
La reducción de las cifras oficiales de pobreza en Colombia no oculta una realidad crítica, y es que la pobreza extrema golpea 120% más a los hogares rurales liderados por mujeres en comparación con los urbanos con jefatura femenina.
Así lo reflejan datos analizados en 2024 por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Detrás del avance global del país persisten brechas de género y territoriales, con especial impacto en mujeres que encabezan familias en el campo.
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En el periodo entre 2023 y 2024, cerca de 1.267.000 colombianos salieron de la pobreza y unos 420.000 superaron la condición de pobreza extrema. Aunque este avance representa el nivel más bajo de pobreza monetaria registrado desde 2012, las desigualdades siguen afectando particularmente a las áreas rurales y a las mujeres.
ANIF distingue dos conceptos fundamentales para analizar la situación: pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema. El primer término incluye a quienes devengan ingresos iguales o menores a $460.198 mensuales por persona, mientras que la pobreza extrema aplica a familias que obtienen recursos inferiores a $227.220 por persona al mes. Estas líneas determinan que un hogar de cuatro integrantes se considere pobre si sus ingresos totales no superan los $1.840.792 mensuales, o en condición extrema si recibe menos de $908.880.

Según el análisis presentado por ANIF, los hogares encabezados por mujeres en áreas urbanas registran 40% más pobreza monetaria y 80% más pobreza extrema que aquellos bajo jefatura masculina. En los entornos rurales, las familias con cabeza femenina experimentan una incidencia todavía mayor: registran un 20% más de pobreza monetaria y un 40% más de pobreza extrema frente a los hogares donde el jefe es hombre. Adicionalmente, los hogares rurales bajo jefatura femenina son 40% más pobres que sus equivalentes urbanos.
La estadística más alarmante, proviene de la comparación entre mujeres jefas de hogar en el campo y en la ciudad: las familias lideradas por mujeres en zonas rurales presentan una incidencia de pobreza extrema 120% mayor en relación con las familias urbanas con similar estructura.
Los expertos de ANIF atribuyen estas disparidades principalmente a factores estructurales del mercado laboral colombiano. Las mujeres enfrentan mayores barreras de acceso al empleo formal, altas tasas de subocupación y una carga preponderante de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, lo que limita sus oportunidades de generar ingresos. La concentración del empleo agrícola en hombres restringe aún más el acceso de las mujeres del campo a trabajos con mejores salarios.
La situación tiene un trasfondo histórico y cultural. Isabel Cristina Rincón, doctora en Administración de la SMC University e investigadora en competitividad, sostiene que “las cifras de pobreza en Colombia dejan en evidencia una desigualdad estructural. Los hogares encabezados por mujeres, sobre todo en zonas rurales, enfrentan niveles de pobreza mucho más altos. Eso nos obliga a pensar en políticas públicas más eficientes que ataquen de raíz estas disparidades”, declaró.

La pobreza monetaria no solo mide ingresos familiares, sino que permite, según el DANE, enfocar con mayor precisión las políticas públicas y las transferencias sociales, identificando a los hogares que realmente requieren apoyo del Estado. Mientras la pobreza multidimensional examina ámbitos como educación o salud, la monetaria brinda un diagnóstico directo sobre el poder adquisitivo de las familias para cubrir sus necesidades básicas.
De acuerdo con cifras del DANE, la pobreza monetaria en zonas rurales se ubicó en 42,5% durante 2024, una reducción de 1,5 puntos frente a 2023. A pesar de este descenso, la cifra todavía supera en 14 puntos porcentuales el promedio nacional. Situaciones similares reflejan los estudios internacionales, como el informe “Trayectorias: Prosperidad y reducción de la pobreza en el territorio colombiano” del Banco Mundial. La economista María Eugenia Dávalos, coautora del informe, sostuvo que “vemos unas brechas persistentes a lo largo de varios siglos. A pesar del progreso, las zonas con menor actividad económica en los tiempos de la colonia son los lugares que aún hoy en día tienen menores ingresos”.
El análisis revela, además, que los niños nacidos en regiones apartadas como Vaupés o Guainía tienen menores probabilidades de alcanzar niveles educativos altos y mejores ingresos. En algunos municipios, el 90% de los jóvenes no comprenden textos básicos, una brecha similar a la que enfrentan los países más pobres del mundo.
Olga Lucía Acosta, economista y miembro de la junta del Banco de la República, cuestiona que “un país con tantos recursos naturales y capital humano tenga todavía a casi 4 de cada 10 ciudadanos en situación de pobreza”. Acosta enfatiza la responsabilidad de reconstruir la agenda de desarrollo e inclusión social, tras los reconocimientos de que la educación básica y los servicios públicos en gran parte del país siguen siendo deficientes.

El contexto laboral profundiza las desigualdades. Las mujeres, especialmente en el campo, afrontan empleos mal remunerados, informalidad y la sobrecarga de responsabilidades de cuidado. La doctora Rincón recalca la urgencia de intervenciones estructurales: “No se trata solo de reducir la pobreza con subsidios. Necesitamos programas que impulsen a las mujeres, especialmente a las rurales, mayor acceso a educación, capacitación laboral, microfinanzas que las saquen del ‘gota a gota’, y verdadero apoyo a sus emprendimientos”.
El avance nacional en indicadores de pobreza monetaria convive con estos matices. Más de un millón de personas han superado la línea oficial de pobreza entre 2023 y 2024, según datos del DANE. Sin embargo, la condición de las mujeres rurales exige una revisión puntual de las políticas sociales: las brechas de género y territorio persisten y ponen en evidencia que la erradicación de la pobreza en Colombia aún enfrenta desafíos estructurales importantes.
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