El 15 de agosto de 2025, el juez Fabián Moreno evaluó las pruebas de sobornos y fraude procesal que vinculan al abogado Diego Cadena con ejercer, presuntamente, presión a exparamilitares para cambiar sus declaraciones a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Basándose en las pruebas, que incluyen grabaciones obtenidas con un reloj espía, transferencias bancarias y testimonios de víctimas, determinó que el togado realizó gestiones en favor del líder político del Centro Democrático.
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“De acuerdo con las pruebas practicadas en desarrollo del juicio oral, se advierten varios aspectos que se encuentran debidamente demostrados y sobre los cuales no se advierte mayor controversia. El primero de ellos es que Diego Javier Cadena Ramírez realizaba gestiones en favor de los intereses judiciales del expresidente Álvaro Uribe Vélez”.
Y agregó: “Ahora bien, la labor de Diego Javier Cadena Ramírez consistía principalmente en la búsqueda y recopilación de declaraciones, en especial de personas privadas de la libertad. En esta labor también participó Juan José Salazar Cruz. Según se desprende de los testimonios de Euridice Cortés Velasco, alias Diana, Darley Guzmán Pérez, alias Jopra, Fauner José Barahona Rodríguez, alias Rakumi, John Jaime Cárdenas, alias Fosforito, Elmo José Mármol Torregrosa y Máximo Cuesta Valencia”.
En efecto, sostuvo que los exparamiliartes que se reunieron con Cadena explicaron que los defensores del exsenador solicitaban videos o cartas en las que revelearan las presiones y peticiones del congresista Iván Cepeda para culpar a Uribe y a su hermano de participar en la creación de grupos paramilitares.
“Estos testigos coincidieron en afirmar que fueron contactados por Diego Javier Cadena Ramírez o por Juan José Salazar Cruz y que se les solicitó elaborar cartas o, en el caso de Euridice Cortés Velasco, un video, que tenían por objeto bien referirse a la supuesta reunión en la cárcel La Picota, a la que aludió Carlos Enrique Vélez Ramírez, o bien desacreditar a Pablo Hernán Sierra, o bien aludir a presuntas injerencias del senador Iván Cepeda Castro y de Piedad Córdoba, orientadas a incriminar falsamente al expresidente Álvaro Uribe Vélez y a su hermano Santiago en la conformación de grupos paramilitares”.
De igual manera, señaló que sí hubo un soborno millonario por parte de Diego Cadena y Juan José Salazar a Carlos Enrique Vélez, así como el ofrecimiento de beneficios jurídicos a Juan Guillermo Monsalve. Ambos episodios con el fin de obtener testimonios favorables para Álvaro Uribe Vélez.
“Se relaciona con la entrega de sumas de dinero por parte de Diego Javier Cadena Ramírez y Juan José Salazar Cruz a Carlos Enrique Vélez Ramírez, con el propósito de que este suscribiera dos cartas y posteriormente declarara ante la Corte Suprema de Justicia, afirmando la existencia de una reunión en la cárcel La Picota, en la que Pablo Hernán Sierra, junto con el senador Iván Cepeda Castro, lo habían compelido a rendir declaraciones en contra de Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago Uribe Vélez”.
Según dijo, “el segundo escenario alude al ofrecimiento de beneficios jurídicos, como su sometimiento eventual a la Jurisdicción Especial para la Paz o la tramitación gratuita de un recurso en revisión para que Juan Guillermo Monsalve Pineda se retractara de los señalamientos que había formulado en contra de Álvaro Uribe Vélez, relacionados con la presunta conformación de grupos paramilitares”.
En consecuencia, el juez absolvió a Diego Cadena por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal en el episodio del exparamilitar Carlos Enrique Vélez. Sin embargo, aún falta la decisión por el capítulo de Juan Guillermo Monsalve.
Frente al caso, el juez indicó que sí hubo presiones por parte de los abogados del expresidente Uribe. Vélez
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