El nuevo escándalo de corrupción que involucra a miembros del Ejército Nacional ha puesto en jaque la credibilidad institucional, luego de revelaciones sobre presuntos vínculos con la subestructura 28 de las disidencias Farc en Arauca.
Según información divulgada por Caracol Radio, la Fiscalía General cuenta con fuertes indicios que indicarían que militares colaboraron activamente con guerrilleros en tareas de transporte, logística y suministro de armamento.
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La investigación señala que la participación de uniformados permitió el traslado de un grupo de milicianos desde el departamento del Cauca hasta Arauca, atravesando controles oficiales sin obstáculos durante un trayecto de 1.183 kilómetros.
En los vehículos particulares transportaban un importante arsenal compuesto por 36 minas improvisadas, 42 bombas de mortero y 50 cananas de cartuchos, además de reclutas recién entrenados.
En palabras de José Duván Hernández, uno de los milicianos que decidió colaborar con la justicia: “nos tomamos unas cervezas. Todos siete, que éramos los cinco guerrilleros y los dos choferes que eran soldados. Ellos pagaron todo”, testimonio conocido por la emisora mencionada, que evidencia la estrecha relación entre los uniformados y los irregulares.
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Detalles de las pruebas
Entre las pruebas se encuentra la solicitud realizada por alias Antonio Medina a Dionisio Rayo, segundo al mando del Bloque Occidental Jacobo Arenas, pidiendo hombres para reforzar posiciones en Casanare: “Ayúdeme con un refuerzo de unos 8 o 10. No necesito más. Es para mantener el área en el Casanare. Como me tocó venirme para Arauca y usted sabe que yo tengo poquitos. Somos 30”, fue el requerimiento presentado en una de las conversaciones verificadas.
A lo que Dionisio Rayo respondió confirmando que enviaría el apoyo necesario: “Estamos enviando un Loque (sic) móvil para el Meta. Son 300 unidades con todo y por eso la demora. Apenas terminemos de enviarle ese apoyo al camarada le enviamos los suyos, tranquilo”.
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Un episodio clave tuvo lugar en diciembre de 2024 durante una operación militar en zona rural de Tame, Arauca, donde se incautaron 15 teléfonos celulares, cuatro USB y una Tablet que pertenecían a cabecillas como alias Antonio Medina y Ruso.
El análisis forense de estos dispositivos permitió a la Fiscalía reconstruir comunicaciones estratégicas que dan cuenta de un fortalecimiento del aparato criminal de las disidencias en Meta, Casanare y Arauca, con posible apoyo de elementos del propio Ejército.
El traslado de los guerrilleros y el cargamento explosivo fue planeado y ejecutado por Otoniel Forero Mosquera, alias El gallero, presuntamente encargado de las finanzas de la estructura y hermano de alias Ruso, junto con John Alexander Ortiz, apodado El ingeniero, quien habría coordinado la distribución de armas y la logística.
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De acuerdo a la fiscal Ángela María Santana, “hablan de cómo van a cuadrar los vehículos, desde dónde van a salir y cómo van a generarse los pagos”, y queda consignado en los registros de chat, incluyendo una solicitud de 10 millones de pesos para viáticos de traslado.
El relato de Hernández agrega más detalles inquietantes: mencionó que durante el trayecto uno de los conductores se identificó como soldado profesional de un batallón de Arauca y que, en efecto, pudo solicitarle una llamada al uniformado para contactarse con su madre.
Según la fiscal Santana, “pudimos verificar que esa llamada existió y la temporalidad coincide con el transporte de los milicianos”, lo que refuerza la credibilidad de su testimonio: “a un testigo no se le cree por lo que dice, a un testigo se le cree por lo que se puede corroborar y sí hubo ese desplazamiento desde el 14 al 19 de noviembre de 2024”.
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La magnitud del caso, con implicaciones directas en la seguridad y la confianza pública, subraya la presencia de redes de complicidad entre grupos ilegales y miembros activos de la fuerza pública, particularmente en regiones sensibles como Meta, Casanare y Arauca.
La investigación, liderada por la Unidad Investigativa de Caracol Radio en coordinación con la Fiscalía, sigue su curso en busca de delimitar responsabilidades y frenar las alianzas que permiten el avance de estructuras criminales en Colombia.
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