios años. La audiencia de acusación se realizó en 2014, la preparatoria en 2016 y el juicio comenzó en 2019, tras un cambio de juez.

El fallo condenatorio se dictó en 2020 y fue confirmado en 2021 por el Tribunal Superior de Medellín. Durante el juicio, Bustamante alegó que no se había probado la modificación de la escritura y denunció supuestas irregularidades en la acusación, pero la Corte Suprema desestimó sus argumentos y ratificó la condena.

Reacciones familiares y consecuencias legales

La familia Builes Benjumea se dividió frente al proceso. Mientras Luz Piedad Builes y los hijos de Omar Builes, quienes inicialmente demandaron, terminaron alcanzando un acuerdo de reparación con Bustamante, los hermanos Jhon y Raúl Builes continuaron como víctimas acreditadas hasta la sentencia final. El magistrado Corredor destacó en la decisión que la Fiscalía actuó correctamente y que Bustamante ordenó modificar la minuta notarial en su propio beneficio, aprovechando la confianza de sus familiares.

La sentencia no solo impone la pena de prisión, sino que también ordena la cancelación de las escrituras fraudulentas, lo que abre un nuevo capítulo judicial para la recuperación de los bienes.

Raúl Builes, uno de los denunciantes y tío de Bustamante, confirmó a la revista Cambio que la familia deberá iniciar otro litigio para restituir propiedades como la hacienda La Piedad, la finca en Córdoba y los activos bancarios.

Tras más de una década de proceso judicial, los familiares que impulsaron la denuncia expresaron alivio por la decisión de la Corte Suprema, al considerar que la sentencia representa el cierre de una larga etapa de incertidumbre y conflicto familiar.

“Lo más importante del fallo de la Corte es que le ordena al juzgado que oficie a la notaría para que esas escrituras se cancelen. Las dos escrituras con las que nos estafó a nosotros y se aprovechó también de mi papá, con la enfermedad tan grave que tenía y que estaba a punto de morir. Él también había firmado y ya la Corte confirmó la sentencia del juez: dichas escrituras deben anularse. Eso nos deja tranquilo porque fueron 12 años desde la imputación, algo muy extenso”, señaló Raúl Builes al diario nacional.